Las políticas de vivienda

No me puedo resistir a iniciar este artículo citando las recientes declaraciones del diputado de Hacienda de Araba sobre las negociaciones de la reforma fiscal en Euskadi. Según Juan Antonio Zárate, una vez se alcance un acuerdo entre las diputaciones y el Gobierno sobre la reforma, "se estudiarán los efectos en la recaudación y el impacto en cada segmento de contribuyentes". Increíble. ¿Acaso es posible plantear una reforma fiscal sin pensar en si la misma va a reducir o a aumentar la recaudación? Entonces, ¿qué es la política fiscal, de la que las diputaciones forales son responsables en Euskadi? La política impositiva es una de las claves de la política redistributiva que tienen que cumplir las administraciones públicas. Y es evidente que esa función fiscal se puede desarrollar con diferentes orientaciones. En primer lugar, la política fiscal debe decidir la cuantía total de los recursos que se quiere que dispongan las administraciones públicas para prestar servicios a la ciudadanía o para realizar inversiones. Y ésta no es una cuestión menor. Si queremos un Estado social fuerte, que desarrolle un papel activo en la cobertura de las necesidades de la población, se necesitan fondos. No es posible hablar de cobertura de la dependencia, de política de vivienda, de calidad en la sanidad o de educación moderna si las administraciones públicas no disponen de los recursos para conseguir todo eso. Y, en segundo lugar, es preciso decidir sobre qué segmentos de la población se van a hacer recaer prioritariamente los impuestos. A este respecto, es conveniente recordar que los países más avanzados basan su sistema impositivo en mayor medida en los impuestos directos (renta, patrimonio, sociedades, sucesiones) frente a los impuestos indirectos (IVA, gasolinas). Sin embargo, tanto en Euskadi como en España se está planteando la evolución en sentido contrario, haciendo recaer sobre los impuestos indirectos un peso cada vez mayor.

La movilización de viviendas vacías es una cuestión pendiente en la política fiscal que se deberá afrontar pronto o tarde

Es preciso decidir sobre qué segmentos de la población se van a hacer recaer prioritariamente los impuestos

Esta tendencia sería menos discutible si hubiéramos alcanzado unos niveles de tributación directa como los de Suecia, pero no es aceptable cuando esos niveles están en la práctica (una vez descontadas deducciones) a años luz de los países más adelantados. Y es que tampoco ésta es una cuestión menor, porque el IVA o el impuesto sobre los carburantes se aplican a la práctica totalidad de la población de forma muy igualitaria, mientras que los impuestos directos suelen ser progresivos, en función de la riqueza obtenida o acumulada. Y si lo que sucede es que los grupos sociales de rentas bajas y medias son los que soportan mayoritariamente los impuestos, la función redistributiva de las administraciones públicas desaparece, porque lo que reciben esos colectivos es básicamente lo que aportan.

Algo de esto sucede cuando se mantiene la posibilidad de que los contribuyentes de rentas más altas puedan reducir los impuestos que pagan y, por tanto, las disponibilidades de las administraciones públicas, gracias a las deducciones por compra de vivienda. ¿Por qué tienen las diputaciones forales que perdonar impuestos (hasta 60.000 euros, parece que plantean ahora) a una pareja que gana 70.000 euros al año y se compra una vivienda de 600.000 euros? Porque esa menor cantidad que paga esa pareja de contribuyentes, una de dos: o reduce las disponibilidades de fondos para atender a políticas directas de vivienda, o tiene que ser compensada por contribuyentes de rentas más bajas si se quiere mantener la recaudación total. En ambos casos, tiene un efecto contrario al espíritu redistributivo que debería imperar en la política fiscal.

