Azkarraga no ha gastado este año la partida de dos millones para personas dependientes
PSE y PP critican que se escude en la ley nacional, mientras actúa en cuestiones no transferidas
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, repitió ayer en el Parlamento, en su comparecencia para explicar su proyecto presupuestario, que no piensa poner en marcha ayudas para las familias con personas dependientes mientras no entre en vigor la ley nacional que regulará esos supuestos. Azkarraga admitió que el dinero presupuestado para el actual ejercicio no se ha gastado, lo que mereció la censura y petición de explicaciones de PSE y PP, máxime cuando Azkarraga destacó que su departamento destinará 74 millones a ofrecer servicios cuyas transferencias no tiene.
"Difícilmente podemos entrar a complementar [las disposiciones que establezca la ley de Dependencia, actualmente en debate en el Senado] cuando no sabemos cuál a va ser el contenido final de la ley", justificó ayer Azkarraga el hecho de no haber gastado los dos millones de euros que están previstos en los presupuestos del presente ejercicio para ayudar económicamente a las familias con personas dependientes en su seno.
Su viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo, abundó en esa explicación a la hora de entrar en detalles. "Había un programa para ciudadores, pero cuando surge la ley de Dependencia, que se centra en ellos y en servicios específicos, declinamos la responsabilidad", afirmó.
Tanto socialistas como populares consideraron este planteamiento una simple excusa, máxime cuando el propio consejero había destacado durante su comparecencia la actuación de su departamento en áreas y servicios que no tiene transferidos, como las políticas activas de empleo. Egailan incrementa, por ejemplo, este año en un 9% su presupuesto para la apertura de tres nuevas oficinas de Lanbide, el Inem paralelo creado por Azkarraga.
La popular Arantxa Quiroga se refirió a los dos millones de euros previstos en los presupuestos de este año que han quedado intactos: "Es extraña su excusa de no poder darles contenido hasta que no este la ley de Dependencia, ya que tenemos competencia exclusiva en servicios sociales y usted nos dijo el año pasado que serviría para ayudar al pago de la Seguridad Social a quien contratara cuidadores para las personas dependientes". Quiroga resaltó que esa partida no gastada este año vuelve a figurar en las cuentas del próximo ejercicio y acusó a Azkarraga de "engodar ficticiamente lo que supuestamente se va a hacer, porque luego no se ejecuta".
El mismo reproche realizó la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta, con el añadido sobre la confusión que existe en el Gobierno con el reparto dxe la cuestión entre dos departamentos: el de Azkarraga y el de Asuntos Sociales, que dirige Javier Madrazo, de EB. "Resulta que las partidas para el cuidado de personas dependientes están aquí [en la consejería de Azkarraga], pero el estudio que el Gobierno ha hecho sobre las necsidades lo ha realizado otro departamento", en referencia a Asuntos Sociales, resaltó Zabaleta. La parlamentaria del PSE recordó también las críticas a la ley de Dependencia que el lunes mismo realizó Madrazo, mientras ayer Azkarraga afirmaba que todo está pendiente de sus disposiciones.
El viceconsejero Vigo reiteró que su departamento se mantendrá "a la espera" de la aprobación de la ley estatal, porque es esa norma la que crea "el sistema nacional que se tiene que poner en marcha y el consejo nacional que fijará quiénes son los sujetos de derecho". "Tendremos que estar a la expectativa", recalcó.
Azkarraga reivindicó que más de la mitad del presupuesto presentado se destina a inserción y familia, con 279 millones de euros y un crecimiento del 9,2% sobre este año. La renta básica y las ayudas de emergencia superan los 200 millones, en una "prueba clara" de la apuesta del Ejecutivo por la cohesión social.
El área de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de 92,3 millones de euros y crece un 18%, principalmente por las aportaciones a Osalan, el organismo que se ocupa de la salud y los riesgos laborales y que asumirá también funciones de inspección, con un total de 16 personas dedicadas a este menester.
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