El tirano impune

Ahora que Augusto Pinochet ha muerto, y que la nostalgia efímera de una minoría ha logrado transmitir al mundo imágenes de un tiempo ya pasado, es fácil advertir que las razones más cercanas para la ausencia de una sentencia condenatoria del ex dictador, tan siquiera una sola, se remontan en parte a siete años atrás: el 14 de octubre de 1999.

Ese día, el embajador chileno Pablo Cabrera, en nombre del Gobierno de Eduardo Frei, entregaba en el Foreign Office una carta dirigida al ministro del Interior del Reino Unido, Jack Straw. En ella, el Gobierno chileno solicitaba la liberación de Pinochet por razones de salud, según una iniciativa del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés. El ex dictador llevaba un año bajo arresto domiciliario en Londres como resultado de una orden de arresto internacional cursada por el juez Baltasar Garzón. Tanto los jueces de la Cámara de los Lores (equivalente al Tribunal Supremo) como el magistrado a cargo del procedimiento de extradición, ya habían sentenciado que la entrega de Pinochet a las autoridades españolas era conforme a derecho.

Fue Straw, tras una decisión política de Blair, quien dirigió la puesta en escena de la liberación de Pinochet

"En todas las luchas políticas hay excesos, así que es posible que yo haya tenido excesos", dijo PinochetEl regreso de Pinochet a Chile reactivó centenares de causas y a jueces a investigar los crímenesAl tiempo que atacaba el 'cáncer marxista', Pinochet se lanzó a combatir la inflaciónFriedman dijo que 1982 fue el año del 'milagro' chileno, pero éste perdió fuelle al caer el precio del cobre

El juez encausó a Pinochet como autor-inductor en los 75 crímenes de la Caravana de la Muerte

Un equipo de expertos dijo que Pinochet padecía un deterioro moderado-severo de funciones

Straw: "Si no hubiese sido por su patente incapacidad, hubiera sido extraditado a España"

"Yo sospeché desde el primer momento que Pinochet estaba simulando", dijo el entonces juez Guzmán

El 8 de agosto de 2000, la Corte Suprema despojó de su fuero, por 14 votos contra 6, a Pinochet

La defensa tenía capacidad para colocar a la justicia en el laberinto y la edad como recurso final

"El Gobierno de Chile hace presente respetuosamente que la tensión nerviosa derivada de la comparecencia en un juicio de la naturaleza contemplada en España tendría consecuencias desastrosas sobre la salud del senador Pinochet y, en cualquier circunstancia, sería injusto y opresivo ordenar su extradición con tal propósito. Por tanto, sería apropiado que el ministro, teniendo en cuenta consideraciones humanitarias y de compasión, ordenara la puesta en libertad del senador Pinochet para que pueda regresar a Chile", decía la nota oficial. La misma era acompañada por una copia de varios exámenes médicos.

Para reforzar su petición, el escrito advertía a Straw de que tuviera en cuenta "la posición del Reino de España respecto al tema de la salud del senador Pinochet. El Gobierno español ha informado al Gobierno chileno que respetará cualquier decisión que determine el proceso legal o que tome el Gobierno británico en consideración de razones humanitarias de detener la extradición a España y permitir su retorno a Chile".

Esa nota había sido precedida siete días antes, el 7 de octubre de 1999, por la entrega de una carta personal del presidente Eduardo Frei al primer ministro británico Tony Blair. "El fallecimiento de Pinochet en Londres podría provocar un daño al proceso de transición e interferir en el proceso de reconciliación", señalaba el presidente chileno.

Fue Straw quien, tras una decisión política de Blair, dirigió la puesta en escena de la liberación de Pinochet, ya que correspondía al ministro del Interior resolver sobre la extradición. El 5 de noviembre de 1999, Straw comunicó a la defensa de Pinochet la solicitud del Gobierno chileno y preguntó si el ex dictador estaría dispuesto a someterse a un examen riguroso a cargo de un "médico o médicos de renombre internacional". Al tiempo, en una carta al Gobierno chileno, avisó: "Para justificar un curso excepcional [interrumpir el procedimiento y dejar en libertad a Pinochet], el ministro necesitará definir la situación del estado de salud del senador Pinochet".

Un equipo de expertos designado por el Ministerio del Interior consideró que Pinochet padecía de un deterioro moderado / severo de funciones más allá de lo que correspondía a su edad. Pero el veredicto final lo dictó una consultora que no formó oficialmente parte del equipo y cuyo dictamen fue añadido al informe general como anejo. "No hay pruebas de que el general Pinochet sea capaz de afrontar las complejidades legales de un juicio", concluyó la doctora María Wyke.

