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COLUMNA

Recordarlo en su integridad

En la Constitución se distinguen dos momentos en la fase inicial del ejercicio del derecho a la autonomía: la iniciativa del proceso autonómico y la iniciativa para la elaboración del estatuto de autonomía. El primero está previsto para que se haga uso del mismo una sola vez. El precepto de la Constitución que lo contempla es ya historia del derecho. El segundo, por el contrario, está previsto que se reitere cada vez que se considere que el estatuto debe ser reformado.

Llamo la atención sobre este dato porque cuando reflexionamos sobre la inicial puesta en marcha de la autonomía andaluza nos acordamos casi exclusivamente del primer momento del ejercicio del derecho a la autonomía, de la iniciativa del proceso autonómico, del que es exclusivamente historia, y nos olvidamos del segundo, de la elaboración del Estatuto de autonomía que, además de historia, continúa siendo derecho vigente. Nuestro recuerdo de los orígenes de la autonomía andaluza es, en consecuencia, parcial y me atrevería a decir que inexacto.

Pues solamente nos acordamos de la tremenda división política que se produjo en el recorrido de la iniciativa del proceso autonómico por la vía del artículo 151 de la Constitución, que acabó conduciendo a un choque entre el centro-derecha y la derecha españolas y andaluzas, con el Gobierno de la nación al frente y el centro-izquierda y la izquierda, en este caso casi exclusivamente andaluzas, que se manifestaría con su máxima intensidad en el referéndum del 28-F de 1980.

No nos acordamos, sin embargo, que una vez digerido el 28-F por el Gobierno de la nación y producida la rectificación que hizo posible que Andalucía se constituyera en comunidad autónoma por la vía del artículo 151 de la Constitución, el segundo momento del ejercicio del derecho a la autonomía, el de la elaboración del Estatuto de autonomía, se llevó a cabo de una manera pacífica, con un consenso efectivo, en el que el centro-derecha participó con lealtad.

No todo, pues, fue enfrentamiento en la inicial puesta en marcha de la autonomía andaluza. Hubo un enfrentamiento inicial muy fuerte, pero hubo, tras el enfrentamiento, una voluntad de acuerdo indiscutible. El Estatuto se elaboró y se discutió en el clima en el que debe negociarse una norma de esa naturaleza.

Y sobre todo, y es lo que me interesa destacar, nadie, absolutamente nadie, se desmarcó en el referéndum de ratificación del Estatuto en octubre de 1981, es decir, en el referéndum equivalente al próximo del 18 de febrero. La participación de todas las fuerzas políticas andaluzas tanto en el debate estatutario desde el principio, no esperando para incorporarse al final, como en la campaña del referéndum, se produjo sin reservas de ningún tipo, sin estar mirando con el rabillo del ojo a ver quién salía perjudicado o beneficiado por la mayor o menor participación de los ciudadanos en la ratificación del estatuto.

Me parece que esto debe ser recordado. Nadie, absolutamente nadie, entendió en 1981 que la campaña de ratificación en referéndum del Estatuto de autonomía para Andalucía podía ser una campaña de confrontación política entre los partidos que lo habían pactado, entre ellos en la Asamblea de Parlamentarios que elaboró la proposición de ley, y con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, para garantizar la presencia del Estado en el momento fundacional de la autonomía andaluza.

La campaña del referéndum de ratificación del Estatuto fue una campaña limpia, en la que no hubo desmarques y mucho menos ataques abiertos o solapados. Tanto UCD como PA, una vez que fracasó su último intento de descafeinar lo que se había conseguido el 28-F, aceptaron participar de buena fe en ese proceso fundacional de la autonomía andaluza. En la iniciativa del proceso autonómico hubo división. En la aprobación definitiva del Estatuto hubo unidad. Es bueno que se recuerde. Por razones obvias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de enero de 2007