Avisos desde la OCDE

Nada hay en el reciente informe semestral de la OCDE sobre la economía española que resulte extraño a los análisis económicos conocidos en los últimos dos años expuestos por los analistas económicos españoles. Efectivamente, el crecimiento parece garantizado al menos durante los próximos trimestres -del 3,3%, según sus previsiones, este año y del 3,1% en 2008- debido fundamentalmente a la persistencia de un precio del dinero todavía en niveles relativamente bajos, el tirón de la construcción -que muestra síntomas de agotamiento-, la presión del consumo y, ésta sería la novedad que reconoce la organización, por una aportación menos negativa del sector exterior, que tan sólo restará ocho décimas al crecimiento en 2007. La fotografía se completa con crecimientos de la inversión, un descenso importante de la tasa de paro, que se explica por la baja productividad, y el problema crónico del déficit exterior, que se situará en el 9,6% del PIB el año que viene.

Con este retrato a grandes rasgos de la economía, no es difícil adivinar por dónde van los avisos o advertencias de la OCDE. Si no se reduce la tasa de inflación, el déficit del sector exterior continuará creciendo hasta que España se convierta en una sociedad de servicios, turísticos o profesionales, pero sin productos de valor añadido intercambiable; si no aumenta la productividad, la calidad y competitividad decaerá y acabará por hundir las cuotas de mercado de los productos españoles en el exterior; y si no se aplica una política fiscal más restrictiva, entendiendo por tal una selección de inversión pública ascendente en infraestructuras, educación e I+D en el marco de un recorte global del gasto público, la llegada de una contracción económica, sea brusca o paulatina, acarreará graves problemas a las finanzas públicas.

Tiene razón la OCDE cuando expone que la productividad y el valor añadido de una economía aumentan cuando se apuesta por la educación y la inversión en tecnología. Las tuercas que hay que apretar son pues las de la inflación, la inversión selectiva y eficaz y un sector público más controlado. También acierta al considerar que las políticas públicas deben ser cuidadosamente valoradas por una agencia independiente que minimice las contraindicaciones de la dispersión fiscal autonómica, y al sugerir una ampliación del periodo de cálculo sobre el que se han de calcular las pensiones. Pero hay otras de una dificultad política casi insalvable; por ejemplo, la recomendación de suprimir la desgravación fiscal a la compra de viviendas. Sería el modo más drástico de acabar con la sobrevaloración del mercado, pero cualquier Gobierno se lo pensará dos veces antes de pagar el coste político que acarrea.