Un debate sobre las propuestas de fondo de la política antiterrorista

El debate suscitado ayer entre el Gobierno y el PP en torno al Pacto Antiterrorista de diciembre de 2000 y la resolución parlamentaria de mayo de 2005 tiene como trasfondo las propuestas políticas que utiliza el PP para marcar distancias con el Gobierno en la estrategia antiterrorista que éste diseña para la nueva etapa.

Mariano Rajoy, al plantear la derogación de la resolución parlamentaria de mayo de 2005, lo que pretende es cerrar la puerta definitivamente a cualquier final dialogado con el terrorismo. En dicha resolución, apoyada por todos los partidos menos el PP e inspirada en el Pacto de Ajuria Enea, de 1988 -suscrito por todos los partidos democráticos- basó el Ejecutivo de Zapatero su diálogo con ETA. La cláusula básica era que el Gobierno abrirá el diálogo con la banda terrorista si da muestras inequívocas de abandonar la violencia.

El Gobierno, a los dos días del atentado terrorista de Barajas, adelantó que rompió este proceso de final dialogado del terrorismo y, por tanto, que la resolución parlamentaria de mayo quedaba anulada, sin efecto. De ahí que el Ejecutivo no considere necesaria su derogación.

Los portavoces del Gobierno han asegurado estos días que este proceso de final dialogado del terrorismo está acabado. Pero no se pronuncian de forma categórica sobre el futuro. "No se me alcanza", responde sistemáticamente el ministro del Interior cuando se le pregunta si, más adelante, podría haber un nuevo proceso si ETA proclama otro alto el fuego. Lo que sí han adelantado tanto el Ejecutivo como los partidos, a excepción del PP, es que la condición sería un cese definitivo de la violencia.

Apoyo esencial del PNV

En cuanto al Pacto Antiterrorista, el PP quiere reeditarlo, como estaba, cuando lo suscribió en 2000: sólo con el PSOE. Pero el Gobierno socialista lo quiere abrir a todos los partidos porque considera esencial el papel que puede jugar el PNV en la nueva situación política del País Vasco.

El Pacto Antiterrorista, de 2000, surgió como una respuesta de los dos partidos no nacionalistas -PP y PSOE- ante el Pacto de Lizarra -el acuerdo de los partidos nacionalistas vascos, apoyado por ETA, con exclusión de los no nacionalistas- en que se amparó la tregua de 1998-99.

El Gobierno coincide con el PP en que el Pacto Antiterrorista de 2000 fue muy eficaz al lograr el arrinconamiento de ETA, con la adopción de medidas policiales y judiciales -como la Ley de Partidos- que pusieron en jaque a la banda y su entorno. Pero el Gobierno cree, también, que hay que ampliarlo a otros partidos, como el PNV, porque la situación ha cambiado.

El PNV condena hoy la utilización de la violencia para lograr objetivos políticos y, junto con otros partidos, como Aralar, pueden contribuir al acoso de ETA y su entorno en esta nueva etapa.