También se produce un efecto similar cuando se favorece a los propietarios de viviendas con deducciones fiscales por alquilarlas, y no se tiene la misma generosidad con los inquilinos de esas mismas viviendas. También aquí se deberían tener en cuenta en mayor medida los niveles de renta de propietarios e inquilinos a la hora de plantear las deducciones. No obstante, estas deducciones al alquiler no promueven por sí mismas la movilización de viviendas vacías, principal objetivo de la política que venimos desarrollando desde el departamento, sino que simplemente actúan sobre las viviendas que ya se encuentran en el mercado, rebajando la fiscalidad de los agentes que intervienen en el mismo. En lo referente a los propietarios, si lo que se pretende es fomentar la puesta en el mercado de viviendas vacías, lo correcto sería aplicar esas deducciones sólo a las viviendas que estuvieran previamente desocupadas. Para ello, el Programa Bizigune, que impulsa el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, es una herramienta idónea, ya que permite identificar inmediatamente a esos propietarios. Y en cuanto a los inquilinos lo razonable sería centrar las deducciones en los sectores de rentas más bajas y que más dificultad tienen para acceder al mercado libre de vivienda.

Por lo dicho, la movilización de viviendas vacías es una cuestión pendiente en la política fiscal que se deberá afrontar pronto o tarde, porque no es de recibo que propietarios de pisos vacíos, que mantienen una vivienda desocupada y que, teniendo la oportunidad de incorporarse al Programa Bizigune no lo hacen, no contribuyan de algún modo a la solución del problema de la vivienda en Euskadi.

Por cierto, en materia de política fiscal de vivienda son demasiadas las voces autorizadas de expertos y de organismos estatales e internacionales (OCDE, FMI, Banco de España) que consideran inadecuada la utilización de políticas de desgravación fiscal a la compra, por el riesgo contrastado de que alimenten la espiral de precios. Incluso el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, planteaba estas dudas en su discurso anual de hace un año ante las Juntas Generales y apostaba por revisar esas deducciones. Por lo tanto, creo que es obligado pedir responsabilidad en esta materia a todas las instituciones para evitar que, por motivos electoralistas, se favorezca a quienes han sido capaces de adquirir una vivienda, pero se perjudique a quienes en el futuro tengan que hacerlo.

Junto a la política fiscal, la política financiera tiene una enorme responsabilidad en la cuestión de la vivienda. Es obvio que, de no haberse situado los tipos de interés en los bajos niveles de los pasados años y de no haberse alargado los plazos de los préstamos hasta los límites que se plantean en la actualidad, los precios de la vivienda no se habrían incrementado tanto ni se habrían generado unas plusvalías que han llevado en demasiados casos a situaciones de corrupción. Las entidades financieras han generado unas disponibilidades monetarias que han permitido multiplicar los precios de las viviendas al incrementar la capacidad inicial de pago de la cuota mensual a los compradores. Y digo lo de la capacidad inicial porque lo que no está nada claro es que esos compradores sean capaces de soportar en el futuro los pagos de las hipotecas si los tipos de interés siguen subiendo como lo están haciendo en la actualidad. Y, lo que es peor, dada la duración de los préstamos, todo ese esfuerzo no les permitirá adquirir la propiedad completa de la vivienda antes de abandonar este mundo.

No es fácil plantear soluciones concretas a esta problemática financiera que no sean tachadas de intervencionistas, pero algo es preciso hacer para poner freno a la espiral de precios. Por cierto, una espiral que, evidentemente, no está aún desactivada, y que no lo estará hasta que los precios no se sitúen en niveles accesibles para la totalidad de la población. En otros países se han planteado propuestas concretas para evitar el sobreendeudamiento de las familias y probablemente ésa tiene que ser la vía de avance en el futuro.

He querido titular este artículo Las políticas de vivienda porque pretendo con el mismo dejar claro que no es lícito hacer recaer exclusivamente sobre un departamento de vivienda, sea de ésta o de otra comunidad autónoma, toda la responsabilidad sobre la difícil situación que atravesamos, cuando otras políticas -la fiscal y la financiera en concreto- afectan de forma tan directa a la evolución de los precios y han sido causantes corresponsables del problema actual. Las políticas de suelo y vivienda, que debemos compartir Gobierno y ayuntamientos, tienen que estar acompañadas por políticas fiscales y financieras que remen en la misma dirección y atiendan a los colectivos -especialmente a los jóvenes- con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

Javier Dean Pinedo es viceconsejero de Vivienda.