El Constitucional ordena derruir un restaurante construido en zona verde

No habrá más capítulos en esta larga historia judicial y el restaurante Fortí de la Reina, abierto hace 17 años en una zona verde, en un polvorín fortaleza de 300 años de antigüedad, acabará reducido a escombros. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo que en 2004 presentó el Ayuntamiento de Tarragona junto con la empresa propietaria del restaurante, que fue elaborado por el gabinete de abogados de Miquel Roca i Junyent, y ha cerrado así cualquier posibilidad judicial de evitar un derribo que ya dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 1996.

En el último tramo del mandato del último alcalde socialista que tuvo Tarragona, Josep Maria Recasens, el consistorio otorgó la licencia de actividad al restaurante, enclavado junto al mar, en el interior de la fortaleza. Era el año 1989 y poco más tarde una vecina de la zona, una particular, Rosa Elias, presentó una demanda judicial alegando que el restaurante estaba construido en una zona verde. Y así lo consideró el TSJC en 1996, en una sentencia en la que instó al Ayuntamiento a derruir el restaurante y, al mismo tiempo, conservar los restos de la antigua fortificación, ejemplo de las fortalezas costeras que levantaron los partidarios del archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión (1702-1714) para defender la línea marítima de la ciudad de Tarragona de las tropas de Felipe V. En el Fortí de la Reina instalaron una batería de cañones que defendían la ciudad de ataques desde el norte y por mar.

El restaurante, uno de los más cotizados de la demarcación y famoso por ser sede de bodas, convenciones y todo tipo de celebraciones, se alza en la punta de la playa del Miracle, con unas vistas espléndidas de la fachada marítima de Tarragona, y conserva entre sus muros los originales del fortín, de principios del siglo XVIII.

Legalización fallida

Tras la demanda de la particular, el Ayuntamiento, ya gobernado por CiU y con Joan Miquel Nadal como alcalde, trató de legalizar el restaurante sin conseguirlo y después acudió al Tribunal Supremo en un recurso de casación que perdió en 2004. Ayer, el portavoz municipal, Joan Aregio, hizo público que la última vía judicial que le quedaba al Ayuntamiento para salvar el restaurante, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, también ha sido desestimado. Aregio aseguró que el proceso de ejecución de la sentencia "será largo" y explicó que antes del derribo el Ayuntamiento deberá acordar con la empresa propietaria una indemnización. Igualmente, la Generalitat deberá tutelar la demolición para conservar los restos de interés histórico.

La resolución del Tribunal Constitucional choca con el amplio consenso político surgido en Tarragona para conservar el restaurante y también con la opinión vecinal. Una plataforma de vecinos creada en 2001 reunió a 193 entidades y recogió 15.500 firmas para salvarlo.