El 2 de marzo de 2000, poco después de que el avión de Pinochet despegase de suelo británico, Straw se dirigía a la Cámara de los Comunes. "No se me escapa que la consecuencia práctica de rechazar la extradición del senador Pinochet a España es que probablemente él no será juzgado en ninguna parte, herida que inevitablemente sentirán aquellos que sufrieron la violación de los derechos humanos en Chile durante el pasado, así como sus familiares. Si no hubiese sido por la patente incapacidad del senador para someterse a juicio, siempre según el resultado del recurso de amparo por él presentado, hubiera sido extraditado a España. Pero a la vista de las pruebas sobre sus condiciones de salud he llegado a la conclusión de que un juicio contra él por las acusaciones que se le hacen, aun siendo deseable, simplemente ya no era posible".

"Yo sospeché desde el primer momento que Pinochet estaba simulando. Por esta razón, cuatro días después de regresar a Santiago, solicité la anulación del fuero parlamentario que le protegía para tomarle declaración y eventualmente imputarle por su participación en los asesinatos y secuestros del caso Caravana de la Muerte", explicó el pasado miércoles 13, en una conversación con este periódico desde Santiago, el entonces juez Juan Guzmán.

Pero Pablo Rodríguez, abogado de Pinochet, antiguo dirigente del movimiento fascista Patria y Libertad en los años setenta del siglo pasado, sabía que tenía un arma letal entre las manos, aquella que le había servido la decisión del Gobierno británico. Rodríguez recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para que se sometiera a su cliente a exámenes médicos antes de que se procediera al desafuero. Según señaló en su escrito, el equipo médico británico sostenía que el general no estaba en condiciones de ser sometido a juicio. En todo caso, la estrategia de Rodríguez era ganar tiempo. Y aunque ésta es una regla de oro en el derecho penal, el caso de su paciente, con 84 años de edad, lo pedía a gritos.

"Es verdad que el juez Guzmán no se creyó desde el comienzo la película de Pinochet. Pero la defensa utilizó a fondo un argumento que venía avalado por el Reino Unido. Pablo Rodríguez sabía que en cierto momento, quizá no a la primera, pero sí más tarde, el argumento terminaría por calar", explicó a este periódico la abogada de derechos humanos Carmen Hertz, actual embajadora de Chile en Budapest.

Por aquellos mismos días, el 11 de marzo de 2000, Ricardo Lagos asumía la presidencia de Chile. José Miguel Insulza, su ministro del Interior y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), tenía una idea precisa de los límites en los que se movería el flamante caso Pinochet, según se lo explicó a sus colaboradores. El ex dictador sufriría la pérdida de su fuero parlamentario, y punto. Para Insulza, uno de los políticos más realistas y pragmáticos de Chile, ir más allá de ese acto simbólico equivalía a un sacrilegio.

El 7 de abril de 2000, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por 11 votos contra 10 ordenar exámenes médicos antes de definir si cabía o no cancelar el fuero de Pinochet. Y el 23 de mayo, la Corte, por 13 contra 9, resolvió cancelar el fuero de Pinochet. La defensa recurrió inmediatamente ante la Corte Suprema y redobló la solicitud de exámenes médicos.

El 25 de julio, los supremos, como se les llama en Santiago, rechazaron la petición por 11 votos contra 9. Y el 8 de agosto, la Corte Suprema hizo público el fallo sobre el fondo: Pinochet era despojado de su fuero por 14 votos contra 6.

Los jueces lores habían anulado en el Reino Unido su inmunidad; los jueces chilenos le quitaban ahora el fuero parlamentario. Pero esta última decisión sólo afectaba a un caso: la Caravana de la Muerte. Habría que repetir el mismo procedimiento en las más de 300 causas que aguardaban al ex dictador, y luego, ya en la instrucción de las mismas, resolver las apelaciones sobre procesamientos y otras decisiones, en la Corte de Apelaciones y más tarde en la Corte Suprema. En otras palabras, la defensa de Pinochet tenía capacidad para colocar a la justicia en el laberinto y la edad como recurso final. Era el proceso de Kafka al revés. El ex dictador y sus abogados se garantizaban la extinción de facto, en vida, de las responsabilidades penales.

El juez Guzmán, dada la avanzada edad de Pinochet, estaba obligado por ley a ordenar exámenes médicos antes de tomarle declaración. Por fin, después de un auto de procesamiento anulado, los exámenes tuvieron lugar a mediados de enero de 2001. El dictamen pactado por los médicos oficiales y los peritos adjuntos designados por el juez acordaron un diagnóstico de "demencia subcortical de origen vascular de grado leve a moderado". Pero en el dictamen escrito elevado al juez, elaborado a espalda de los peritos adjuntos, la demencia había pasado a ser de "severidad moderada".

