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LUIS MORENO OCAMPO

El'sheriff'delmundo

Ya hizo historia como fiscal en el juicio contra Videla y los militares golpistas argentinos. Ahora es el fiscal general de la Corte Penal Internacional. Su trabajo consiste en perseguir el delito y los crímenes contra la humanidad, como el genocidio o el reclutamiento de niños soldados

"Darfur es una revolución legal, la primera vez que el Consejo de Seguridad se conecta con nuestro sistema de justicia"
"Darfur es una revolución legal, la primera vez que el Consejo de Seguridad se conecta con nuestro sistema de justicia" ALFREDO CALIZ

Como un futbolista triunfador, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo pensaba que a los 32 años ya lo había hecho todo, que la vida ya no le ofrecería ningún desafío. Tras ejercer de fiscal adjunto en el Nuremberg argentino, el juicio a los militares que tomaron el poder en Argentina en un golpe de Estado en 1976, Moreno Ocampo había hecho historia. El llamado "juicio a las juntas" de 1985 fue un hito en la lucha por imponer justicia a los tiranos de la Tierra. El general Jorge Rafael Videla fue condenado a cadena perpetua, y otros cuatro altos mandos militares también terminaron en la cárcel por haber dirigido la guerra sucia que acabó con las vidas de más de 7.000 "desaparecidos".

Moreno Ocampo, de 54 años, nunca dejó de trabajar en defensa de los derechos humanos, y no volvió a tener tanto protagonismo público hasta que creó su propio bufete de abogados y tomó como cliente a Diego Armando Maradona, defendiéndolo cuando fue acusado de agredir a un periodista. Pero la reputación internacional que conquistó tras el juicio a los militares le persiguió. Fue invitado a participar en organismos globales a favor de los derechos humanos y en 2002 recibió una invitación para ser profesor visitante en la Universidad de Harvard. Ahora sí estaba seguro de que había llegado a la cima de su profesión. Nunca, pensó, volvería a recibir reconocimiento más grato, laurel más prestigioso.

"Estaba paseando ahí por Harvard, feliz de la vida", recuerda Moreno Ocampo, "cuando se me plantea la posibilidad de ser el fiscal de la Corte Penal Internacional. El año siguiente, en junio de 2003, hice el juramento. Me comprometí a permanecer en el cargo nueve años". El puesto supone ejercer como sheriff del mundo -pero, a diferencia del presidente Bush, con el apoyo de la mayoría de los países-. Por eso Ocampo dice que, tras ser nombrado, "volví unos meses después a Harvard, y me pareció chiquito".

Incluso le parece "chiquito" el juicio a los militares argentinos comparado con lo que tiene entre manos ahora. "El juicio a los militares fue importantísimo, claro, pero miro para atrás y lo veo casi como un entrenamiento para lo que estoy haciendo ahora".

Lo que está haciendo ahora, en el cargo de fiscal fundador de la CPI, es nada más y nada menos que llevar a cabo, según Moreno Ocampo, una revolución mundial: asentar las bases para que todo el mundo viva bajo un Estado de derecho común. "Durante 5.000 años, la humanidad usó la guerra para resolver conflictos internacionales. La idea de la paz permanente tiene dos siglos nada más. La idea de usar la ley para mejorar las relaciones internacionales, que es la idea que nos guía en esta corte, tiene menos de tres años".

Hay que distinguir entre la nueva corte en la que Moreno Ocampo ejerce de fiscal jefe y la Corte Internacional de Justicia, fundada en 1945.

La CIJ existe principalmente para resolver conflictos jurídicos entre países, aunque también, más recientemente, para juzgar a criminales de guerra derrotados, como en los casos de Ruanda y la antigua Yugoslavia. (Slobodan Milosevic, el líder serbio, iba a ser juzgado en esta corte, pero murió antes de que concluyera el juicio).

La Corte Penal Internacional fue creada por las Naciones Unidas en 1998, año en el que 120 Estados firmaron - aunque se abstuvieron Estados Unidos, China, Rusia e Irak, entre otros- el fundacional Estatuto de Roma. Fue una iniciativa idealista y de cierta valentía moral, ya que los jefes de Estado que suscribieron el acuerdo estaban en cierto modo cediendo poder al abrirse a la posibilidad de ser juzgados por una corte extraterritorial. Parte del acuerdo de Roma fue que la corte no entraría en vigor hasta que 60 Estados hubieran ratificado su apoyo. España y las otras potencias europeas lo hicieron (Estados Unidos y los demás países grandes que se abstuvieron en 1998, no). Se llegó a los 60 en 2002, lo que dio luz verde para que la figura clave de la corte, el fiscal, pudiera ser elegido por los Estados parte de las Naciones Unidas e instalado en el cargo. Moreno Ocampo fue elegido por unanimidad.

