El Tribunal de Cuentas cuestiona subvenciones en Bilbao por 9 millones

El Tribunal Vasco de Cuentas ha constatado que el Ayuntamiento de Bilbao incumplió la ley de Subvenciones al conceder durante 2004 ocho ayudas por importe de casi nueve millones de euros, sin justificar los objetivos de las mismas. Además, critica que se adjudicara directamente la compra de 16 autobuses, por 2,8 millones, a la empresa que presta el servicio de Bilbobus, que sólo hizo de intermediaria.

El informe, que ha fiscalizado la actividad del consistorio bilbaíno durante 2004 y los convenios urbanísticos tramitados entre 2000 y 2004, aprecia las principales anomalías en el capítulo de subvenciones. En ese ejercicio, constata la concesión de ayudas por importe de 8.967.000 euros con incumplimiento de la Ley General de Subvenciones. "No se ha establecido las condiciones para justificar los objetivos que se persiguen con su otorgamiento y además no se ha ejercido el necesario control financiero sobre las mismas".

Se trata de ocho ayudas, entre las que destacan los más de 2,3 millones destinados a la Orquesta Sinfónica Bilbao (BOS), los dos millones para la Fundación Bilbao 700 (dedicada a la organización de actividades culturales) o los 1,3 millones para el Bilbao Basket Berri. El resto de los beneficiarios son el Museo Marítimo, la fundación Bilbao Arte y los museos de Bellas Artes, Vasco y el de Reproducciones.

Mero intermediario

En cuanto a las contrataciones, el informe destaca lo ocurrido con la adquisición de 16 autobuses para el servicio urbano en la ciudad, conocido como Bilbobus. El consistorio tiene una concesión para la prestación del servicio con la empresa TCSA y el Tribunal de Cuentas ve ilegal la participación de dicha compañía en la operación de compraventa. Señala que los autocares fueron comprados a la propia TCSA, pero ésta intervino como mera intermediaria, ya que "los había adquirido previamente a los proveedores y posteriormente los facturó al Ayuntamiento". El consistorio abonó un total de 2,8 millones de euros.

Esta adquisición, explica el informe, ha incumplido la ley de Contratos de las administraciones al no respetar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.

El órgano fiscalizador ve deficiencias en 23 de los 39 expedientes de contratos analizados, con un total adjudicado de más de 392 millones de euros. La más importante se refiere a la planta de tratamiento de lixiviados del vertedero municipal de Artigas, por un importe de 9,1 millones de euros, cuya adjudicación se realizó con retraso; y durante la ejecución, la financiación no se ajustó al ritmo de las obras y se incrementó el plazo de construcción sin aprobación de ampliaciones. Sobre los convenios urbanísticos entre 2000 y 2004, periodo en el que se han analizado 14 de los 33 tramitados, sólo alude a la falta de información pública previa a su aprobación.

La concejal de Hacienda, Isabel Sánchez-Robles, discrepó de que se haya incumplido la ley de subvenciones en los ocho casos por un importe de casi 9 millones. Asegura que dicha normativa entró en vigor en febrero de 2004, con un periodo de "carencia" de un año, por lo que "no era de aplicación en el periodo auditado". Agregó que las ayudas fueron concedidas "respetando los principios de publicidad y libre concurrencia".

Sobre la compra de los 16 autobuses a la empresa que gestiona el servicio urbano, arguyó que el contrato aprobado por el pleno municipal establecía la obligación de TCSA de escuchar las ofertas de todos los fabricantes de autocares del mercado. Como en el anterior caso, afirmó que hubo un respeto "escrupuloso" de los principios de publicidad y libre concurrencia.