La derecha y la realidad cultural

El Ministerio de Cultura en Francia es una creación de la derecha. Lo puso en marcha André Malraux -ayer se cumplían 30 años de su muerte- y lo hizo con el visto bueno del general De Gaulle. Su misión consistía, en palabras del teatrero Jean Vilar, en ofrecer "cultura de élite para todos", es decir, en hacer accesibles a la gran mayoría las grandes creaciones del espíritu humano. Esa fórmula sobrevivió hasta 1981, con la llegada de los socialistas al poder. Jack Lang impuso otra orientación, la de "todo es cultura". Y de ahí la proliferación de equipamientos destinados a acoger el cómic, el hip-hop, los tag, amén de los teatros de ópera -populares, eso sí-, los locales para rock o chanson y, sobre todo, de centros y museos de arte contemporáneo.

La legislación confunde realidad y representación, palabras y actos

La cuestión ha sido abordada con sabio escepticismo por Jean Clair en Paradoxe sur le conservateur. Para él, gran especialista en Duchamp, Balthus y Picasso, ese "aumento exponencial de museos es menos un signo de cumplimiento de un objetivo que de decadencia espiritual, de la misma manera que la multiplicación de los templos en Roma no era el símbolo de un apogeo sino del final de una civilización".

La derecha francesa actual, falta de modelo alternativo, incapaz de postular por un aristocrático retorno al proyecto de Malraux, mal compone con la realidad. En Burdeos, el alcalde Alain Juppé desearía acabar con el CAPC, un costoso, bello y conflictivo centro puesto en marcha treinta años atrás por Chaban-Delmas. Las instalaciones podrían servirle para salones profesionales. Pero no se atreve a cerrarlo, a argumentar que su coste es excesivo, que su rendimiento cultural es escaso, que la ciudad está endeudada o, simplemente, que no desea dar tanto protagonismo a una creación contemporánea bajo sospecha. Entonces, para conseguir su objetivo, deja que sean los jueces los que instruyan una demanda por "difusión de mensajes pornográficos y violentos implicando a menores de edad" contra una exposición realizada el año 2000 bajo el título Présumés innocents (Presuntos inocentes). De la hipotética condena debiera derivarse un descrédito del CAPC y una ventana para que el ayuntamiento recuperase mando sobre la instalación.

Algo parecido pasa en materia teatral. Los actuales directores del festival de teatro de Aviñón, Hortense Archambault y Vincent Baudriller, acaban de ver renovado su mandato para los próximos cuatro años pero bajo nuevas condiciones impuestas por el ministro de Cultura que les pide que "se interesen por el papel de la escritura y de los autores vivos" -léase más teatro de texto y menos performances- y por "la programación ejemplar y simbólica de la Cour d'Honneur en el palacio de los Papas" -ahí les están pidiendo clásicos en el escenario de más prestigio-. El ministro se permite incluso evocar "el papel político del festival" en tanto que "embajador de la Francia del teatro".

El ministro, como Juppé, renuncia a abordar frontalmente el problema, en concreto el que Baudriller y Archambault deleguen cada año buena parte de la responsabilidad de programadores en la figura de un "artista invitado". La fórmula sería aceptable en una dirección con contrato indefinido pero cuando se trata de periodos renovables de cuatro años sólo sirve para abrir la puerta a más expertos, más comisarios y más intermediarios.

Si la izquierda ha diluido la cultura en el mercado y el relativismo, la derecha es incapaz de reivindicar su tradición conservadora. En defensa de Présumés innocents se han oído argumentos peregrinos, pero es el propio ministro quien se lleva la palma al afirmar que "los artistas gozan, respecto al resto de los mortales, de un grado superior de libertad pues su función es expresar las grietas y el furor del mundo". Precisamente. De entrada, los artistas no debieran gozar de esa libertad sino tomársela. Luego, no hay razón alguna para que la ley trate a los artistas de manera distinta. El problema está en la legislación, que confunde realidad y representación, palabras y actos. Por último, si se prefiere ampararse en argumentos jurídicos en vez de políticos para tomar decisiones políticas, entonces no habrá que sorprenderse si, llegado el momento, un juez decide prohibir la venta de Pulgarcito porque sugiere abandonar los hijos en medio del bosque para resolver el presupuesto familiar en materia de alimentación. O meter en la cárcel al distribuidor de Blancanieves y los siete enanitos por razones obvias. O a los autores de los vídeos del PP por razones ahí sí que fáciles de explicar. ¡Un poco de respeto por la tradición, señores!