"Esta nueva corte, en la que ahora estamos 170 personas, es fruto de un tratado según el cual los Estados miembros se comprometen no sólo a castigar, sino también a prevenir ciertos crímenes graves: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Ésa es la importancia que tiene. Es más que una corte que castiga, es una pieza de un nuevo sistema legal mundial. Esto es nuevo. Es una revolución legal".

El deseado fin de la revolución es que las grandes lagunas de impunidad que hay en el mundo dejen de existir, que los perpetradores de las masacres y violaciones en masa que se llevan a cabo hoy día en lugares como Sudán se castiguen, y que los castigos sirvan de ejemplo para que no vuelvan a ocurrir más.

Moreno Ocampo recibió a El País Semanal en su despacho de La Haya, en el piso 12º de un edificio moderno de acero y cristal con apariencia de ser una institución financiera, o una multinacional de software, más que un solemne tribunal. Lleva camisa azul y corbata de rayas blancas y negras, y emite el dinamismo y la pasión por lo que hace de todas las personas realmente exitosas. La febril energía mental de un hombre que pretende cambiar el mundo, que encabeza un ejército de 170 personas provenientes de todo el mundo, que ha dejado a su mujer e hijos en Buenos Aires para dedicarse en cuerpo y alma a la causa, se detecta en la rapidez torrencial con la que salen las palabras de su boca y en el movimiento incesante, casi acrobático, de sus pobladas cejas. Comienza la entrevista y revela que viene de una familia con una larga tradición militar. Del lado de su padre hubo un general en tiempos de la independencia argentina, y el abuelo de su madre también fue un general que aprendió el arte de la guerra en Prusia en 1910.

¿Conocía, entonces, cómo era la gente que investigaba en el juicio a los militares argentinos?

Sí, los entendía. Sabía cómo pensaban, cómo eran. Mi madre iba a misa a la misma iglesia que el general Videla. Ella lo veía bien, y se puso furiosa, desesperada, cuando se enteró de que yo iba a ser el fiscal adjunto en el juicio de las juntas. Tenía dos tíos coroneles y uno dejó de hablarme. Fue a ver a Videla en la cárcel y le dijo: "General, estoy avergonzado. Prometo no hablar con mi sobrino nunca más". Y cumplió su promesa.

¿No fue arriesgado meterse en semejante situación tan sólo tres años después de que los militares abandonaran el poder?

Ese juicio para los argentinos fue central. Yo me daba cuenta de que me metía en un lío muy serio. Tenía que pensar en mi familia. Tenía dos chicos chiquitos. Pero pensé que mientras la democracia funcionara no me iban a matar, porque una cosa importante que entendí es que no eran asesinos, sino funcionarios de un sistema de poder. Y si hay un golpe de Estado, mejor escaparse, porque no quería vivir en una Argentina así. Recibimos amenazas, pero uno se acostumbraba. Y no hubo ataques, no hubo problemas. Ante todo, tenía la sensación de que debía hacerlo. Y una vez que uno toma la decisión, ya está.

¿Cuál fue la importancia de ese juicio?

Cuando uno habla de ley en un país organizado, moderno como Holanda o España, piensa en detalles. Cuando uno sale de una dictadura, la ley es la diferencia entre que me secuestren, me torturen, me maten, o no. En Argentina, la ley en esos años era la diferencia entre la vida y la muerte. Yo sentía que lo que pasó en Argentina era una cosa gravísima, y lo que teníamos nosotros de repente era una oportunidad de demostrar el rol de la ley. Yo no tuve ninguna militancia política, por cierto. Mi misión fue, y es, la ley.

El presidente Carlos Menem indultó a Videla y a otros militares en 1990. Fue un caso del choque entre lo que algunos consideran el realismo político y la justicia…

Lo que uno aprende es que en realidad nunca va a haber justicia suficiente para estos casos. Cuando uno tiene crímenes de esta magnitud no hay justicia que alcance.

¿Se trata de una cuestión de proporción?

Claro… Pasó en Argentina, pasó en Alemania con los nazis, pasa en Israel. Está el debate en España sobre lo que pasa con ETA, que es lo mismo… Es un tema en el que entendemos que los abogados tenemos que ayudar, pero también es verdad que una parte del problema corre por fuera de los tribunales.

