Europa aprueba un ambicioso sistema para el control de los productos químicos

Por la aplastante mayoría de 529 votos contra 98, y 24 abstenciones, el Parlamento Europeo dio ayer luz verde al procedimiento para controlar unas 30.000 sustancias químicas producidas o importadas por Europa. La UE tendrá a partir de ahora "la más ambiciosa legislación mundial sobre productos químicos", según el eurodiputado socialista Guido Sacconi, ponente del plan. Ecologistas, sindicatos e izquierda europea echaron agua al vino triunfalista al destacar que seguirán en el mercado productos muy peligrosos y lamentar que no haya obligaciones temporales para su sustitución.

En la terminología comunitaria los compuestos químicos se dividen en antiguos, anteriores a 1981, y existentes, los creados con posterioridad. Aunque estos nuevos, estimados en unos 4.300, están sometidos a pruebas de relativa solvencia, la mayoría no fueron en su momento sometidos a tales provisiones. A esa falta de conocimiento pretende responder la nueva legislación comunitaria, llamada REACH como acrónimo en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos. La idea nació a finales de los años noventa desde el entorno de medio ambiente, pero cuando la Comisión presentó su primer borrador en 2003 ya era evidente que la industria no iba a ser sujeto paciente.

REACH da la puntilla a 40 ordenamientos legales comunitarios y crea un sistema único para registrar y comercializar todas las sustancias químicas que circulen por la Unión en cantidades superiores a la tonelada anual. En un mundo donde los productos químicos son omnipresentes (plásticos, textiles, productos de limpieza, pinturas, conservantes y colorantes) se estima que unos 30.000 serán los afectados por un nuevo régimen que obliga a su registro en una oficina que funcionará en Helsinki desde junio de 2007.

Muy peligrosos: 1.500

La mayoría de los productos son inocuos o de seguridad contrastadas (de aguas minerales a cementos) para lo que bastará el registro para que circulen por la UE. Son unos 10.000 los dignos de atención (compuestos tóxicos agudos, los que afectan a piel y pulmones, sustancias inflamables o explosivas) que deberán ser evaluados para determinar sus características, mediante análisis sobre su seguridad que deberán realizar sus fabricantes antes de que sean autorizados. Entre ellos, son muy peligrosos unos 1.500 (cancerígenos, mutágenos, sustancias que afectan a la reproducción, sustancias bioacumulables persistentes, o creadores de trastornos del sistema endocrino) en cuyo núcleo de altamente peligrosos hay 180. Gunter Verheugen, vicepresidente de la Comisión, adelantó ayer que no todos los 1.500 peligrosos superarán el proceso de autorización.

El reglamento obliga a los fabricantes e importadores a sustituir los productos muy peligrosos por otros si existan alternativas o comprometerse a investigar para dar con ellas. Estos productos podrán seguir comercializándose y usándose sólo sometidos a especiales medidas de seguridad. Los 30.000 productos deberán estar registrados en Helsinki en un plazo de 11 años desde a contar a partir de julio mediante un calendario escalonado que impone urgencia a los productos más peligrosos o que se producen en mayores cantidades: Tres años para los de más de mil toneladas; seis años para los que oscilan entre las 100 y las mil, y 11 años para los fabricados o importados en cantidades inferiores a las 100 toneladas anuales.

Stavros Dimas, comisario de Medio Ambiente, celebró el acuerdo parlamentario logrado por populares, socialistas y liberales y subrayó que "los beneficios para la salud, el medio ambiente y la economía superarán con mucho a los costes".

Por su parte, Sacconi respondió a la pregunta de quién había sido el verdadero ganador diciendo que "si se le pregunta a la industria dirá que los ecologistas y si se pregunta a los ecologistas, dirán que la industria". Según el ponente, "ha ganado el interés común".

La izquierda del socialismo, ecologistas, consumidores y la Confederación Europea de Sindicatos no se dieron por aludidos. "El Parlamento Europeo ha fallado a los ciudadanos", comentó el europarlamentario izquierdista sueco Jens Holmes, "lo que parece un paquete legislativo adecuado está lleno de agujeros". Estos grupos lamentan que sólo 10.000 sustancias vayan a ser sometidas a controles y que haya desaparecido el límite de cinco años para las autorizaciones de los productos más peligrosos.