La red desarticulada enmascaraba el oro como inversión financiera para eludir el pago del IVA

La red de fraude fiscal desarticulada el pasado miércoles en cuatro provincias españolas introducía el oro en España como inversión, con lo que lograba eludir el pago del IVA, según indicaron ayer fuentes de la investigación. Sin embargo, luego comerciaban con ese oro de alta calidad procedente de Suiza, que en verdad era destinado a la fabricación de joyas, una actividad que si está sujeta a este impuesto. Cuatro de los 22 detenidos fueron puestos en libertad ayer. Fuentes policiales sostuvieron que el fraude podría llegar hasta los 300 millones de euros entre 2002 y 2005.

La trama de fraude fiscal desarticulada en la operación Fénix tenía su centro de operaciones en Barcelona, una ciudad en la que hay un potente mercado de metales preciosos. La empresa catalana que importaba el oro de Suiza lo declaraba como inversión cuando introducía el metal en España. Fuentes de la investigación afirmaron ayer que "alrededor del 80% del oro" que esta sociedad adquiría en el extranjero entraba en España como "inversión".

La normativa fiscal establece para ese caso una exención del pago del IVA. Pero el metal precioso que entraba desde Barcelona se utilizaba en realidad para la fabricación de alhajas. En ese caso, es obligatorio que se abone el IVA.

Este régimen especial del oro fue establecido en una directiva de la Unión Europea el 12 de octubre de 1998. Se hizo para "favorecer el uso del oro como instrumento financiero". Anteriormente, este tipo de inversiones estaban sujetas al IVA, si bien se había autorizado a algunos estados miembros de la UE a considerarlas exentas. La directiva de 1998 eliminó esta discrecionalidad de los estados para favorecer así la competitividad del mercado del oro en la UE.

Testaferros insolventes

El siguiente paso que daba la red desarticulada era simular la venta de ese metal a sociedades fantasmas, al frente de las que estaban testaferros insolventes. Esas empresas también declaraban que la compra se realizaba como inversión. Sin embargo, los integrantes de la trama luego vendían el oro a mayoristas y minoristas dedicados a la fabricación de joyas.

Según la primera estimación que hizo el miércoles la Agencia Tributaria, el fraude podría haber alcanzado los 154 millones de euros. Sin embargo, las fuentes consultadas ayer mantuvieron que la cantidad defraudada es posible que ascienda hasta los 300 millones.

El Cuerpo Nacional de Policía, que ha trabajado en colaboración con la Agencia Tributaria, continuaba ayer con las pesquisas. Fuentes policiales, aclararon que la primera fase de la operación Fénix se puede dar por concluida.

Sin embargo, los agentes continúan estudiando la abundante documentación que recabaron en los 14 registros realizados. Incluso, ayer por la tarde todavía se estaba registrando un local en busca de más pruebas incriminatorias.

En total, los agentes detuvieron el miércoles a 22 personas en Jaén, Málaga, Barcelona y Córdoba. Según fuentes policiales, está previsto que los acusados pasen a disposición judicial hoy. El encargado del caso es el magistrado José Yarza, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Córdoba.

La policía, que estuvo interrogando ayer a algunos de los acusados, puso en libertad a cuatro de los detenidos. Entre ellos, al hombre que en el momento de ser capturado por los agentes portaba 15 lingotes de oro de un kilogramo cada uno. Según fuentes de la investigación, a estas cuatro personas, que tendrán que declarar cuando el juez lo estime oportuno, se les permitió salir de los calabozos porque no eran más que empleados del entramado "con menos responsabilidad y sin riesgo de que se fuguen".

La operación Fénix arrancó en octubre de 2005, cuando la Agencia Tributaria detectó los primeros indicios de delito. Durante un año, los agentes estuvieron acumulando información. Incluso, se realizaron escuchas telefónicas autorizadas por el juez. En concreto, el fraude detectado corresponde a los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Según indicaron ayer fuentes policiales, queda por determinar si las operaciones irregulares se han estado llevando a cabo también durante 2006. En ese caso, los integrantes de la trama tendrían tiempo todavía de poner al día el pago de los impuestos.

Además del fraude en el pago del IVA, la red tampoco habría tributado por los beneficios en la imposición directa (IRPF o impuesto de sociedades). A estos delitos, habría que añadir los de "falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales", según la Agencia Tributaria.