El Tribunal de Cuentas censura a Álava por retirar los presupuestos de 2004
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas reprocha a la Diputación alavesa en su informe de fiscalización de las cuentas forales de 2004 por retirar y no volver a presentar los presupuestos provinciales de ese año, que el equipo de Ramón Rabanera renunció a llevar a las Juntas al carecer de apoyos para aprobarlos.
El tribunal precisa que su opinión general sobre las cuentas alavesas "es positiva", aunque critica algunos aspectos contables, y rechaza la pretensión de la oposición de abrir una auditoría especial sobre la adjudicación y ejecución de las obras de la autovía Eibar-Vitoria.
El principal órganismo auditor de Euskadi apenas si le dedica cinco líneas a una cuestión que en su día motivó la puesta en marcha de una comisión de investigación impulsada por la oposición. Los junteros concluyeron que estaban ante un desfase de 53 millones de euros y pidieron al tribunal que realizase una auditoría específica.
El único comentario al respecto que hace el órgano fiscalizador es que la modificación de siete millones de euros en el precio de esa infraestructura debiera haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno foral y no por el de administración de la empresa pública VIAS, gestora de las obras en carreteras.
Comisión "de desprestigio"
Rabanera resaltó ayer en una rueda de prensa que, tras el informe del tribunal, queda claro que la Eibar-Vitoria "está limpia de polvo y paja, y que eran completamente falsas las advertencias de la oposición. Aquella comisión se hizo sólo para desprestigiar".
El diputado de Obras Públicas, Javier de Andrés, resaltó que la opinión favorable del órgano fiscalizador con respecto a las cuentas alavesas contrasta con las irregularidades que ha encontrado en otras ocasiones en Vizcaya o las críticas a Guipúzcoa por licitar una obra ferroviaria sin la aprobación del gasto en su Consejo de Gobierno.
El tribunal censura que se incluyeron indebidamente en la prorroga presupuestaria partidas por tres millones de euros. En el área de personal, señala que no se incluyeron en las declaraciones fiscales a efectos de IRPF los importes que la Diputación pagó por los seguros de vida e invalidez de su personal, que debieran considerarse retribuciones en especie.
Tampoco incluyó las cesantías pagadas a altos cargos por importe de 12.000 euros. En relación a la contratación administrativa, el informe vuelve a criticar la situación del contrato para la prestación del servicio de Agencia Ejecutiva, prorrogado de nuevo en 2004 sin sacarlo a concurso público, cuando se superaron los plazos legalmente establecidos para este tipo de contratos.
El tribunal también ve irregular que la contratación de la telefonía fija, cuyo gasto a ascendió a 693.000 euros, no respetase los principios de publicidad y concurrencia en la fase de adjudicación.
