Violencia persistente

Las estadísticas se muestran firmes en su veredicto: el número de mujeres asesinadas por su pareja no decrece, pese a que la Ley Integral contra la Violencia de Género lleva ya un año en vigor. En lo que llevamos de año han fallecido 61 mujeres, cuando en 2005 murieron 60 y en 2004 fueron 72. Estos datos demuestran que el problema es mucho más profundo y extenso de lo que pueda parecer. El hecho de que tres de cada cuatro mujeres asesinadas el año pasado no hubieran denunciado antes a su agresor indica que hay una enorme bolsa de violencia machista oculta y que, pese al esfuerzo legislativo y judicial realizado, sigue habiendo entre las víctimas más amenazadas una gran desconfianza en las posibilidades de protección que se les brinda.

La celebración hoy del Día Internacional contra la Violencia de Género es un buen momento para evaluar qué aspectos deben reforzarse y dónde están las carencias. La creación de 21 juzgados específicos y los 417 que se ocupan también, aunque no exclusivamente, de estos asuntos han permitido atender un mayor número de demandas con mayor celeridad. En este primer año de aplicación de la nueva ley se han presentado 184.000 demandas, 16.000 maltratadores han sido condenados y se han concedido 27.000 órdenes de alejamiento.

No sabemos cuántas de las mujeres que han presentado denuncia hubieran muerto de no haberse aplicado estas medidas. Pero sí que el número de víctimas no disminuye. Las medidas legislativas tienen un efecto positivo evidente, y no puede hablarse en ningún caso de fracaso de la ley. Esta normativa, que prevé medidas penales, pero también educativas y asistenciales, era necesaria como dique de contención, pero no se cambian de la noche a la mañana unos estereotipos capaces de llevar a tantos hombres a arruinar su vida y la de los suyos por su incapacidad para asumir unos cambios culturales que son irreversibles. Habrá que diseñar nuevas estrategias educativas y culturales.

Pero, mientras tanto, hay que reforzar los mecanismos de protección de las mujeres que han presentado denuncia y aplicar con mayor insistencia instrumentos preventivos como las medidas de rehabilitación de los agresores. Es preciso establecer criterios más certeros para poder evaluar el riesgo de cada caso a la hora de decidir medidas cautelares como la orden de alejamiento.

Identificar los casos de mayor riesgo es esencial.

Para muchos maltratadores, el endurecimiento de la pena puede ser disuasorio, pero para aquellos que tienen su identidad masculina más deformada, el miedo al castigo no les frenará.