La euskaldunización de jueces crece el 52% gracias a los cursos individuales
Justicia reclama al CGPJ que vuelva a conceder permisos amplios
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La euskaldunización de los jueces ha crecido un 51,8% durante el último curso hasta un total de 41 profesionales que están inmersos en el aprendizaje de la lengua cooficial en el País Vasco. Aunque de momento suponen el 25% del colectivo, el crecimiento continuo desde hace varios años hace ser optimista al Departamento de Justicia, que atribuye parte del despegue a los cursos individualizados que permiten a los jueces aprender en su casa.
Aunque el camino hacia el bilingüismo en la Administración de Justicia está siendo lento y largo, la consejería que dirige Joseba Azkarraga se muestra sensiblemente optimista respecto a los dos frentes de esa batalla: la euskaldunización de jueces, fiscales y secretarios, por una parte, y la de los funcionarios, por otra.
El primer colectivo está superando año a año el frenazo que supuso para el proceso de normalización lingüística el incremento de la presión de ETA, que llegó a su punto culminante el 7 de noviembre de 2001 con el asesinato del magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón.
La puesta en marcha del sistema de aprendizaje individual, que permite aprender adaptando los horarios a las necesidades de cada juez y sin acudir a clases presenciales, salvo contadas tutorías colectivas y personales, ha hecho que crezca de nuevo el interés por aprender.
Si en el curso 2005-2006 eran 16 los jueces que se habían matriculado en clases de euskera más otros 11 que lo hacían con el sistema de autoaprendizaje, en el curso 2006-2007, con datos actualizados hasta el pasado 1 de febrero, quienes han elegido este último sistema ya superan a los que van a clases. Un total de 21 jueces aprenden por su cuenta con el plan dirigido desde el departamento, mientras que otros 20 asisten a clase. De los 41 matriculados, 25 son jueces titulares y los 16 restantes, sustitutos.
La directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel Herrán, cree que los datos suponen un impulso al proceso, sobre todo cuando la movilidad de jueces y magistrados sigue siendo elevada en Euskadi. De los casi 200 que desempeñan su labor en Euskadi, 62 jueces y magistrados se marcharon en 2005 del País Vasco, el doble que en 2004.
De Miguel cree que sería fundamental que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volviese a conceder a los jueces permisos de cinco horas para los cursos de inmersión necesarios para "dar el empujón definitivo a la normalización", permisos que ya concedía antes y que desde hace cerca de un año ha denegado sistemáticamente.
Fiscales y secretarios
La alto cargo de Justicia resalta, sin embargo, que dentro del convenio firmado con el CGPJ, se paga a medias el coste de euskaldunización de los alumnos de la Escuela Judicial de Barcelona. "En estos momentos hay cuatro que están recibiendo cursos de euskera: dos de niveles iniciales y dos de niveles avanzados y les da clase una irakasle [profesora] que vive allí y buscamos nosotros", indica.
El crecimiento de este tipo de cursos de aprendizaje individual se aprecia también en el colectivo de secretarios judiciales: de 28 matriculados el curso anterior se ha pasado a los 44 actuales, con un aumento sustancial de los matriculados para de autoaprendizaje, que pasan de 13 a 20.
En el caso de los fiscales, este colectivo apenas si crece de un curso a otro, pasando de 13 a 14 matriculados. Dentro de este colectivo, quienes más interés muestran por el euskera son los fiscales sustitutos, que pasan de cuatro a diez, mientras los titulares caen de los nueve del anterior curso a los cuatro de éste. Quienes optan por el aprendizaje individual pasan de ocho a doce.
El plan de euskaldunización para los más de 2.000 funcionarios de la Administración de Justicia prevé llegar al 40% de los trabajadores en 2017.
Funcionarios con perfil
De momento, el número de funcionarios titulares de la Administración de Justicia que ya han acreditado un perfil lingüístico asciende a 374. Respecto de los 1.430 funcionarios titulares -el resto hasta los más de 2.000 integrantes de la plantilla son interinos- suponen el 26,15%, más de la mitad del objetivo de acreditación de perfiles que se ha marcado el Gobierno para 2017.
El plan marca tres plazos para ese objetivo: 217 puestos con perfil este mismo año, 274 más en 2012 y 283 en 2017, hasta alcanzar los 784 previstos, algo más del 40% de la plantilla. El Ejecutivo tiene ahora por delante el trabajo de elaborar la Relación de Puestos de Trabajo que dará las principales pautas para definir territorialmente los perfiles y comenzar el proceso de modernización de la oficina judicial.
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