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Nace un nuevo derecho social

La atención pública a las personas dependientes despegará la próxima primavera

Los usuarios abonarán parte del coste, según su renta y patrimonio - El Gobierno y las comunidades decidirán si se incluye el valor de la vivienda y el nivel de copago - Los grandes dependientes serán los primeros en recibir ayuda

Un nuevo derecho para los ciudadanos. El Congreso aprobó ayer definitivamente la Ley de Dependencia, que confiere a más de un millón de personas que no pueden valerse por sí mismas el derecho a recibir atención pública. El texto contó con un amplio respaldo. Se opusieron CiU, PNV y EA, que consideran que invade competencias autonómicas. Los requisitos para la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia deberán acordarse con las comunidades autónomas. Según distintos expertos, arrancará a partir de primavera. Costará cerca de 26.000 millones hasta 2015, cuando estará a pleno rendimiento. Las personas con gran dependencia serán las primeras en recibir atención, en 2007.

Un nuevo derecho para más de un millón de personas, aquéllas que no pueden valerse por sí mismas. El Congreso aprobó ayer definitivamente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta norma, en vigor a partir del 1 de enero de 2007, crea una red coordinada de servicios de atención (públicos y concertados) para suministrar cuidados a quienes no se valen por sí mismos, incluidos los ciudadanos con discapacidad intelectual o mental. El sistema de atención, que salvo sorpresas empezará a desplegarse en primavera, estará plenamente operativo en 2015. Los usuarios deberán asumir una parte del coste, aún sin determinar, en función de su renta y de su patrimonio.

Se ofrecerán centros de día, ayuda a domicilio, plazas en residencias y prestaciones económicas

La nueva ley, que en toda la tramitación contó con el apoyo de Izquierda Unida-ICV y Esquerra Republicana de Cataluña, se aprobó con un amplio respaldo. Se opusieron el PNV, EA y CiU. Consideran que invade competencias autonómicas.

En el hemiciclo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió la Ley de Dependencia como un "hito histórico para el Estado del bienestar" y "un paso decisivo para construir una sociedad más justa y más digna". Añadió que precisa de la "colaboración leal" de todas las administraciones. "La riqueza no se mide sólo en términos de Producto Interior Bruto. La auténtica riqueza es el bienestar de los ciudadanos y la atención a quienes más lo necesitan", dijo. Detalló que la norma generará 300.000 empleos.

Por el PP, María Salom valoró las aportaciones de su grupo a la ley y criticó la financiación "ridícula" prevista para su puesta en marcha, 400 millones de euros. Carles Campuzano (CiU) aseguró que "las clases medias seguirán pagando por los servicios". Emilio Olavarría (PNV) calificó el nuevo derecho como "un derecho paranormal", sin respaldo en la Constitución.

Carme García (IU-ICV) se felicitó: "Hoy crecemos en derechos, equidad y modernidad". Aseguró que las negociaciones con el PSOE y ERC se mantuvieron hasta anteanoche. Por esta última formación, Joan Tardà se mostró satisfecho. La socialista Soledad Pérez Domínguez elogió la ley.

- ¿Quién tiene derecho? Todas los que precisen de ayuda en la vida cotidiana tienen el "derecho subjetivo de ciudadanía" a recibir atención gracias a la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Los niños discapacitados menores de tres años y las personas con discapacidad intelectual o mental están incluidos.

- ¿Qué servicios? La norma establece un mínimo de servicios que deberán ofrecer las comunidades autónomas: teleasistencia, centros de día y de noche, residencias, ayuda a domicilio y, en el caso de las personas con gran dependencia, un asistente personal. Cuando no haya red, se ofrecerá una prestación económica.

- ¿Cobrará el cuidador familiar? En algunos supuestos, podrá percibir un sueldo por su tarea, para lo que deberá darse de alta en la Seguridad Social. Las mujeres de la familia son ahora las principales cuidadoras de las personas dependientes (la mayoría, mayores de 65 años).

- ¿A partir de cuándo? Aunque la ley entrará en vigor el 1 de enero, el nuevo sistema de atención demorará. Dada la competencia autonómica en servicios sociales, primero debe constituirse el Consejo Territorial (formado por Gobierno y las comunidades), previsiblemente a comienzos de 2007. Debe acordar requisitos imprescindibles para la aplicación de la norma, como la proporción del coste que deberán sufragar los usuarios (copago), el baremo para clasificar los grados de dependencia o la cuantía de las prestaciones. El Gobierno los aprobará luego por decreto ley. A partir de entonces, previsiblemente en primavera, se podrá solicitar la atención en los servicios sociales autonómicos.

- ¿Qué pasa con la vivienda? La aportación del usuario dependerá de su capacidad económica, que se determinará "en atención a la renta y el patrimonio del solicitante" (el Senado había eliminado el patrimonio). El Consejo Territorial concretará en qué términos. "El espíritu del legislador es que el piso se excluya si los cuidados se reciben en casa", según la diputada Pérez Domínguez.

- ¿Quién primero? El sistema de atención se desplegará gradualmente hasta 2015, fecha en la que se prevé que la Administración Central y las autonómicas hayan desembolsado a escote cerca de 26.000 millones de euros. Los primeros atendidos, en 2007, serán los grandes dependientes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de diciembre de 2006