Parapolítica bogotana

El segundo mandato de Álvaro Uribe comenzaba en agosto pasado auspiciado, a la vez que amenazado, por su mayor éxito aparente. La desmovilización de 30.000 paramilitares, a los que el presidente colombiano ofrecía la reinserción, tras una supervisión francamente suave de la justicia, reducía significativamente los niveles de violencia, pero también blanqueaba el poder económico de los jefes para, ahora acogidos a la legalidad. Y el lunes dimitía la ministra de Exteriores, María Consuelo Araújo, porque su hermano, el senador Álvaro Araújo, tan uribista como ella, había sido detenido hace cinco días por secuestro agravado y connivencia económica con los paras, muchos de ellos distinguidos en la masacre y el narcotráfico.

Ocho congresistas nacionales están detenidos por razones similares, a uno lo busca Interpol, cinco están bajo investigación, y a ellos hay que sumar al propio padre del senador y de la ministra, Álvaro Araújo Noguera, ex ministro de Agricultura, así como numerosos diputados departamentales, ex gobernadores y funcionarios. Salvatore Mancuso, altísimo depredador para, dijo, insultante y exultante, hace tres años que el 35% del Congreso estaba a sueldo del paramilitarismo.

A la ministra la sucede Fernando Araújo, sin parentesco, que había permanecido hasta el 31 de diciembre, cuando logró escapar, en poder de los terroristas de las FARC nada menos que durante seis años, por lo que, quizá, haya tenido que hacer un cursillo acelerado sobre cómo está el mundo para asumir el cargo.

María Consuelo Araújo dimite para librar al Gobierno de sospechas de presión o connivencia en desdoro de la justicia, pero lo decisivo en el ánimo de Uribe para aceptar la dimisión ha sido la necesidad de presentar un cuadro aseado ante Estados Unidos, cuyo Congreso ha de discutir la ayuda del Plan Colombia, y Washington reclama la extradición de algunos jefes paras a los que califica de capos del narcotráfico.

En último término, como insinúa Antonio Navarro, secretario general de la fuerza de izquierda Polo Democrático Alternativo, todo ello proyecta una sombra sobre el propio presidente, que de 1995 a 1997, como gobernador de su natal Antioquia, creó una organización de seguridad privada llamada Convivir que algunos consideran relacionada con el paramilitarismo.

La justicia, que hasta ahora ha obrado con reconfortante independencia, dirá la última palabra, pero aunque tengan algo de bravata las cifras de Mancuso, se impone, como ha señalado el Polo, la convocatoria de elecciones. Sólo un Congreso y un Senado limpios de venalidad y fraude convencerán al país de que los paras que dejaron la violencia no practican hoy otra violencia mayor desde la impunidad más absoluta.