El Supremo israelí autoriza los asesinatos selectivos

El cumplimiento de la legalidad internacional nunca ha sido el fuerte de Israel. Y desde ayer una polémica y ambigua sentencia del Tribunal Supremo añade más leña al fuego. El Supremo estableció, tras cuatro años de dilaciones procesales y centenares de ejecuciones extrajudiciales en las que han perecido al menos 129 inocentes, que los asesinatos selectivos de milicianos son legales en en determinadas condiciones.

"La detención, investigación y juicio son medios que no siempre pueden ser utilizados. A veces esa posibilidad no existe y supone un serio riesgo para la vida de los soldados (...). Por ello se ha decidido que no todo asesinato selectivo está prohibido según la normativa internacional, como tampoco todo asesinato está permitido por esa ley", afirma la sentencia.

El Supremo -que considera que los milicianos son civiles que no gozan de la protección de las normas internacionales si se implican en las hostilidades- fija ciertas cautelas que, no obstante, dejan las manos libres al Gobierno de Tel Aviv y al Ejército.

La ejecución extrajudicial deberá atenerse, según la Corte, a varios criterios: el Ejército tendrá que contar con información convincente respecto a la actividad armada del presunto militante; el civil que tome parte en las hostilidades no puede ser atacado si pueden emplearse métodos que causen daños menores; debe realizarse una investigación independiente después del ataque para determinar la precisión y el objetivo fijado, y los daños causados a inocentes civiles deben ser proporcionales. Es decir, todo queda al arbitrio de las Fuerzas Armadas.

"Ejecuciones extrajudiciales"

Las reacciones al fallo del tribunal fueron de lo más divergente. La diputada del partido izquierdista Meretz Zahava Galon lamentó que el Tribunal Supremo "no prohíba las ejecuciones extrajudiciales", y añadió que los denominados asesinatos selectivos suponen aplicar una política "que lucha con terror contra el terror. Es ridículo pensar que el Ejército hará caso de las recomendaciones del tribunal".

Yuval Steinitz, parlamentario del derechista Likud, justificó plenamente la decisión. "La obligación de defender a los israelíes prevalece sobre todas las demás obligaciones, incluyendo las que se refieren a los ciudadanos de un Estado enemigo o de la Autoridad Palestina".

A los legisladores árabes-israelíes no les sorprendió la sentencia. "Es la continuación", afirmó Ahmed Tibi, "de una posición que desde 1967 autoriza la expulsión, la expropiación y los asesinatos".

Es una práctica habitual desde que estalló la segunda Intifada, en septiembre de 2000. Desde entonces, según varias organizaciones de derechos humanos hebreas, en operaciones de la aviación o de comandos especiales, han sido asesinadas 339 personas, 210 presuntos milicianos y 129 civiles inocentes.