El Gobierno lleva a debate una propuesta de ley de Aportaciones que Álava no acepta

El Gobierno ha convocado para mañana el Consejo Vasco de Finanzas para aprobar el proyecto de la ley de Aportaciones para el próximo quinquenio, pese a que la Diputación de Álava está en desacuerdo con la propuesta planteada. El Gobierno acepta rebajar en cuatro décimas sus ingresos -el coeficiente vertical pasaría del 70,44% actual al 70,04%-, reducción que coincide con la compensación de las diputaciones a los municipios por la supresión del IAE. El principal reparo alavés es que el reparto de los impuestos especiales se hace según los coeficientes horizontales.

Aunque los portavoces del equipo de gobierno de la Diputación alavesa declinaron ayer hacer ningún tipo de declaración hasta que no se agoten las negociaciones sobre la última propuesta del Gobierno, su malestar con el contenido de ésta es evidente. La convocatoria del Consejo Vasco de Finanzas -el órgano donde las diputaciones y el Gobierno debaten el reparto de la recaudación fiscal obtenida con el Concierto- se ha hecho sin llegar a un acuerdo previo en casi ninguno de los asuntos señalados por la Diputación de Álava. Fuentes de esta institución aducen que el criterio del reparto de los impuestos de hidrocarburos, alcohol y tabaco -lo que se denominan operaciones asimiladas al IVA de exportación- les perjudica, por considerar que le corresponde más que su coeficiente horizontal del 16,33%. Argumentan también que la reducción de la aportación al Gobierno en cuatro décimas se compensa con el hecho de tener que pagar directamente a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas. Además, la Diputación gobernada por el PP critica que el acuerdo presupuestario del Gobierno vasco con el PSE, que incluye el respaldo parlamentario socialista a la futura ley de Aportaciones, le deja sin fuerza para negociar.

Aunque la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, ha defendido no modificar el coeficiente vertical (el reparto de los recursos entre Gobierno y diputaciones) al no haberse producido ningún trasvase apreciable de competencias, finalmente ha aceptado rebajar sus ingresos en cuatro décimas. Fuentes forales subrayan, sin embargo, que esa reducción coincide en la práctica con la compensación foral a los ayuntamientos por el desaparecido IAE, que en 2006 fue de 63,47 millones de euros.

Desequilibrios

Pero la principal discrepancia de Álava está en el nuevo criterio de reparto de los impuestos sobre hidrocarburos, bebidas alcohólicas y tabaco, que, según la propuesta del Gobierno, se haría según los coeficientes horizontales, que fijan el porcentaje de la contribución de cada territorio histórico al Gobierno vasco, al Cupo y para la dotación de fondos estratégicos.

En 2005 la recaudación de ese tipo de IVA pasó de la Hacienda estatal a las forales. El hecho de que los principales depósitos de hidrocarburos estén en Vizcaya, gracias a la refinería de Petronor, incrementó espectacularmente su recaudación, en perjuicio de Álava y Guipúzcoa. Para conjugar estos desequilibrios, el Consejo estableció provisionalmente para 2005 y 2006 un sistema de compensación del 1,1% de todo lo recaudado para aquéllas.

Álava critica que su recaudación por este concepto es superior al 16,33% de su coeficiente horizontal -Vizcaya recibiría el 50,76%, y Guipúzcoa el 32,91%- y señala que, de consolidarse ese nuevo criterio de reparto para el quinquenio, la merma de ingresos desequilibraría totalmente sus presupuestos.

De momento se trata de una propuesta y los miembros del Consejo tienen hasta mañana para llegar a un acuerdo, pero el equipo de Gobierno de Álava no cree que "la mayoría nacionalista" vaya a dar su brazo a torcer. Fuentes del PP estiman que la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia se ha "atrevido" a convocar el Consejo, a pesar de las discrepancias, porque tiene garantizada la aprobación de la Ley de Aportaciones en el Parlamento vasco.

El acuerdo presupuestario suscrito entre el PSE y el Gobierno, que permitió la aprobación de las cuentas para 2007, incorporaba un apartado, que sólo fue firmado con los partidos que apoyan al Ejecutivo, y que otorgaba una financiación extra de 53 millones de euros para los ayuntamientos. A cambio, el PSE se comprometió a respaldar el proyecto de ley de Aportaciones que saliera del Consejo Vasco de Finanzas. En este órgano, los acuerdos se toman por mayoría -el Gobierno dispone de tres votos y cada una de las tres diputaciones, uno-, aunque la tradición es que se haga por consenso. Sin embargo, en la reunión de octubre, Guipúzcoa y Álava ya discreparon del bloque formado por el Gobierno y Vizcaya, por el reparto de los impuestos especiales.