Las ventajas electorales del 'método Lamela'

El mejor ejemplo de que la lista de espera se ha convertido en una poderosa arma electoral está en la Comunidad de Madrid. En octubre de 2003, Esperanza Aguirre ganó las elecciones tras una campaña electoral en la que, entre otras muchas cosas, prometió públicamente que reduciría la espera máxima para ser operado en la sanidad pública a 30 días. Ya entonces estaba en vigor el Real Decreto 605/2003, que obligaba a todas las comunidades autónomas a seguir el mismo método para las listas de espera: los pacientes serían registrados en el momento en que los médicos les prescribían una operación.

Llegados al poder, Aguirre y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, cambiaron las reglas del juego con una orden (602/2004) que les permitía utilizar otro sistema; los pacientes serían incluidos en la lista cuando el anestesista considere que pueden ser operados. "Sería incomprensible que el Gobierno regional pudiera comprometerse a operar a un paciente en un plazo máximo de 30 días sin saber previamente si puede ser operado", escribía Lamela el 13 de diciembre en la sección Cartas al Director de este periódico.

El método Lamela conseguía así reducir la lista a 9 días de media, una cifra a todas luces imposible a tenor de los datos nacionales que establecen una media de 72 días por especialidades y 91 por los 11 procesos más frecuentes. El resultado de aquella pugna política acabó con la expulsión de Madrid del cómputo nacional que se dio tras la reunión del Consejo Interterritorial, que reúne periódicamente al resto de comunidades y al Ministerio de Sanidad, que preside Elena Salgado. El propio consejero reconoció en una ocasión que, si se utilizase el procedimiento común al resto de territorios, la demora media en la región ascendería a 42 días. Luego se desdijo asegurando que con esa cifras se refería a la "media prospectiva", una cifra estadística que daría el tiempo necesario para operar a todos los pacientes que están en la lista de la comunidad.

Sin embargo, la desobediencia de la región madrileña sólo tuvo como castigo la expulsión del cómputo nacional. El Ministerio de Sanidad podría haberle llevado a los tribunales al tratarse de un incumplimiento de un Real Decreto, pero no lo hizo.

Las recientes sentencias de los tribunales señalan que hay casos en los que la espera está muy lejos de las cifras del Gobierno regional y que vienen de muchos años antes de que la Comunidad estuviera gobernada por Aguirre. Los hechos ocurrieron en 1991, cuando gobernaba el socialista Joaquín Leguina. Una mujer fue incluida en las listas para ser operada de un oído que supuraba a chorros. Pasó nueve años en el registro sin ser intervenida. Perdió el 80% de la capacidad auditiva del oído izquierdo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la comunidad a indemnizarle con 18.000 euros.