La primera ley que honra a los represaliados por Franco salva el principal escollo en el Congreso

La trágica historia española y mundial del siglo XX removió ayer los escaños del Congreso. Por primera vez desde que se recuperó la democracia, una ley que busca honrar la memoria de los represaliados del franquismo entró en el Parlamento promovida por el Gobierno y superó el primer trámite, el debate de totalidad, gracias al apoyo de CiU y PNV.

Tras casi tres horas de intenso y vibrante debate, sin bronca en los escaños, con formas suaves pero enormes discrepancias de fondo, quedó claro que todos los grupos, menos el PP, consideran imprescindible una ley de este tipo, pero también todos los grupos, menos el PSOE, están en contra de la fórmula que ha propuesto el Gobierno para honrar a las víctimas, y quieren ir más lejos. PP, ERC e IU-ICV vieron derrotadas sus enmiendas a la totalidad, pero las posturas contradictorias entre todos los socios del Gobierno auguran un largo y complejo recorrido parlamentario.

El PP rechaza con dureza la norma por "hipócrita" y dice que crea "un tribunal de la Inquisición de la memoria oficial"

CiU y PNV apoyan la tramitación, pero todos los grupos, incluido el Mixto, critican la fórmula del Gobierno

Torres Mora: "El único barro que quieren mover es el que cubre la tumba de sus familiares"

ERC e IU-ICV reclaman equiparar España a países como Alemania, Italia o Chile

ERC e IU-ICV piden la anulación de juicios y De la Vega defiende que la ley va "más allá" con un reconocimiento oficial

El Ejecutivo quiso otorgar la máxima relevancia al debate. Intervino la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, aguantó casi sin moverse las tres horas de debate. Su abuelo, militar republicano fusilado, fue protagonista involuntario del debate. En el PP, por contra, hubo muchas ausencias, justificadas por el fallecimiento de la ex ministra Loyola de Palacio.

El interés personal y político del presidente por uno de los asuntos más polémicos de la legislatura quedó claro porque habló con casi todos los intervinientes que pasaban por su lado, y también con Alfonso Guerra, especialista en estos asuntos. "Es injusto lo que estáis haciendo. Es la primera vez que un Gobierno hace un esfuerzo como este, deberíais apoyarnos", le dijo Zapatero en la escalera a Joan Herrera, portavoz de IU-ICV, muy duro con la ley. El diputado le contestó reclamando un esfuerzo al Gobierno para mejorar la ley y así sumar a su grupo.

ERC e IU-ICV centraron el debate en la historia de España y en la comparación con la forma en que otros países -Alemania, Italia, Argentina, Chile, Camboya- han resuelto las secuelas de una dictadura. Pero enseguida se vio que el punto central es la fórmula elegida para recuperar la dignidad de los represaliados: un tribunal de cinco notables que hará una declaración moral, sin valor jurídico, de la injusticia cometida con la víctima. Este honor, que tendrán que reclamar las víctimas o sus familiares, será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

De la Vega defendió con ardor esa fórmula, que ayer sólo ella y el portavoz del PSOE apoyaron: "La ley pretende saldar una deuda, la de la injusticia. Una deuda que, como sociedad, tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual. Queremos restaurar el honor y la dignidad que se les debe a quienes sufrieron persecución", sentenció la vicepresidenta.

La principal impulsora de la polémica reforma, que se ha retrasado más de un año, tuvo que enfrentarse a un fuego cruzado. Mientras ERC e IU-ICV reprochaban la "decepción" que supone el hecho de que no se anulen o revisen los juicios contra los represaliados del franquismo, algo a lo que se sumaron, de una u otra manera, todos los demás grupos, incluidos CiU y PNV, el PP descalificó con dureza el planteamiento.