En el cargo que ocupa ahora como fiscal general de esta nueva Corte Penal Internacional, ¿hasta qué punto le creará dificultades este conflicto que señala entre los intereses políticos y los de la ley…?

Justamente, uno de los problemas que tengo últimamente es que gente que trabaja en Naciones Unidas como mediadora viene y me dice: "Mejor que usted destruya su negocio, porque si no, ¿cómo resolvemos casos como el de Haití con Baby Doc Duvalier, o Uganda con un Amín? Les ofrecemos inmunidad, y ahora usted no puede venir y decirnos que no, que no se puede…".

Uno de los casos que usted está investigando es el de las atrocidades cometidas por el Ejército de la Resistencia del Señor en Uganda. Pero gente que trabaja allá en la mediación del conflicto ha criticado su trabajo, argumentando que si se arresta al líder de esta banda, Joseph Kony, una solución negociada no va a ser posible, que el castigo que usted propone puede generar más violencia en vez de menos.

Conozco el argumento. Tuve una reunión hace poco con un grupo de mediadores que trabajan en Israel y en muchos otros grandes conflictos, y me decían justamente esto, que yo estaba afectando a su actividad. Y yo les dije: "No soy yo. Se llama ley. Este tratado lo firmaron 120 Estados del mundo, y ahora, a día de hoy, 104 lo han ratificado. Estos Estados pagan mi sueldo y me pagan para que yo aplique la ley, así que no hablen conmigo, hablen con ellos".

Pero el conflicto entre la política y la justicia no va a dejar de ser un problema al que usted se tendrá que enfrentar…

En esta reunión que tuve con los negociadores, uno me dijo que el gran problema que veía era que en su caja de herramientas, un instrumento importante es la posibilidad de inmunidad. "¿Nos puede dar otras herramientas?", me preguntó. Y yo dije: "Claro que sí". Los crímenes masivos se cometen con apoyo político o apoyo financiero. Nuestra intervención reduce el apoyo político, y pensamos ver cómo reducir el apoyo financiero. Podemos también aumentar la alianza de los países en contra de estos crímenes. La corte puede dar, y dará, herramientas nuevas a los que se dedican a resolver conflictos, y parte de mi tarea es explicar esto a la gente.

¿Cómo se lo explica?

Diciéndoles que ésta es una cosa nueva, y que la ley sí sirve para resolver conflictos. La ley es un sistema que permite vivir junta a gente que se odia. En el mundo internacional, como no hay ley, las relaciones entre las naciones se basan en acuerdos con los amigos o guerras con los enemigos. El mundo necesita ahora algo diferente, la ley, para que viva junta la gente que no se quiere…

¿No es eso más bien un problema político, de reconciliación?

La reconciliación es una idea moral. Pero no puede ser la base de una sociedad moderna que esté llena de conflictos y de intereses diversos. La forma de coexistencia se basa en que haya ciertas leyes básicas que se cumplan, o sea, leyes que ayuden a prevenir la violencia, y esto es lo que esta corte intenta hacer. Yo soy un fiscal encargado de investigar. Otros son responsables de la paz y la seguridad. Como vemos en España, los jueces y los fiscales aplican la ley, y el Gobierno maneja las relaciones políticas y propone acuerdos a la sociedad que los vota. Eso mismo que tenemos en el sistema nacional es lo que estamos armando en el sistema internacional.

Hay dos maneras, según las reglas de juego impuestas por el Estatuto de Roma, de que un caso llegue a la corte del fiscal Moreno Ocampo. La primera es que uno de los Estados que han ratificado a la corte lo proponga, como en el caso de Uganda, cuyo Gobierno propuso una investigación al Ejército de Resistencia del Señor; o el caso de la República Democrática del Congo, donde a instancia del Gobierno también Moreno Ocampo ha hecho una investigación y ha dictado orden de arresto contra Thomas Lubanga, líder miliciano y supuesto reclutador de niños soldados. La segunda opción es que la propuesta inicial venga del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ha sido el caso de la investigación más grande y difícil de las tres que Moreno Ocampo tiene entre manos ahora, la del conflicto en Darfur, en Sudán, donde más de 200.000 personas han muerto y dos millones han huido de sus casas. (Del mismo modo que el Consejo de Seguridad puede iniciar una investigación, también la puede suspender durante un tiempo, si la situación política -por ejemplo, las exigencias de un proceso de paz- lo requiere). Para la investigación de la CPI sobre el "genocidio en cámara lenta" de Darfur, que ha llevado año y medio, Moreno Ocampo ha contado con un equipo de 24 investigadores que ha trabajado en 17 países, entrevistado a 600 testigos y tomado testimonio firmado a más de 100 de ellos. Preocupado siempre por mantener una imagen de imparcialidad, el equipo de Moreno Ocampo también ha entrevistado a altos funcionarios del Gobierno sudanés, considerado por muchos como el responsable final de las masacres.

