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Coyuntura agraria

El Gobierno asigna ayudas directas a 854.000 agricultores

El montante total supera los 4.500 millones y se hará efectivo entre diciembre y enero

El Ministerio de Agricultura ha asignado este año ayudas directas para un total de 854.000 agricultores y ganaderos, según los datos de las comunidades autónomas. Estos derechos suponen un total de 4.500 millones de euros entre los pagos ligados a la producción y los pagos fijos (desvinculados de la producción).

De esos 4.500 millones como ayudas directas que percibirá el sector agrario por el sistema de pago único, 3.452 millones corresponden a los pagos desligados de la producción, frente a un techo marcado por la UE para este año de 3.529,5 millones. De esta forma, se deja un fondo de derechos sin gastar de 77,5 millones que pasan a la reserva nacional para su reasignación entre los agricultores y ganaderos que hayan pedido nuevos derechos.

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Según los datos del Ministerio de Agricultura, este año se han asignado nuevos derechos de producción y de cobro a casi 27.000 beneficiarios por un importe de 76 millones de euros.

La nueva regulación de la Política Agrícola Común (PAC) contemplaba la obligación de la Administración de proceder a los pagos desde el 1 de diciembre hasta el 30 de junio del próximo año. El objetivo de la Administración central y de las comunidades autónomas es que esos pagos se hagan entre los meses de diciembre y enero, fundamentalmente en las zonas que perciben las mayores ayudas como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.

Esta campaña ha sido el primer año en la aplicación de los nuevos mecanismos que contempla la PAC para pedir ayudas directas. Antes de la entrada en vigor de este nuevo sistema, las peticiones de ayuda ascendían a 1.030.000. Frente a esa cifra, este año se presentaron 858.000 peticiones de las que se han asignado derecho de pago a 854.000 y se han desestimado otras 51.600.

Tanto en medios del sector como de la Administración se estima que esta reducción en las peticiones se ha debido al desinterés de miles de pequeños perceptores en tramitar sus peticiones al no compensar la burocracia exigida con el bajo importe de los pagos.

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