Un juez rechaza la suspensión de una multa a Rafael Gómez

El Juzgado de lo Contencioso número tres de Córdoba ha rechazado suspender la multa de 88.255 euros impuesta contra Rafael Gómez, imputado en la Operación Malaya, por construir sin licencia municipal. El Ayuntamiento abrió un expediente al propietario de Arenal 2000 y le sancionó. El constructor ha solicitado en, al menos, tres salas de lo Contencioso la suspensión de la multa mientras se decide el recurso. Y ha encontrado diferentes respuestas. Para justificar la petición de paralización, los abogados de Gómez, conocido por el apodo de Sandokán, han argumentado los supuestos perjuicios económicos que el pago de las sanciones podría acarrear para la empresa.

El último pronunciamiento judicial sobre este asunto tiene fecha del 17 de enero. El titular del Juzgado de lo Contencioso número tres rechazó adoptar la suspensión, que no anulación, de la multa.

En el auto, el magistrado sostiene que "no se ha presentado principio de prueba alguno que justifique una situación tal del recurrente que (...) le sitúe en una posición irreversible o de difícil reparación" si se hace efectivo el pago de la sanción. Esta decisión judicial fue presentada ayer en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba.

Además del número tres, el Juzgado de lo Contencioso número dos de Córdoba también ha rechazado paralizar las sanciones impuestas a Gómez por construir sin licencias en la promoción de chalés de la denominada Carrera del Caballo, a las afueras de la ciudad.

Sin embargo, el titular de otra sala, la número uno, si atendió a las peticiones realizadas por los abogados de Gómez. Así, este magistrado ha accedido a paralizar varias sanciones que ascienden hasta el medio millón de euros. Sin embargo, ha supeditado esta decisión a que Gómez presente "una garantía" equivalente al montante de la sanción más un 20%.

Desembolso

El titular del Juzgado de lo Contencioso número uno sí entendió que, entre otros asuntos, "el desembolso exigido podría afectar al normal desenvolvimiento del giro o tráfico de la empresa, comprometiéndose su tesorería".

Un argumento parecido fue el que esgrimió el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por IU, cuando se hizo público que el Consistorio había paralizado la tramitación del expediente sancionador contra Gómez abierto por levantar cuatro naves de 40.000 metros cuadrados sin licencias.

El Ayuntamiento impuso el pago de 26 millones de euros a Arenal 2000 y el empresario solicitó la paralización del procedimiento alegando también que el pago de esta elevada cantidad le acarrearía problemas económicos. El Consistorio cordobés aceptó paralizar el pago de la sanción, aunque lo supeditó a que Gómez recurriera la decisión por la vía contencioso administrativa.