Esquizofrenia en las pistas

La gestión política de los aeropuertos españoles corre el riesgo de verse atrapada entre la lógica económica y la presión de las autoridades autonómicas. Un informe de la Generalitat de Cataluña difunde la buena nueva de que en 2004 los aeropuertos gestionados por el gestor AENA se apuntaron un beneficio operativo bruto de 390 millones de euros, que, sobre unos ingresos de 921,899 millones arroja un margen del 42%. Lástima que esa cuenta agregada encubra una realidad escindida: la mitad de los aeropuertos tiene pérdidas; de hecho, casi el 90% del beneficio total proviene de los excelentes resultados de ocho aeropuertos, con Barajas y El Prat a la cabeza.

Esta esquizofrenia de resultados abona la aparición de remedios de todo tipo para poner en rentabilidad todos o la mayoría de los aeropuertos. Para algunos, la propia Generalitat entre ellos, la solución consiste en traspasar las responsabilidades de gestión a las comunidades autónomas. En el caso catalán, se propone una gestión conjunta de El Prat y obtener la propiedad de Girona, Sabadell y Reus. Para otros, la solución es la privatización, total o parcial de la gestión, de forma que los aeropuertos ajusten sus cuentas para conseguir rentabilidad o desaparezcan.

La opción privatizadora dispone de bien escasos argumentos. Equivaldría a eliminar enlaces necesarios por razones distintas del mercado. Melilla sería un buen ejemplo. La autonomización presenta el riesgo de la descoordinación y de las disparidades regulatorias y normativas.

Un primer paso para aclarar la cuestión es que ENA, el gestor público de los aeropuertos, exponga su versión sobre las causas y remedios de estas diferencias de rentabilidad. Y, sobre todo, cuál es el límite de sostenibilidad de instalaciones intensamente deficitarias.