¿Cuál es la importancia del trabajo que está llevando a cabo sobre Darfur?

Dos años después de mi juramento nos llega este caso. Es la primera vez que el Consejo de Seguridad se conecta con el sistema internacional de justicia. Lo que significa una revolución legal. La rapidez con la que ha ocurrido es asombrosa. Hay una dinámica, en gran parte debido a los medios, que acerca a la gente a estos conflictos, y lo que la gente reclama es algo universal, que no maten a civiles y niños.

¿Cómo se compara su trabajo con el que se ha hecho sometiendo a juicio a los criminales de guerra de Ruanda y Yugoslavia?

La enorme diferencia acá con esos casos, o con Argentina o Nuremberg, es que sigue vigente el conflicto. Las masacres siguen.

¿Y por eso se habla del trabajo de prevención de la corte…?

Claro. Ahora, aunque la investigación la estamos llevando a cabo en vivo y en directo, en Darfur mismo no entran nuestros investigadores. No podemos ir al terreno. Sería demasiado peligroso para los testigos. Según nuestras reglas, antes de hablar con un testigo hay que asegurarse de que no lo vayamos a meter en más peligro, y también de que esté en condiciones psicológicas para hablarnos. Por eso hacemos un estudio psicológico de cada uno de ellos, y nos encargamos de darles seguridad después. Todos nuestros testigos están fuera de Sudán, la mayoría de ellos son víctimas. Cada caso ha representado un trabajo inmenso.

¿Ha costado mucho?

Cuestan más los crímenes que la justicia.

¿Y el siguiente paso?

Hemos acumulado la evidencia que necesitamos y ahora la presentamos ante los jueces de la corte en febrero. Hemos seleccionado los peores incidentes de ejecuciones y violaciones en Darfur y creemos que tenemos identificados a los máximos responsables.

La condena máxima que contempla el Estatuto de Roma es la cadena perpetua. Las cárceles donde se encerraría a los culpables pertenecerían a los países que han ratificado a la corte. El Gobierno de Sudán, aunque Moreno Ocampo no lo puede reconocer públicamente, ha hecho lo que ha podido para dar la impresión de cooperar con la corte, pero su objetivo principal ha sido entorpecer su tarea. Insiste en que sus propios tribunales se encargarán de hacer justicia y que ya han arrestado a 14 personas implicadas en las masacres. Si la justicia sudanesa realmente estuviera haciendo su trabajo bien, la CPI tendría que retirarse del caso, según dice el Estatuto de Roma. Pero Moreno Ocampo tiene sus serias dudas, y por eso ha pedido que el Gobierno de Sudán dé permiso a sus investigadores para que vayan a ver a los supuestos arrestados.

Todos los casos que ahora investiga están en África. ¿No existe el peligro de que la Corte Penal Internacional se convierta en la Corte Penal Africana?

El Estatuto de Roma dice que mi criterio para elegir casos es la gravedad. Cuando yo empecé, en 2003, la mayoría de la gente me escribía cartas pidiéndome que entrara en Irak. El problema es que Irak no firmó el Estatuto de Roma, y Estados Unidos tampoco. No puedo investigar crímenes de guerra en Irak porque ni Irak ni Estados Unidos son Estados parte. Además, hacer la guerra todavía no es un crimen definido por el Estatuto. De todos modos, lo que sí hice fue un análisis de lo que hicieron elementos de los 25 países que estaban ahí, que sí son Estados partes, pero, básicamente, éste no es mi caso. La verdad es que yo empecé por el Congo porque ése era el caso más grave: entre 2002 y 2003, 5.000 muertos. Era el caso más grave del mundo. Invité al Gobierno del Congo a que trabajara conmigo, y después vino el Gobierno de Uganda y les invité a que me dieran su caso, y dijeron que sí. Yo lo que he hecho es seleccionar por gravedad, y si los casos más graves están en África, están dentro del ámbito de esta corte.

¿Pero no ha habido objeciones, indignación por parte de los africanos?

Al contrario. En África estamos trabajando para proteger a los africanos. Yo voy periódicamente a la Unión Africana en Addis Abeba a informarles. Los países africanos han dado su apoyo total en el caso de Darfur. Ven que estamos para ayudar a la gente y no para meternos en política.

