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El Consell sigue sin aportar la cuota autonómica de la LOE

El Estado inyecta 72 millones a Valencia para la nueva ley educativa

La batalla partidista por la aplicación el próximo curso de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) -tras la derogación de la reforma del último Gobierno popular- no ha hecho más que empezar. Mientras el portavoz socialista del área, Miguel Soler, denuncia al Ejecutivo valenciano del PP por "no presupuestar la cuota autonómica de 38 millones que le corresponde para aplicar la ley"; la Generalitat acusa al ministerio de "escatimar las inversiones en la Comunidad Valenciana". Aunque el Gobierno central ya ha inyectado 72 millones a Valencia para la primera fase de su implantación.

El Consell "no entiende las críticas a la falta de inversión de una ley que aún no se aplica"

En su balance, el responsable socialista afirma que "el presidente [Francisco] Camps incumple leyes como la LOE, no informa del dinero que recibe del Ejecutivo central y, ni mucho menos, pone la parte de inversión que le corresponde para aplicar la nueva ley educativa". Soler precisó: "No se sabe dónde están los 23 millones de euros que debía aportar la Generalitat para la LOE, ni los 44 millones que sí envió el Gobierno Central en 2006 para aplicar esta norma".

Sin embargo, Soler puntualiza que para 2007, "el Estado ha aportado ya 72 millones de euros, como se refleja en los Presupuestos Generales, mientras que en los Presupuestos de la Generalitat no se encuentran en ninguna partida los 38 millones de euros que le corresponde aportar".

El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, en su balance sobre la gestión del consejero Alejandro Font de Mora en 2006, llega a la conclusión de que con "Camps la educación pública se deteriora permanentemente". Y va más lejos. Soler califica de "nefasta" la política educativa del PP porque "ha conseguido liderar el incremento del fracaso escolar en España, que ha pasado de un 25,9% a crecer hasta el 34,1%". Se trata, a su juicio, de "un dato muy grave, que, además, condicionará el futuro de los jóvenes valencianos".

Soler atribuye estos resultados, entre otras razones, a por ejemplo, "la falta de plazas para educación infantil", que está 7 puntos por debajo de la media nacional; "la falta de apoyo en los colegios de primaria para atender a los niños con más dificultades de aprendizaje en áreas básicas"; o a "la falta de bibliotecas escolares y libros de lectura, gimnasios, zonas deportivas y equipamiento didáctico adecuado". A esto se suma, según Soler, "la escasa oferta de servicios educativos públicos en los nuevos barrios en expansión de las grandes ciudades y, sobre todo, en las tres capitales de provincia", donde ha habido una "privatización" galopante de la oferta de plazas, en detrimento de las públicas.

En la misma línea, Soler lista "otros factores que ejemplifican este deterioro educativo", como "la concentración del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje en los centros públicos, especialmente el alumnado de origen inmigrante o la tardanza en cubrir las bajas del profesorado".

Desde la Generalitat Valenciana, el secretario autonómico de la Consejería de Educación, Máximo Caturla, salió al paso de las críticas vertidas "por el representante ministerial, Miguel Soler" acusándole de "practicar una actitud rastrera de crítica mentirosa, olvidándose del puesto que ocupa [en la jefatura de la Alta Inspección central]".

Caturla sostiene que la LOE iniciará su aplicación el próximo curso 2007-2008 y que no ha sido hasta los últimos Consejos de Ministros del 7 y 29 de diciembre cuando se han aprobado los decretos de primaria e infantil, y el de enseñanzas mínimas de secundaria. "No se entienden pues las críticas a las inversiones para aplicar una ley que todavía no se puede aplicar", remató.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de enero de 2007