Los 60 inmigrantes que denunciaron una estafa siguen sin regularizar

Harresiak Apurtuz, la coordinadora que agrupa a las principales organizaciones de apoyo a inmigrantes, acudirá al Parlamento ante la "pasividad" de los jueces y el Gobierno central en el caso de los 60 inmigrantes de Bilbao estafados durante el proceso de regularización Un año después de que presentaran sus denuncias, los inmigrantes siguen en situación irregular, pese a que la Ley de Extranjería prevé la regularización en estos casos. De los siete supuestos estafadores, entre ellos dos abogadas, ha sido procesada una asesora.

Los inmigrantes pagaron una media de 1.000 euros a supuestos empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo durante el proceso de regularización extraordinaria del pasado año, por lo que la estafa global ronda los 60.000 euros. Se formalizaban contratos para empresas inexistentes sin medios materiales ni recursos y que se constituyeron días antes del inicio de la regularización. Los hechos fueron confirmados por el Cuerpo Nacional de Policía, que trasladó los datos a los juzgados.

La investigación permitió descubrir cuatro redes de fraude: dos encabezadas por sendas abogadas que contaron con la ayuda de dos socios cada una; la tercera, por una asesora, y la cuarta, una falsa ONG que abrió una oficina y desapareció.

Harresiak Apurtuz, la coordinadora vasca de ONG de apoyo a los inmigrantes, que fue la que alertó de este fraude, lleva un año de peregrinaje por juzgados e instituciones para resolver el caso. Hasta hace unos meses, confiaba en que al menos sirviera para regularizar la situación de los más de 60 afectados, como recogen los artículos 31 y 45 de la Ley de Extranjería para los caos en que se denuncien ilegalidades. La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya mostró a principios de este año "buena disposición" a resolverlo.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y la Subdelegación, según señala Harresiak Apurtuz, no ha adoptado ninguna medida con el argumento de que no era su competencia. Hace unos meses, la coordinadora tuvo conocimiento de una resolución del Ministerio de Trabajo, del 23 de junio, que deja en manos de las subdelegaciones la potestad de regularizar a inmigrantes que colaboren con las autoridades. "Contactamos de nuevo con la Subdelegación y entonces nos dijo que no podía hacer nada, porque el tema está en los tribunales. Fueron ellos los que nos instaron a acudir a los juzgados y ahora nos dicen que hay que esperar a la resolución judicial. Esto es kafkiano", señaló el abogado de la entidad.

La coordinadora criticó que la Subdelegación no haya promovido ninguna investigación y que la Inspección de Trabajo se inhibiese en favor de la Fiscalía y ésta "no ha intervenido en una sola declaración ni ha pedido una sola prueba". Las quejas se extienden al Colegio de Abogados, que no ha adoptado ninguna medida cautelar contra las dos letradas implicadas.

Sólo uno de los cuatro juzgados encargado de estos casos ha procesado por estafa a una asesora, Carla Sandra Santos, que recibió 7.550 euros de nueve inmigrantes. Harresiak Apurtuz señaló que esta persona se ha marchado de Vizcaya, pero los otros implicados siguen trabajando con extranjeros.

La Dirección de Inmigración del Gobierno consideró ayer "incomprensible" que el Ejecutivo central no solucione "la situación de personas que no han hecho, sino cumplir con la legalidad" y respaldó la petición de acudir al Parlamento vasco. Un portavoz de la Subdelegación se limitó a decir: "No queremos hacer ninguna valoración".