Martín Berrocal, condenado a 30 meses de cárcel por fraude en ayudas al aceite

El Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén ha condenado al empresario taurino José Luis Martín Berrocal a dos años y medio de prisión por un delito de falsedad en documento público y otro contra la Hacienda pública, además del pago de una multa de 600.000 euros, por cobrar de forma ilegal más de 381.000 euros en concepto de subvenciones europeas a la producción de aceite de oliva. La defensa ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial la sentencia, que está por debajo de los cuatro años de prisión que pedían la Fiscalía y la Junta de Andalucía, que ejerció la acusación particular.

Martín Berrocal fue enjuiciado el pasado 29 de noviembre acusado de unos hechos que se remontan a la campaña olivarera 1996-97, cuando el conocido ganadero, de 74 años, ejercía el cargo de administrador único de cuatro empresas agrícolas ubicadas en distintas localidades de la provincia jienense, que gestionaban más de 200.000 olivos de regadío con una producción de aceituna superior al millón y medio de kilos por cosecha y que daban trabajo en cada campaña a unas 200 personas.

La sentencia del magistrado del titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén, José María Cañada Clé, considera probado que, a través de estas sociedades, Martín Berrocal expidió cuatro certificados falsos de molturación de aceituna con el fin de percibir la correspondiente subvención.

"Nunca pensé que podía haber irregularidades; yo me fiaba de mi gente al firmar los documentos", declaró durante el juicio el empresario, que destacó que, al tener conocimiento de las imputaciones que pesaban sobre él, consignó en el juzgado el importe de las cantidades cobradas de modo fraudulento.

Fueron inspectores del Estado y de la Junta de Andalucía los que incoaron el expediente sancionador contra las sociedades gestionadas por Martín Berrocal. Uno de ellos, Pedro Ángel Castellanos, inspector de la Agencia del Aceite de Oliva, dijo que constató la existencia de irregularidades al comprobar que no había orujo (residuo obtenido en la extracción del aceite de oliva) ni consumo de energía eléctrica con relación a la aceituna declarada por el condenado para optar a las ayudas comunitarias.

Por su parte, la defensa de Martín Berrocal sostenía que las certificaciones para optar a las ayudas europeas las expedía Aproliva (una asociación de productores de aceite de oliva) con los datos facilitados por las almazaras del propio Martín Berrocal, que vivía en Madrid y que apenas visitaba sus fincas en la provincia jienense. Respecto al orujo, indicaron que se empleaba como combustible en las calefacciones de una nave de cría de cerdos de la firma Hijos de Andrés Molina, colindante con las fincas olivareras.