Las becas se ajustarán al coste de la vida de cada territorio

El Parlamento aprobó ayer, sólo con el PP en contra, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que abunda en la autonomía universitaria y a cambio exige que se rindan cuentas a la sociedad, según resumió la ministra Mercedes Cabrera. Todos los grupos apoyaron una enmienda de IU-ICV para que el Gobierno tenga en cuenta el coste de la vida en cada lugar al conceder las becas. Lograron el compromiso del Gobierno, y éste, el apoyo a la ley.

Para conseguir el sí de los nacionalistas catalanes y vascos ha sido necesario retirar primero el recurso contra las leyes de universidades de ambas comunidades, pero aún queda el reparto y la gestión de las becas. IU-ICV propone en una transacional apoyada por todos los grupos que el Gobierno tenga en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2001, en la que se decía que la cuantía de las becas debía tener en cuenta las diferencias socioeconómicas de los territorios.

Tanto ERC como IU han condicionado futuros apoyos a la ley que se aprobará por marzo, a que la convocatoria de becas de enero recoja de alguna manera estas diferencias. "Es importante que el coste de la vida en algunas ciudades tenga un reflejo en la cuantía de las becas. A ello se ha comprometido el ministerio, aunque está por determinar la forma cómo se hará. Cabe la posibilidad de que haya una convocatoria general de becas para todos y luego se complemente, se reajuste, según donde el alumno estudie", explicó Carme García, de IU-ICV.

"Es injusto que los umbrales de renta se fijen por igual en todos los territorios porque en algunos el coste de vida es más alto", dijo la diputada de Esquerra Republicana Laia Cañigueral. "Hay que corregir umbrales y cantidades porque en Cataluña tenemos un 12% de estudiantes y sólo el 9% de las becas", añadió.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, manifestó ayer que la sentencia del TC se traducirá en el decreto de convocatoria de becas y su voluntad de tener en cuenta las opiniones de los grupos parlamentarios, pero dijo que "se debe garantizar la igualdad de acceso de todos los alumnos a las becas, que las disfrutan individuos concretos, no territorios concretos".

Los nacionalistas se mostraron contentos por esta reforma que, a su juicio, es menos invasiva con las competencias autonómicas respecto a la aprobada en su día por el PP. La reforma recoge que los alumnos o profesores que se incorporen a una universidad en territorio con lengua cooficial tengan garantizado el conocimiento de esta lengua. "Puede hacerse mediante cursos, eso permitirá a los estudiantes poder dirigirse al profesor en catalán o hacer los exámenes en catalán, por ejemplo", resumió Laia Cañigueral.

Profesores

El acceso al funcionariado de los profesores, entre otras cosas, no permitió el voto favorable del PP. Los populares proponen que los candidatos que acrediten méritos académicos suficientes pasen una prueba nacional antes de optar a las plazas para profesor funcionario que se convoquen en las universidades, algo "con lo que están de acuerdo muchos y buenos profesores de la universidad", dijo ayer el portavoz popular de Educación en el Congreso, Eugenio Nasarre.

Pero la ley sólo prevé una acreditación de méritos y deja manos libres a las universidades para que organicen la cobertura de las plazas a funcionarios, un extremo que inquieta a muchos profesores, que temen que, de ese modo, continúen los casos de endogamia que han nublado la mejorada imagen de la universidad española. Estas son otras de las novedades que introduce la reforma aprobada ayer:

- Estatutos. La ley prevé la redacción de estatutos en los que se definirá la carrera profesional de los profesores. Estudiantes e investigadores tendrán también su propio estatuto.

- Rector. Cada universidad decidirá si el rector es elegido por sufragio universal o bien por el claustro de profesores.

- Conferencia Sectorial. El Consejo de Coordinación Universitaria se dividirá en dos. El ministerio trabajará con los rectores en el Consejo de Universidades y con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial.

- Investigación. Los profesores investigadores podrán pedir excedencias de cinco años para seguir investigando en una empresa.

- Universidades privadas. Las decisiones estrictamente académicas deberán adoptarse en órganos con representación mayoritaria del personal docente e investigador.

- Igualdad. Los órganos de representación y gobierno de las universidades públicas y privadas deberán elegir a sus representantes de forma equilibrada entre hombres y mujeres. Se excluye al equipo de gobierno (rectores y vicerrectores) de esta obligación.

- Registro de títulos. El ministerio diseñará las directrices para cada rama del saber (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura, en principio, aunque pueden ser más). Cada universidad definirá después los planes de cada carrera ateniéndose a esas directrices. Tras ser aprobadas por el Gobierno y las comunidades, engrosarán el Registro de Titulaciones a medida que se vayan creando.