Los abogados de Roca fueron clave en el "saqueo", según el juez Torres
Los abogados del supuesto cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, colaboraron como testaferros a través de sus sociedades "en el saqueo y expolio del Ayuntamiento de Marbella" mediante el blanqueo de "fondos ilícitos" cometido durante más de una década, según aclara en un auto el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres.
El magistrado detalla que los bienes blanqueados alcanzaron una cifra astronómica: "La suma de cientos de millones de euros es el valor de los bienes que habrían blanqueado durante años al señor Roca", especifica el magistrado. Hasta seis letrados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, donde la Policía intervino 871.000 euros en efectivo, están imputados en el caso por blanqueo de capitales, entre ellos Manuel Sánchez Zubizarreta, que aún permanece en prisión al igual que Roca y el ex alcalde Julián Muñoz.
El juez otorga con toda rotundidad y contundencia la voz cantante al letrado aún encarcelado: "Manuel Sánchez Zubizarreta ha sido la persona que junto a Roca ha dirigido una estructura criminal destinada a obtener fondos de forma ilícita procedentes del Ayuntamiento de Marbella por las más diversas vías, ocultar esos fondos, reinvertirlos y en definitiva blanquearlos".
Roca, insolvente
Para lograr el blanqueo de estas elevadas cantidades de dinero, los letrados crearon un complejo entramado societario dirigido desde su gabinete jurídico, cuyos miembros aparecían como titulares y administradores de dichas sociedades, además de empleados del despacho u otras personas que carecían de cualificación para desempeñar estas funciones. Mientras tanto, el supuesto cerebro permanecía en la sombra. "Roca no tenía absolutamente nada a su nombre y se encontraba en estado de práctica insolvencia", detalla el auto.
Los abogados adujeron ante el juez que eran meros fiduciarios de Roca debido a que éste estaba inhabilitado para ejercer el comercio por la quiebra de una sociedad hace años. El juez desmonta su argumentación con su contundencia habitual: "Tratan de diferenciarse del testaferro en el sentido de que, además, realizan actos de gestión en las distintas sociedades, lo que teniendo presente el más que presumible origen ilícito de los bienes, sólo tiene un nombre: blanqueo de capitales". "La profesión de abogado no es una carta en blanco para cometer delitos", concluye el auto.
