Comprar un futuro por 9.000 euros

"Me sentí estafada, me pareció una injusticia lo que estaban haciendo con nosotros y decidí denunciarlo a la policía". Claudia habla despacio. Su rostro tiene el aspecto de aquellos a los que la vida no siempre ha tratado bien. Pero mira de frente y desprende fuerza. Y cansancio. Juan la mira de reojo y respira hondo. "Tuvimos que abandonar Villarrobledo (Albacete). Recibimos amenazas y no nos sentíamos seguros allí", confiesa Claudia. Toma un cigarrillo entre los labios y lo enciende. Juan cruza los brazos sobre el pecho y mira a su alrededor mientras intenta encontrar las palabras. "Si hubiese estado en mi mano, nunca lo habría denunciado".

Él, rumano, de 37 años. Ella, española, de 51. Juan y Claudia (nombres supuestos) vivían hasta hace unos meses en Villarrobledo, de donde han tenido que huir. En esta localidad la policía acaba de desmantelar una red que favorecía la inmigración ilegal. Una gestoría reclutaba a empresarios, captaba a los extranjeros a través de intermediarios, en el pueblo o en sus países de origen, y tramitaba los permisos de trabajo y residencia. Por ello cobraba hasta 9.000 euros. La operación se inició en enero, con la detención de José Luis Requena como presunto cerebro, y concluyó la pasada semana. En total, 50 detenidos: 37 empresarios y 13 intermediarios.

Una gestoría convencía a empresarios de que cobraran a cambio de las ofertas de trabajo

"Me enseñó los papeles que tenía. Éste, 3.000 euros; éste, 4.000", relata la denunciante

Hay más de 500 víctimas y Claudia y Juan fueron los primeros (y de los pocos) que se atrevieron a denunciarlo. Se conocieron poco después de que Juan llegase al pueblo "con una visa de turista", relata Claudia. Juan se quedó como ilegal en España y empezó a trabajar en el campo. "Cuando acabó la vendimia, el jefe de Juan accedió a arreglarle los papeles", explica Claudia. "Él se quedaría con una parte del sueldo que nos debía para pagar los trámites, y el resto nos lo daría", prosigue. Juan tendría que volver a Rumania, esperar la oferta de trabajo, y luego regresar a España.

Una vez conseguida esta oferta de trabajo, Claudia se dirigió a la gestoría Requena, para que les ayudaran, y donde tenía que pagar 600 euros "para que preparasen los papeles que el contratista tenía que llevar a la oficina de extranjería, para que Juan viniese", explica. "Le dije a José Luis Requena, el de la gestoría, que ya tenía una oferta, y él me respondió que tenía mucha suerte porque era el primer caso que arreglaba de alguien que tenía una oferta gratis; que los empresarios estaban cobrando cuatro y cinco mil euros por eso", detalla Claudia, a quien la policía reconoce como la persona que puso sobre la pista de la red de inmigración ilegal.

"Todos los inmigrantes sabíamos lo que hacía", incide Juan. "Él tenía gente que hablaba con los que llegaban. Les decían que, por dinero, los empresarios les daban un trabajo y José Luis arreglaba los papeles. Y a ellos les tenías que pagar para que te llevasen a la gestoría", afirma Juan.

Claudia prosigue: "Él mismo me enseñó los papeles que tenía, mientras decía, mira: éste, tres mil euros, ésta, cuatro mil...". Habla sin pausa mientras Juan asiente de cuando en cuando. Se interrumpe un momento para mirar una foto de José Luis Requena, que fue detenido como presunto cerebro de la red, y ahora se encuentra en libertad con cargos y afirma: "Ese es".

Mientras Juan estaba en Rumania, esperando la oferta pactada, las cosas cambiaron. "El contratista habló con José Luis y le captó", asegura Claudia. El contratista había cambiado de opinión sobre la gratuidad de su oferta y decidido "quedarse" con el dinero que debía a Juan por su trabajo en las viñas. "Nos debía más de 800 euros", dice Claudia. "Requena le convenció para que el día que fuera a arreglar los papeles a la oficina de extranjería, me dijese que se había enterado de que por las ofertas de trabajo se cobraba mucho dinero...".

Juan se revuelve en el sofá. No está conforme con la denuncia de su pareja, a pesar de que él es el afectado más directo. "No confío en que esto vaya a llegar a ninguna parte. A nosotros nos engañaron y hemos tenido que salir de nuestra casa. Y a ellos, de momento, no les ha pasado nada".

El miedo a denunciar es el denominador común de las víctimas de esta red. Y lo cierto es que muy pocos lo han hecho. Juan volvió de Rumania gracias a la oferta de trabajo fraudulenta y no recuperó su dinero. "Además, como le debía a Requena 200 euros de los 600 que me había pedido, no quería dar a Juan de baja en ese contrato falso para que pudiera trabajar en otro sitio", lamenta Claudia.

Pero ella no estaba dispuesta a callarse, a pesar de todo. "Me fui a la oficina de UGT, a contar lo que me estaba pasando y ellos me invitaron a denunciarlo a la Policía Local". Desde allí, Claudia fue remitida a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Albacete. La chispa había prendido, pero Juan no supo nada hasta que volvió. "De haberlo sabido no la habría dejado denunciar", asegura.

Desde que Claudia presentó esa denuncia han pasado 11 meses. Aunque los presuntos culpables se enfrentan apenas de entre cinco y diez años por falsificación documental y promoción de la inmigración ilegal, Juan no confía en que vaya a hacerse justicia. "Si no se arregla, vamos a tener problemas", desconfía. Y aunque Claudia es más optimista no puede evitar admitir que desde que empezó todo esto apenas puede dormir.