Los productores defienden la legalidad de las inversiones televisivas en cine

Los productores de cine están convencidos de la legalidad del actual sistema de financiación del cine, que recae principalmente en las cadenas de televisión. "La ley y el decreto están ajustados al ordenamiento jurídico español y comunitario", aseguró ayer Pedro Pérez, presidente de la FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España), que añadió que la providencia dictada por el Tribunal Supremo no prejuzga sobre la hipotética inconstitucionalidad de las ayudas de las televisiones al cine. Los productores estudian las alegaciones que tienen que presentar en el plazo establecido por el Supremo, que expira el próximo día 28. "Aportaremos nuestras razones, que son suficientes", aseguró Pérez.

El Ministerio de Cultura ya presentó el miércoles sus alegaciones, según un portavoz del departamento que dirige Carmen Calvo. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), que interpuso el recurso en septiembre de 2004, estudió ayer la información adicional que presentará al Supremo para respaldar la idea de que la obligación que tienen de destinar al cine el 5% de sus ingresos brutos anuales es inconstitucional.

Discriminación

Antes de pronunciarse definitivamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dibujado la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo y/o una cuestión de inconstitucionalidad. Su objetivo es determinar si las inversiones que obligatoriamente realizan las televisiones son ayudas estatales contrarias a la legislación comunitaria. Puede incluso existir una discriminación entre países, ya que la ley impone que el 60% de ese 5% recaiga en obras españolas. Además, la norma no se refiere en términos generales al fomento de la producción audiovisual, sino que reduce el campo a largometrajes, cortometrajes y telefilmes de más de una hora de duración. De esta manera, quedan excluidas las series de televisión, que UTECA ha pedido en reiteradas ocasiones que computen en el polémico 5%.

Las televisiones privadas agrupadas en esa entidad (Antena 3, Tele 5, Sogecable, La Sexta, Veo TV y Net TV) son especialmente críticas hacia la "actitud contradictoria" de Cultura, que en la nueva ley ha endurecido las obligaciones (del 5% al 6%) "en un momento en el que esta cuestión estaba siendo analizada por el Supremo". Las cadenas comerciales entienden que existen "vicios de legalidad" que afectan a la Constitución y a la normativa comunitaria. Consideran que la actual normativa no respeta el principio de proporcionalidad, al tratar de manera diferente a las televisiones privadas y a las autonómicas, que actúan "como un operador nacional" a través de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).