Hable del tema de los niños soldados en el Congo y Uganda.

Le cuento de uno de los jóvenes que entrevistamos. Tenía 16 años, 9 cuando lo secuestraron. Nos dijo: "Cuando vinieron a llevarme estaba con mi hermano mayor, que tenía 12. Él les pidió a mis secuestradores que me dejaran, que era muy chiquito. Mataron a mi hermano en el acto. Desde que vi eso, hice siempre lo que me ordenaban. Yo maté a niños, quemé a familias, tiré un bebé al río. De todo". Ese chico tenía 16 años. Eso es un crimen de lesa humanidad.

¿Y se nota el impacto de su trabajo ya sobre el terreno?

Sí. En el norte de Uganda, donde estaba la gente de Kony antes de que dictáramos orden de arresto contra él, había lugares donde su gente operaba en los que los niños caminaban cada noche dos o tres horas fuera de sus pueblos para que no los agarraran. Les llamaban los night commuters -viajeros nocturnos-. Ahora ya no. Kony y su gente se han tenido que ir de allá porque temen que los arresten. Y los niños, en vez de caminar y caminar cada noche, se quedan a dormir con sus padres una vez más.

¿Tiene un impacto su trabajo en África sobre el resto del mundo?

El Estatuto de Roma dice que tenemos que poner fin a la impunidad para contribuir a la prevención de los crímenes. A través de nuestro trabajo ayudamos marcando límites. Lo hacemos, por ejemplo, comprometiéndonos a celebrar dos juicios en los próximos tres años. Y prueba de que sí estamos contribuyendo a la prevención es que ya nuestra actuación con Lubanga en el Congo ha disminuido los casos de reclutamiento de niños menores de 15 años. Incluso hemos visto en Colombia señales de que la guerrilla allá se ha percatado de la posibilidad de que podrían ser castigados por reclutar a niños soldados.

¿Algún otro éxito tangible derivado de la creación de la corte?

Sí. En todo el mundo los ejércitos están ajustando sus operaciones a los delitos previstos acá. Éste es un ejemplo muy claro del impacto de este nuevo sistema legal.

¿Pero países como Estados Unidos, Rusia y China, que no han firmado…?

Incluso ellos se están ajustando a las nuevas reglas. Es el nuevo estándar. La humanidad está aprendiendo. Comete crímenes, pero también aprende. Y lo importante es que estamos trazando líneas que no se pueden cruzar.

¿Qué opinión tiene de la negativa de Estados Unidos a participar en este proyecto?

Creo que, a largo plazo, esta corte va a ser universal. De hecho, cuando yo empecé teníamos 80 Estados, ahora son 104.

¿Pero hay algún motivo real para pensar que Estados Unidos podría incorporarse?

El caso de Darfur ha sido interesante en este aspecto. Diría que todos los Estados del Consejo de Seguridad respetan lo que hacemos. Estamos ganando terreno.

¿A qué aspira durante los cinco años y medio que le quedan como pionero de esta corte?

Yo tengo dos ideas básicas. Una, lograr tener un impacto que reduzca los crímenes de esta magnitud, que no se desate esta violencia que vemos en Darfur, con cientos de miles de víctimas. Y segunda, esta idea de armar las bases de un sistema legal mundial, un sistema global al que los Estados se adhieran, que aplique la ley cuando ellos no puedan hacerlo.

Esta revolución, como usted la llama, es muy nueva y tiene enemigos poderosos. ¿Podría fracasar?

Lo único que yo puedo aportar es hacer bien los casos que hacemos, investigarlos bien, mostrar la evidencia, hacer buenos juicios. He prometido juicios en los próximos tres años y vamos a cumplir. Ya tengo uno en marcha, y el otro, en camino. Y a medida que esto funcione, el prestigio de la corte va a crecer.

¿Es complicado -otro problema adicional- trabajar con gente de tantas diferentes nacionalidades?

No, ¡es fascinante! Mi adjunta es de Gambia, tengo gente acá de todos los continentes, y la verdad es que no podría volver a trabajar en un lugar de gente homogénea. La tarea que nos hemos propuesto de crear una fiscalía del mundo es fascinante. La variedad es fascinante. Se aprende algo nuevo cada día. Se aprende a respetar la diferencia, y a gozar de esta creatividad que surge de las diferentes visiones. Esta corte representa una evolución de la humanidad, y compartimos todos un gran sentimiento de responsabilidad, una gran obligación de llevar esto adelante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de enero de 2007