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COLUMNA

Golpe de Estado

En la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña se ha respetado el procedimiento previsto en la Constitución y en el Estatuto de una manera escrupulosa. La reforma se ha cocido a fuego lento. Hubo un debate previo a la redacción del borrador inicial de la proposición, en el que participó prácticamente todo el que quiso ser oído en la sociedad catalana. Se negoció intensamente el contenido de la reforma en el Parlamento de Cataluña, siendo aprobada por una mayoría muy superior a la de dos tercios exigida por el Estatuto que debía ser reformado. El contenido de la proposición fue remitido al Congreso, en donde superó el debate de totalidad. A continuación, el PP interpuso recurso de amparo contra el acuerdo de la Mesa para su tramitación parlamentaria, recurso en el que el PP recusó al magistrado Pablo Pérez Tremps, sin que dicha recusación fuera atendida por el Pleno del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no otorgaría el amparo. El contenido de la proposición se negoció intensamente entre la delegación del Parlamento de Cataluña y la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, resultando como consecuencia de ello modificada significativamente la proposición aprobada por el Parlamento catalán. Tanto que acabó originando una ruptura del Gobierno de la Generalitat y un posicionamiento en contra de Esquerra Republicana de Catalunya, que había sido uno de los motores de la reforma.

Finalmente, sería sometido a referéndum, en el que, a pesar de la campaña en contra del Partido Popular y ERC, sería aprobado con casi el 75% del voto favorable de los ciudadanos. Con el Estatuto ya en vigor se celebrarían elecciones autonómicas con plena normalidad, de la misma manera que con plena normalidad están funcionando las instituciones y se están ejerciendo los derechos por los ciudadanos.

La calidad democrática de la reforma estatutaria catalana ha sido, pues, enorme. Posiblemente no ha habido ni una sola norma desde la entrada en vigor de la Constitución que pueda compararse con ella desde esta perspectiva. Ha sido el proceso de legitimación democrática de una norma de mayor intensidad de la historia de nuestra democracia.

Este proceso de legitimación democrática es el que pretende quebrar el PP no con la interposición del recurso de inconstitucionalidad, sino con la maniobra que ha puesto en marcha para intentar mutilar el TC, con la finalidad de que el recurso pueda prosperar. No estamos ante una operación jurídica, sino ante una operación política que se asemeja a un golpe de Estado.

Quebrar la voluntad democráticamente constituida en la formación del bloque de la constitucionalidad. Al precio que sea. Esto es lo que significa la recusación de Pablo Pérez Tremps, que justamente por eso se ha instrumentado a través de una campaña sin precedente a través de diversos medios de comunicación. En el incidente de recusación se ha seguido una estrategia golpista. No ha sido una operación jurídica, sino una operación política antidemocrática, de quiebra de la legitimación democrática en la creación del derecho.

Este es el problema con el que tenemos que enfrentarnos. O se da por bueno el golpe de Estado y se acepta que a través de una turbia maniobra y con un Tribunal Constitucional mutilado se puede quebrar la voluntad democráticamente constituida mediante la negociación entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, voluntad refrendada por los ciudadanos en referéndum, o se hace frente al golpe de Estado, restaurando la legalidad y constituyendo un Tribunal Constitucional no mutilado que resuelva como el principio de legitimación democrática del Estado exige.

Que hayamos llegado hasta aquí es un desastre. Pero de nada vale lamentarse. Estamos donde estamos. En este tipo de crisis es donde un sistema político se la juega. O prevalece la voluntad democráticamente constituida o prevalece el golpe de Estado. No hay más alternativa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de febrero de 2007