El 23 de enero de 2001, el juez Guzmán pudo comprobar que sus sospechas no eran infundadas. Pinochet estaba en condiciones de seguir las preguntas, responderlas y consultar con sus abogados. Y tras la declaración decidió que Pinochet había participado, en calidad de autor-inductor, en los 75 crímenes de la Caravana de la Muerte.

Aquí, en este campo, se jugaría, aparentemente, el partido. El abogado Pablo Rodríguez solicitó en un recurso el sobreseimiento temporal. Si bien, razonaba, el Código de Procedimiento Penal chileno considera razones eximentes de la responsabilidad la demencia o locura de una persona, al tiempo no establece el grado de demencia. Era necesario, pues, considerar el concepto de demencia en sentido "técnico".

Los rumores apuntaban a un fallo de dos en contra del recurso y uno a favor, lo que sería anunciado el 3 de julio de 2001. Pero dos días antes, Pinochet fue internado en el Hospital Militar. La sala de la Corte de Apelaciones aplazó su veredicto. Finalmente, los jueces lo anunciaron el lunes 9 de julio. Sorpresa, sorpresa. Dos a favor de Pinochet, uno en contra. La magistrada Amanda Valdovinos cambió su decisión y formó mayoría con Cornelio Villaroel, contra el juez Hugo Dolmestch.

A partir de este fallo, en todos los procedimientos contra Pinochet se repitió el mismo patrón de conducta. Pinochet ya las tenía todas consigo. El 4 de julio de 2002, con ocasión de un viaje del ex dictador a Iquique, una periodista del diario El Nortino preguntó a Lucía Hiriart, la esposa de Pinochet:

-¿El general ha viajado a Iquique por decisión personal?

-Por supuesto, pues, linda. ¿Cómo no va a ser por decisión personal si él es dueño y señor de decidir? ¿Usted no creerá esa estupidez de que está loco o demente?

La gente leyó en la capital chilena la información, que fue objeto de comentarios jocosos, y los jueces fueron avisados, pero no tuvo efectos. Con todo, la omnipotencia jugó una mala pasada al general.

Fue con ocasión de cumplir los 88 años, el 25 de noviembre de 2003. Ese día concedió una entrevista al canal de televisión WDLP-22 de Miami, donde contestó con normal lucidez las preguntas de la periodista.

"En todas las luchas políticas del mundo hay excesos y hay gente que no se controla, así que es posible que yo haya tenido excesos", explica Pinochet. "Perdón, ¿de qué?, ¿de qué íbamos a pedir perdón?, ¿de que íbamos a transformarnos en otra Cuba? Perdón deberían pedirme ellos a mí... La justicia no ha sido justa. Ahora estoy esperando que la justicia divina actúe", agregó, no sin antes admitir que gozaba de buena salud.

La entrevista fue una provocación. Los jueces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema revisaron en los nuevos casos contra Pinochet sus decisiones sobre el estado de salud. Los procesamientos comenzaron a multiplicarse. Pero las dilaciones procesales aplazaban las sentencias.

"Creo que el juez Alejandro Solís, que instruye el caso de los detenidos del campo de concentración de Villa Grimaldi, era quien más cerca de condenar a Pinochet estaba. Solís condenó a Manuel Contreras [ex jefe de la DINA, la policía secreta del dictador] y se aprestaba a hacerlo después de procesar a Pinochet por su participación en el delito de torturas. Pero le faltó tiempo. Pinochet debía haber vivido un año más como mínimo para una sentencia condenatoria de primera instancia del juez Solís", explica a EL PAÍS Alfonso Insunza, un abogado de 62 años que ha pasado 30 en diferentes causas, la del asesinato del español Carmelo Soria, entre otras. "Le faltó un año...", insiste.

El juez Guzmán estima que las dilaciones procesales explican sólo una parte de la incapacidad para condenar a Pinochet. "Faltó voluntad jurisdiccional. Los jueces fueron cómplices de Pinochet durante la dictadura, al rechazar más de 10.000 hábeas corpus. Siempre me pareció que Pinochet jamás sería condenado. Cuando lo intenté y me encontré con un muro infranqueable en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema resolví, a mediados de 2005, solicitar el retiro".

Con todo, el regreso de Pinochet a Chile en marzo de 2000 reactivó centenares de causas y lanzó a varios jueces en la investigación de los crímenes. "Es verdad que faltó una sentencia condenatoria. Pero tampoco es cierto que Pinochet murió como Franco. Durante los seis años que pasó tras su arresto en Londres, el muro de impunidad política y social de la que gozó siempre se derrumbó", aseguró a este periódico Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, tras su reciente visita a Chile.