Hacia una universidad sin barreras

El acceso a la Universidad en Andalucía es cada vez más fácil para las personas con discapacidad. Quizá por esta razón, la cifra de alumnos de este tipo se ha multiplicado en los últimos años. Si en 2004 el observatorio de la discapacidad recogía que 134 alumnos discapacitados se habían matriculado en la convocatoria de junio en las nueve universidades andaluzas -según datos aportados por la Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología- el número de estudiantes registrados este año ha ascendido a 1.331.

Este salto sorprendente se explica, según la Consejería de Innovación, a que los planes de las distintas universidades han empezado a fijarse en este colectivo, así como a la implantación del Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad 2003-2006, con el que las universidades pusieron en funcionamiento programas dirigidos específicamente al apoyo de estudiantes con discapacidades. Gracias a esto, la mayoría de los campus cuentan ya con servicios de atención al alumnado con discapacidades.

"Las universidades tienen que prepararse para lo que se les avecina. El número de estudiantes con discapacidad en Primaria y, sobre todo, Secundaria, ha crecido muchísimo en los últimos años, y un porcentaje de estos jóvenes irá a parar a las instituciones universitarias", argumenta Ignacio Aycart, asesor del área educativa del Defensor del Pueblo Andaluz. Según datos de la Consejería de Igualdad y Beienestar Social, el 10% de los discapacitados andaluces tiene estudios de grado medio y superior.

Por todo ello, ha sido necesaria la puesta en marcha de medidas que apoyen a estos alumnos, tanto desde el punto de vista legislativo, como económico: adaptación de las pruebas de acceso a la Universidad, reserva del 3% de las plazas, exención del pago de la matrícula en primera convocatoria, así como apoyo humano y técnico a los estudiantes con dificultades auditivas, visuales o de movilidad, son algunas de estas medidas.

"Nuestra filosofía es la atención individualizada. Tenemos un protocolo de discapacidad por el que los mismos alumnos solicitan lo que van necesitando", explica Juan Vázquez, responsable del servicio al alumno con discapacidad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Como en la UPO, en el resto de universidades andaluzas la resolución de problemas o solicitudes del alumnado con discapacidad se realiza de forma individualizada. "Ahora es posible funcionar así, pero dentro de poco será necesario establecer comisiones para atender estas cuestiones", apunta Aycart, quien recuerda que los puntos más conflictivos en este asunto no se refieren a la edificación, algo que en su opinión es "relativamente fácil de adecuar", sino a la adaptación de estudios: "Hay que adelantarse a las situaciones, no solucionar los problemas de manera improvisada. En ocasiones las facultades no están preparadas para ofrecer una formación completa a personas con unas necesidades específicas. Si esto es así, deben informarlo antes de que los alumnos se matriculen, aunque siempre como última opción. Si es posible, se deben utilizar los avances de la ciencia para adaptar los planes de estudio al mayor número de personas posible; aunque esto resulte costoso", afirma.

La colaboración de las instituciones con las asociaciones es fundamental. Organizaciones como la ONCE, la Federación de Sordos o la de Minusválidos Físicos (FAMS), ayudan a los estudiantes a través de convenios o de forma particular, tanto en la aportación de material como en la atención especializada (maquinaria braille, contratación de intérpretes del lenguaje de signos o transporte especializado, entre otros servicios).

Por su parte, la Consejería de Innovación y Ciencia apuesta también por el desarrollo de técnicas y programas de ayuda al alumno con discapacidad a través de subvenciones y de incentivos para equipos de investigación. Actualmente, en las universidades andaluzas hay 20 grupos de investigación que trabajan en la mejora de la situación de este colectivo, así como ocho proyectos de excelencia cuyo fin es la búsqueda de soluciones y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Innovación ha promovido, además, la creación del Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano, que abordará las investigaciones relacionadas con los distintos ámbitos de la vida asistida por las tecnologías.