Los sindicatos de Justicia instan a Ibarretxe a resolver una huelga "cada vez más grave"

La huelga indefinida en la Administración de la Justicia, que comenzó el 24 de octubre, aunque sólo se realizan paros de martes a jueves, tiene cada vez menos visos de solución. Los sindicatos emplazaron ayer directamente al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a intervenir en un conflicto "cada vez más grave y más serio". No hay ningún atisbo de desconvocatoria, ya que las centrales consideran un "insulto" la última propuesta del departamento. La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, replicó que el asunto compete al titular de Justicia, Joseba Azkarraga, rechazado como interlocutor por los huelgusitas. La consejería no ve "justas ni lógicas" las demandas de los trabajadores.

Representantes de los cinco sindicatos convocantes de los paros (ELA, CCOO, LAB, UGT y CSIF), que representan a toda la plantilla, comparecieron públicamente ayer en Bilbao para "desenmascarar" lo que calificaron como "mentiras y medias verdades" de Justicia. Explicaron, confrontando sus demandas con la oferta del departamento, que la propuesta de la consejería no supone la equiparación salarial con el resto de funcionarios vascos, su principal reivindicación.

El departamento ha planteado en la que califica de su oferta final una subida salarial del 6,5% en dos años, frente al 12% pedido por los trabajadores, que han rebajado al 10,5%. Elena Pérez, de CCOO, recalcó que la equiparación pregonada no es real, porque Justicia compara sueldos de trabajadores del sector con una antigüedad superior a los 35 años con los que reciben los funcionarios que acaban de llegar a la Administración autónoma.

Las centrales presentaron un informe comparativo de sueldos que concluye que su salario medio oscila entre los 18.400 y los 24.000 euros anuales, cuando el resto de los funcionarios llega casi a los 40.000 euros y, por ejemplo, en el cuerpo B o de gestión, más de un 52% percibe entre 31.000 y 34.000 euros.

"Nuestra reivindicación no es maximalista, sino una equiparación de mínimos", resumió Pérez. Según su análisis, este conflicto es "ya una cuestión personal de Azkarraga", al que acusaron de no modificar un ápice la "única propuesta que presentó el 17 de noviembre". Por ello, emplazaron a Ibarretxe y al conjunto del Gobierno a intervenir ya para resolver el conflicto. Agregaron que el Departamento de Justicia no ha vuelto a citarles para una reunión, tras la última mantenida el pasado día 4. "Estamos dispuestos a negociar en cualquier momento".

También se mostraron críticos con los servicios mínimos establecidos por Empleo, departamento también dirigido por Azkarraga. "Esa orden obligaba a muchos funcionarios a trabajar para cubrir muy pocos servicios. Son abusivos e ineficaces", dijeron antes de calificar de irregular el hecho de que una misma consejería se convierta en "juez y parte".

El emplazamiento sindical para que intervenga el Ejecutivo fue rápidamente rechazado por la portavoz, Miren Azkarate, quien dijo que es un asunto que corresponde a Azkarraga, en quien el Gobierno "confía plenamente y respalda su actuación". Azkarate resaltó que Justicia "seguirá intentando llegar a un acuerdo" para solucionar el conflicto.

El Consejo Vasco de la Abogacía, que se reúne hoy, defenderá un arbitraje para desatascar la huelga, algo que es bien visto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior y que previsiblemente será también apoyado por el órgano de gobierno de los jueces vascos en su reunión del próximo viernes.

El departamento, que cifró el seguimiento ayer del paro en un 26,59%, rechazó en un comunicado que las reivindicaciones de los trabajadores sean "justas y lógicas". Aseveró que los informes de las centrales no incluyen todas las propuestas económicas del Gobierno y que no aborda la igualdad de condiciones laborales. "La pretendida equiparación lo es solamente a efectos económicos", insistió.

La consejería señaló que los funcionarios de Justicia rechazan cumplir las horas de trabajo y otras condiciones laborales del resto de la Administración, como la entrada a las ocho de la mañana o la modificación de las horas de permanencia obligatoria.