'Limpiar' un piso cuesta 4.000 euros

Limpiar un piso de okupas cuesta alrededor de 4.000 euros. Empresas de cobro de morosos se han especializado en los últimos años en expulsiones rápidas (desalojo exprés) de los inquilinos u ocupantes incómodos. La nueva fórmula de desalojo pretende ahorrar a los propietarios los largos trámites judiciales y evitar asimismo la picaresca que permite a los moradores, en algunos casos, eludir los procedimientos judiciales.

"Nosotros vamos y los vapuleamos. Verá qué pronto salen". Esta es la fórmula contundente que ofrece una empresa de cobro de impagados de ámbito estatal para limpiar de inquilinos morosos u okupas una vivienda. de los alrededor de 4.000 euros que cuesta la operación, la mitad deben pagarse por adelantado a la firma del contrato. El resto tiene que abonarse una vez el propietario ha recuperado su vivienda.

Los responsables de la empresa aseguran que corren con todos los riesgos que puedan derivarse de la operación, incluidas las reclamaciones que los desalojados puedan llevar a cabo ante las autoridades policiales y judiciales.

"Usted no tendrá ningún problema, se lo garantizo. Nosotros nos responsabilizamos de todo; usted lo único que tiene que hacer es demostrarnos documentalmente que es el propietario de la vivienda, firmar el contrato que le enviaremos por fax e ingresarnos en nuestra cuenta corriente los 2.000 primeros euros", asegura el portavoz de una de las empresas consultada por EL PAÍS.

El responsable de la sociedad, en un intento de tranquilizar al hipotético cliente, matiza los métodos para conseguir el desalojo y añade que todo "será legal" y que en realidad lo "único que se va a hacer es amenazarlos", para no incurrir así en hipotéticos delitos.

"Le garantizamos el pleno éxito de la operación en poco menos de dos semanas", concluye el responsable de ventas del servicio de desalojo exprés, quien asegura que tiene una larga experiencia en este tipo de "trabajos".

Estos servicios, ofrecidos en los últimos meses por algunas empresas de cobro de morosos, empiezan a preocupar al sector, que desde hace tiempo se ha convertido en el blanco de numerosas críticas por los métodos utilizados para cobrar sus deudas, que constituyen para muchos juristas el dunning harassment (apremiando con hostigamiento), un procedimiento prohibido en la mayor parte de los países europeos.

Los desalojos exprés permiten a los propietarios eludir los largos plazos de espera impuestos por los trámites judiciales e impedir que los ocupantes puedan utilizar algunas de las estratagemas habituales para prolongar su ocupación.

Una estadística del Registro de Arrendatarios Morosos de Sentencias de Madrid señala que el usuario de una vivienda tarda una media de 6 meses y 14 días en conseguir una orden de desalojo de un juzgado de primera instancia, a lo que hay que sumar una media de 3 meses y 16 días más hasta conseguir el lanzamiento efectivo. Los procedimientos pueden alargarse con una serie de triquiñuelas legales simples, entre las que se encuentra no recoger las notificaciones.