Manuel Atencia, portavoz de los populares y ex miembro de la UCD, explicó, por si acaso, que su grupo "no se siente heredero de nadie más que de la Transición", y se mostró dispuesto a mejorar pensiones y derechos de las víctimas, pero lanzó una carga directa contra el corazón de la ley, el tribunal de notables para honrar a las víctimas. "Se reconoce a un consejo carente de carácter jurisdiccional capacidad para juzgar actuaciones del pasado prescritas y juzgadas. Es un tribunal de la inquisición de la memoria oficial".

"La ley es falsaria e hipócrita, porque se disfraza de iniciativa de concordia lo que en realidad no es sino un paso más en la estrategia de ruptura del gran pacto de convivencia entre los españoles que fue la Transición y la Constitución", señaló entre grandes aplausos.

Atencia ridiculizó todos los preceptos de la ley. Especialmente la creación de un Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, proyecto apoyado por todos los demás grupos. El diputado cordobés lo comparó con el Ministerio de la Verdad que imaginó George Orwell en su libro 1984, en el que ideó la figura del Gran Hermano.

"La ley busca nominalmente suprimir la división, pero la propia existencia de la ley significa un factor de división y de enfrentamiento. Habla de reconciliación y de concordia, pero eso, señorías, no tiene nada que ver con remover el barro", insistió.

El socialista José Andrés Torres Mora, que ha relevado en el último momento y para sorpresa del grupo a Ramón Jáuregui, hasta ahora ponente y principal difusor de la ley por toda España, logró levantar a sus compañeros de sus asientos al contestar a Atencia. "Señores del PP, ¿en qué les ofende que se facilite a las personas que lo desean el derecho a buscar los huesos de sus padres, de sus abuelos y enterrarlos en un lugar digno? Ése es el único barro que quieren remover esas personas, el barro que cubre la tumba de los huesos de sus familiares. ¿En qué les molesta que se produzca un reconocimiento individual de que esas personas fueron asesinadas injustamente? Qué España más extraña. No la reconozco aquí", clamó.

Para reforzar esta idea, Torres Mora, hombre de confianza absoluta de Zapatero, ex jefe de gabinete del presidente, recuperó el mito griego de Antígona, que murió por desafiar el edicto del rey Creonte y enterrar a su hermano Polinices, condenado a ser pasto de los buitres. "Señorías, han pasado 2.500 años desde que se escribió la historia de Antígona y la humanidad la ha representado muchas veces. Esta mañana podemos elegir libremente qué personaje queremos ser, si Antígona o Creonte", clamó.

Joan Herrera, de IU-ICV, señaló que España es el país "más desmemoriado de Europa" a pesar de sufrir 40 años de dictadura. Y reclamó la nulidad de los juicios, como en otros países que sufrieron represión. De la Vega le contestó que el proyecto del Gobierno "va más allá" porque al existir un reconocimiento moral, no jurídico, sirve para los que fueron represaliados sin juicio, asesinados sin más, enterrados en una cuneta. Herrera apeló a sus 35 años. "Soy de los nietos, y mi generación y la que viene después han pasado por la escuela sin estudiar y sin saber lo que fue la lucha antifranquista. Eso sería imposible en Francia, en Alemania, en Portugal...".

Joan Tardá, de ERC, hizo un discurso centrado en las grandes tragedias españolas y mundiales del siglo XX, muy medido y aplaudido por varios diputados. Pero con su coletilla final indignó al Gobierno. "Usted, señor presidente, a nuestro entender, debería desear que dentro de 70 años un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con que usted citó el testamento político de su abuelo fusilado. Pero esto solo será posible si la ley se adecua a los derechos humanos".

Le contestó Torres-Mora: "El abuelo del presidente, en el presente horrible de quien va a ser asesinado y lo sabe, supo ver ese presente con ojos de futuro y de concordia, y dijo: 'Mero inocente y perdono'. Hoy usted mira el presente de España con ojos de pasado. Lamento mucho que utilice la memoria del abuelo del presidente, que sufrió injusticias en el 36 y hoy las ha vuelto a sufrir, y es penoso que sea en nombre de ERC".