Una odisea para abortar

El 3 de enero, Ana María tuvo un parto inducido, que le duró ocho horas, de un feto de 18 semanas de gestación. El feto, con serias malformaciones, hacía inviable el embarazo y Ana María, que se había enterado de la tragedia por la amniocentesis -prueba prenatal que detecta defectos genéticos- cuando estaba de 16 semanas, decidió acogerse al tercer supuesto que recoge la ley para autorizar un aborto en España. Empadronada en Santiago, en donde todos los ginecólogos se declaran objetores, Ana María no tenía más opción, a través de la red pública, que acudir a Madrid. Movió cielo y tierra y consiguió que un especialista orensano le programara el aborto. Tras ocho laboriosas horas, con el dolor trastabillando cuerpo y mente, el celador que debía trasladarla se declaró objetor y Ana María tuvo que ser transportada del paritorio por un puro arranque de genio de la matrona.

"Desde el nuevo Gobierno se han ido dando pasos, pero el proceso es muy lento"

"Me dijeron que no tenía más opción que ir a Madrid a una clínica concertada"

Cuando le dieron el resultado de la amniocentesis del que iba a ser su tercer hijo, el embarazo de Ana María se convirtió en su mayor dolor. El feto tenía diversas malformaciones - entre ellas, una hidrocefalia- que se confirmaron en una prueba realizada días después. Para entonces ya portaba un embrión inviable de 18 semanas en su vientre. Una gestante de más de 22 semanas no puede abortar legalmente en España. Esto es, no puede acogerse a ninguno de los tres supuestos por los que la ley abre una rendija. "No nos engañemos", sostiene Celsa Perdiz, asistenta social del Centro de Orientación Familiar (COF) de Ourense, "en España el aborto es un delito tipificado en el Código Penal, sólo que la ley lo autoriza cuando se dan tres circunstancias muy concretas".

En el caso de Ana María (nombre supuesto bajo el que preserva su identidad la compostelana), su embarazo, el supuesto C de los tres, no podía realizarse en su ciudad por la sencilla razón de que no hay ginecólogos que no sean objetores. "Nunca te planteas estas cosas hasta que no te ocurren", comenta la mujer con la voz aún quebrada más de un mes después, "pero nos puede pasar a cualquiera y entonces te das cuenta de la doble moral con la que vivimos".

A Ana María se le vino el mundo abajo. "Tuve claro que quería abortar y no tenía opción para hacerlo en mi ciudad", recuerda aún afectada. "Me dijeron que no tenía más posibilidad que ir a Madrid, a una clínica privada-concertada, y yo sentí que era un dolor tras otro. Ya estaba rota".

Así que, con la vida y el alma partidas, recurrió a un familiar que consiguió un equipo médico orensano dispuesto a ayudarla. Ginecólogo, matrona, enfermera y anestesista programaron la intervención, "que duró ocho horas de un parto lento, muy lento, y también muy doloroso" realizado con epidural. Apenas salida del paritorio, se enfrentó a un nuevo rechazo. "El celador que tenía que llevar la camilla se negó" aduciendo inopinadamente una objeción de conciencia que, en su caso, de mero portador de una paciente, no existe. La matrona que la había atendido clamó al cielo y se hizo cargo de la situación. El celador fue finalmente amonestado.

El doctor José Luis Doval -hasta hace año y medio el único especialista que practicaba abortos en la sanidad pública gallega- habla también de doble moral. "La ley favorece que se puedan practicar abortos si hay voluntad", señala. Pero esta voluntad ha campado hasta ahora a sus anchas en la sanidad pública.

Doval, coordinador de ginecología del complejo hospitalario orensano, reconoce que desde la llegada del nuevo Gobierno a la Xunta se han ido dando pasos "aunque desde luego es un proceso muy lento".

En similares términos se expresa Celsa Perdiz, quien sostiene que "la conselleira [María José Rubio] está interesada en esta cuestión, y de hecho ha dejado ya clara su postura progresista y feminista, pero nos queda aún mucho camino. Ahí está Portugal que empieza a adelantarnos en determinados conceptos". Al aludido interés de la responsable de Sanidade de la Xunta por los asuntos de la mujer se debe, de hecho, la puesta en marcha de un todavía precario servicio en A Coruña, para el área de influencia del Juan Canalejo, pero que supone "un primer paso en la normalización de esta práctica en Galicia", señala la coordinadora del COF.

Desde hace apenas tres meses, la población de ese entorno puede acudir al hospital coruñés a realizar abortos de más de 12 semanas de duración (supuesto C de la ley). Los de menos de 12 semanas (supuestos A y B, referidos respectivamente, al riesgo para la salud física o psíquica de la madre o a violaciones denunciadas), se derivan a clínicas privadas-concertadas con el Sergas, en donde disminuye la objeción.