En busca del Tratado perdido

Representantes de los 18 Estados que ya han ratificado la Constitución Europea (bueno, Alemania no ha acabado el proceso, pues el Tribunal de Karlsruhe lo ha retenido a la espera de lo que considera casi inevitable: un nuevo Tratado) y quizás alguno más se reúnen el viernes en Madrid. Quieren lanzar un mensaje de apoyo a este texto, que era el mejor de los posibles. Cabe hablar en pasado aunque el Gobierno comprensiblemente no lo haga y argumente que corresponde a quienes objeten -como franceses y holandeses han hecho en sendos refrendos, o los recalcitrantes británicos, polacos y checos- aportar soluciones. Pero es un secreto a voces que ya se está pre-cocinando un nuevo tratado, más reducido, que recoja lo esencial de los cambios institucionales necesarios que contiene la Constitución, pues ni siquiera a 27 (y, menos aún, a más), puede la UE funcionar bien con el Tratado de Niza vigente.

Avanzar hacia un nuevo tratado que reduzca los costes de la no Constitución será una labor ingrata y nada fácil. La Constitución tiene un complejo equilibrio interno, no sólo institucional, que resulta complicado retocar. La actual presidencia alemana, que defiende la Constitución, o al menos su esencia (no es lo mismo), tendrá que presentar una hoja de ruta en junio, tras las elecciones francesas, y será a Francia en el segundo semestre de 2008 a quien corresponderá alcanzar una solución que satisfaga a todos, a los 18, a los del no, y a los que no han querido pronunciarse como el previsible Reino Unido o algún nuevo y eurorreticente como la imprevisible Polonia.

Entre los aspirantes al Elíseo, Nicholas Sarkozy quiere un mini-tratado -no más de 20 páginas- para el que baste la ratificación parlamentaria, sin referéndum. La socialista Ségolène Royal opta por otra forma de hacer política en democracia y se ha comprometido (lo que dificulta una solución a 27) a un nuevo referéndum en 2009 sobre un "nueva constitución" que quite algunas cosas y añada una mejor protección de los derechos sociales, los servicios públicos y "progreso para todos". De nuevo, como Jospin ante la Unión Monetaria, Royal parece olvidar que estos tratados definen las reglas del juego, no los contenidos de las políticas. En cualquier caso, sería sano que Francia regresara al europeísmo de la mano de sus votantes. El referéndum, après tout, fue una idea de Blair, que ahora no lo quiere.

Parece, pues, que habrá cambios. Lo que, por si acaso, se está preparando entre bambalinas es preservar los aspectos institucionales básicos (ministro de Asuntos exteriores, geometría variable o cooperaciones reforzadas, presidente del Consejo Europeo, Comisión). Con tres problemas centrales: las decisiones (la doble mayoría de Estados y poblaciones empieza a favorecer más a España con la inmigración), pero la co-decisión con un Parlamento Europeo en el que este país estaría infrarrepresentado supone una merma); las nuevas políticas comunes (cultura, investigación, energía, inmigración, etcétera) que funcionarían por mayoría; y la Carta de Derechos Fundamentales que Royal parece defender y querer ampliar. Visto desde España, hay el peligro añadido de que si se reabre algo, el PP se escape del consenso con el que acudió al referéndum.

Otro difícil intento sería que se entendiese que quien rechace el eventual nuevo tratado quedará fuera de la UE (mensaje a Londres o Varsovia, pues París es indispensable). Es comprensible que hasta que llegue el momento, los 18, y en particular España y Luxemburgo tras sus refrendos ganados, se mantengan en sus... trece. Pero también comprender que aunque sean mejorables y poco democráticas, las reglas del juego que rigen para la entrada en vigor de todo nuevo tratado en la Unión exigen la unanimidad en la decisión y en la ratificación. Frente a la posición de aquel coronel con su puente sobre el río Kwai, habrá que modificar la Constitución, quizás incluso dejar de llamarla así, no porque sirva al enemigo sino porque ya la han dinamitado, casi sin querer, algunos amigos. aortega@elpais.es