Calderón da un golpe de mano en Tijuana

Apenas un mes desde su toma de posesión, el nuevo presidente de México, Felipe Calderón, ha enviado un contingente conjunto del Ejército y la Policía Federal a Tijuana, la capital del Estado con mayor índice de criminalidad y violencia del país. Y también la más corrupta. La primera medida adoptada ha sido desarmar y acuartelar a 2.300 policías de la ciudad. Tijuana es el mayor paso fronterizo con EE UU, con un movimiento diario de 250.000 personas, y un gran almacén de drogas, sobre todo cocaína, cuyo destino es el rico vecino del norte. La lucha contra el crimen organizado forma parte del combate contra una violencia que atenaza a América Latina, extendiéndose desde Centroamérica hasta Colombia y Brasil.

Los 2.300 policías de la ciudad fronteriza han sido desarmados y están acuartelados

Efectivos del Ejército mexicano y de la Policía Federal revisan vehículos sospechosos, registran viviendas de presuntos narcotraficantes y patrullan con tanquetas la ciudad de Tijuana (Baja California), en la frontera con Estados Unidos. El operativo conjunto puesto en marcha esta semana cuenta con apoyo aéreo y marítimo a los 3.300 soldados y policías enviados por el Gobierno federal del presidente Felipe Calderón.

"Nunca había vivido una situación en la que predomina la presencia del Ejército dentro de la ciudad. Es muy agresivo para la población", dice José Manuel Valenzuela, sociólogo e investigador del Colegio de la Frontera Norte. En general, los tijuanenses han acogido con relativa pasividad los retenes, las largas colas y las horas de espera en el coche, con la esperanza de que sirvan para mejorar las precarias condiciones de seguridad pública en la ciudad.

Una encuesta del Instituto de Estudios sobre la Inseguridad -una entidad independiente en cuyo consejo participan las universidades de mayor prestigio, la Confederación Patronal y otras organizaciones-, establece que Tijuana tiene la incidencia delictiva más alta de México por la actuación violenta de los sicarios del narcotráfico. "También se desarrolla en esta ciudad uno de los nodos de impunidad más relevantes para la actuación del cartel de los Arellano Félix", declara Eduardo Medina Mora, procurador [fiscal] general de la República y máximo] responsable en la lucha contra el crimen organizado.

Este tipo de operativos altera la vida cotidiana de cualquier urbe. Es difícil que la población se acostumbre a la presencia de uniformados fuertemente armados, de tanques y helicópteros. Militares y policías federales han instalado puestos de control en 15 puntos de la ciudad. "Es poco probable que caiga un pez gordo en un control callejero", señala, escéptico, José Manuel Valenzuela a la hora de evaluar la guerra contra el narcotráfico que ha declarado el presidente Calderón en sus primeras semanas de gobierno. El investigador del Colegio de México critica que el Gobierno estatal anunciara oficialmente una semana antes la llegada de las fuerzas federales a Tijuana. "Esto previno a los jefes de los delincuentes, que escaparon hace días".

El procurador general replica que el objetivo en Tijuana y Michoacán no es la captura de los grandes líderes de las organizaciones delictivas. "Sería impensable hacerlo con un enorme despliegue de fuerza. Cuando se busca detener a un jefe concreto se hace un operativo quirúrgico, muy discreto, con fuerzas especiales y con base a información de inteligencia", precisa Medina Mora. "Se trata de una estrategia de ocupación territorial, que involucra necesariamente a la autoridad local y a los ciudadanos".

Más allá de las críticas, Tijuana vive estos días una situación sin precedentes. Los 2.300 policías municipales han sido desarmados por el Ejército y están acuartelados. El arsenal está siendo cuidadosamente analizado por los expertos en balística para determinar si alguna de las armas en cuestión fue utilizada en actos delictivos. No es la primera vez que los cuerpos policiales de Tijuana están bajo sospecha.

En abril de 2002, los militares desarmaron a medio centenar de agentes de la Policía Ministerial, Municipal y funcionarios penitenciarios, que fueron detenidos y acusados de proteger al cartel de narcotraficantes de los hermanos Arellano Félix, conocido como el cartel de Tijuana. Hoy es todo un cuerpo policial en bloque el que está en la picota.

El procurador Medina Mora explica que los cambios estructurales en el mercado internacional de drogas, con la caída del consumo y del precio de la cocaína, y la captura de los principales capos del cartel de Tijuana, han provocado que las organizaciones criminales busquen nuevas fuentes de ingresos, como el secuestro y el robo de vehículos. "Está acreditado que una situación de este tipo no puede desarrollarse sin un esquema de tolerancia o protección de las autoridades", asegura Medina Mora.

"Los 350 ejecutados en la ciudad de Tijuana el año pasado, cerca de 550 en Michoacán, los miles de muertos en todo México, nos hablan claramente de una incapacidad gubernamental para enfrentar el poder del crimen organizado", comenta José Manuel Valenzuela, "pero también nos habla de la profunda infiltración de diversos organismos policiales e institucionales que se van volviendo parte del mismo proceso. Que todos los policías municipales de Tijuana estén implicados en esa dimensión de sospecha es más que elocuente".

Ante unos cuerpos policiales poco confiables, la apuesta del presidente Calderón parece clara: el Ejército toma las riendas de la lucha contra el crimen organizado. Es una apuesta arriesgada porque los militares tampoco están libres de culpa. El profesor Valenzuela recuerda el caso del ex zar antidrogas, Jesús Gutiérrez Rebollo, actualmente preso por complicidad con el cartel de Juárez. "Ni el Ejército es ajeno a la corrupción del narcotráfico".

Pero, ¿cómo es Tijuana, la ciudad de un millón y medio de habitantes que sirve de puerta de entrada a Estados Unidos a miles de emigrantes ilegales de México y Centroamérica? "La Meca de la delincuencia organizada". Así la ha definido el periodista Joaquín López-Dóriga, un veterano de la televisión mexicana. Como ciudad fronteriza es zona de paso de personas -unas 250.000 realizan cada día el cruce entre Tijuana y San Diego-, mercancías y drogas.

Un informe de la Procuradoría [Fiscalía] General de la República advierte que el narcotráfico ha logrado infiltrarse en los últimos tres años en instituciones públicas y privadas de Baja California. Señala el documento que Tijuana es uno de los principales puntos de arribo de droga desde distintos puntos de México, Centroamérica y América del Sur. El destino de la mercancía es Estados Unidos. Asimismo, según la investigación de la PGR, la ciudad fronteriza alberga unas 8.000 tienditas y picaderos donde se venden estupefacientes a pequeña escala.

El narcomundo se ha convertido en un referente de vida para muchos jóvenes, que implica a todas las clases sociales. "El poder y todos los elementos asociados a la presencia del narcotraficante le dan un prestigio social que no tenía hace algunas décadas. El narco salió del armario, y ya no es mal visto, ni tiene necesariamente un rechazo social o una proscripción", añade José Manuel Valenzuela. El reconocimiento social del narcotraficante se percibe, por ejemplo, en la ostentación de aquellos jóvenes que acuden a la disco con sus guardaespaldas. Son los hijos de narcos.