Todos los socios del PSOE exigen revisar los juicios de Franco

El PSOE se ha quedado solo en su decisión de no hacer ningún tipo de revisión o anulación con valor jurídico de los juicios sumarísimos del franquismo. La Ley de Memoria Histórica del Gobierno, que mañana superará previsiblemente tres enmiendas a la totalidad (PP, ERC e IU) propone sólo una reparación moral de las víctimas. Ayer, CiU y PNV, socios del PSOE, anunciaron que a pesar de su apoyo a la tramitación de la norma ellos también exigen la revisión efectiva, y así constará en sus enmiendas parciales.

Ante la posición de rechazo radical a la ley de ERC e IU, hasta hace poco socios preferentes del PSOE, el partido del Gobierno se había apoyado en sus socios alternativos, los nacionalistas de CiU y PNV. Ayer quedó claro que les ha logrado convencer para que no presenten una enmienda a la totalidad, pero no para que apoyen el fondo de la ley.

Jordi Jané, portavoz adjunto de CiU, explicó que su partido permitirá la tramitación de la norma, y por tanto no apoyará las enmiendas a la totalidad, pero reclamará modificaciones parciales que incluyen la "revisión jurídica" de los juicios sumarios del franquismo, precisamente la exigencia fundamental de IU y ERC para apoyar la ley.

El diputado del PNV Aitor Esteban explicó más tarde a EL PAÍS que su partido también presentará enmiendas para reclamar la revisión con efectos jurídicos de los juicios franquistas, pero con una condición: que sean los interesados quienes reclamen esa revisión, y no el Estado quien promueva una anulación genérica para todos. "Hay mucha gente que está orgullosa de que el franquismo le declarara culpable de auxilio a la rebelión y no quiere revisiones. Debe ser algo voluntario, el que quiera que se le dé", explicó Esteban, que intervendrá mañana por su grupo.

Jané explicó que su grupo permitirá la tramitación de la ley porque cree que hay que "dar una oportunidad al proyecto del Gobierno", y tampoco apoyarán los textos alternativos de ERC e IU porque "pueden generar más controversia" que el texto presentado por el PSOE. Sin embargo, CiU aprovechará el trámite de enmiendas parciales para corregir el texto del Gobierno porque considera que "se queda corto", según explicó Jané.

El diputado nacionalista insistió en la necesidad de que esta ley sea apoyada por un amplio consenso en la Cámara como sucedió con otras leyes clave para la democracia española. Sin embargo, este deseo de Jané parecía ayer muy lejos de la realidad. El PP ha reclamado la retirada de la ley en nombre de sus 9.700.000 votantes, porque cree que divide a la sociedad como lo hizo la propia Guerra Civil. Mientras, ERC e IU no sólo mantienen sus enmiendas a la totalidad, sino que se pronuncian con palabras muy duras sobre la posición del Gobierno.

Joan Tardà, portavoz de ERC, criticó que el Ejecutivo se niegue a aplicar una anulación total similar a la que se ha producido en otros países del entorno de España que han sufrido dictaduras fascistas, como Alemania o Italia. "Al parecer, la inseguridad jurídica sólo rige del Pirineo para abajo", ironizó Tardà para referirse al argumento principal del Gobierno para rechazar la revisión o anulación de los juicios, esto es, que generarían inseguridad jurídica puesto que el particular modelo de transición pactado en España hizo que no se rompiera con la jurisprudencia franquista -multitud de leyes de esa época siguen vigentes-, sino que se sustituyera poco a poco y en cada asunto con una nueva legislación democrática.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, fue aún más duro y calificó el proyecto del Gobierno, que en teoría se debía haber pactado con esta formación, como un "monumento a la desmemoria y a la amnesia. Cuando la Transición habló de reconciliación, no dijo olvido ni impunidad", concluyó.

El PSOE asume que en este momento el acuerdo es imposible, pero confía en que se pueda lograr en febrero, cuando presumiblemente comenzará a tratarse la ley en comisión. Los socialistas ven muy difícil pactar con ERC, pero confían al menos en IU. El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, aseguró que el objetivo principal de la ley es facilitar a las víctimas la recuperación "del honor y la dignidad moral". "En materia de revisión de penas, se hará lo que constitucionalmente sea posible", concluyó.