Sólo el PP se opone en el Congreso a la ley para el cambio de sexo de los transexuales

Las personas transexuales podrán cambiar el nombre y el sexo que figura en el Registro Civil sin necesidad de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. La ley que regula el proceso fue aprobada ayer en el Congreso con los votos de todos los grupos menos el PP. Este partido defendió el sistema actual, que exige operación completa y una sentencia judicial, lo que dificulta mucho el proceso. IU logró sacar adelante una enmienda que permitirá que la esposa de una lesbiana que tenga un hijo por inseminación artificial se pueda inscribir como madre del niño.

La ley -que ahora tiene que aprobar el Senado- fue definida por la activista transexual y miembro del PSOE Carla Antonelli como "la más avanzada del mundo". Otros países regulan el cambio de datos registrales sin exigir una cirugía completa, como Reino Unido, pero el modelo español va más allá al poderse aplicar retroactivamente: las personas transexuales que ya han pasado por el proceso de "acomodar sus características físicas al sexo reclamado", según lo describe la ley, no tendrán que volver a empezar. Bastará un certificado de su médico o, en su defecto, de un forense para que se les reconozcan los derechos de la ley.

"Este aspecto [que fue aprobado ayer gracias a una enmienda de Rosa Bonàs, portavoz de ERC] es muy importante, porque da cobertura a las personas transexuales que ya han pasado por el proceso de hormonación y otros cambios, incluso para aquellas que se han automedicado y que llevan años viviendo conforme a su sexo psicosocial", indicó Antonelli.

Este aspecto fue también uno de los que resaltó la ponente socialista, Carmen Montón. La diputada afirmó que, aunque no hay un censo, se calcula que en España viven unas 7.000 personas transexuales. "Pero aunque sólo hubiera una la ley tendría sentido. Se trata de una cuestión de derechos humanos", indicó.

La portavoz del PSOE negoció hasta el último momento acuerdos con otros partidos, sobre todo ERC e IU.

El PSOE contó con el apoyo de casi todos los grupos. Los mayores rechazos fueron de CiU, cuyo portavoz, Jordi Jané, criticó que no se hubiera contado con ellos, y del PP. Este último partido votó -casi siempre solo- contra toda la ley. Su portavoz, Juan Santaella, recordó que el 21 de diciembre de 2000 el PSOE había defendido en el Senado una proposición de ley que exigía cirugía de reasignación genital completa y una sentencia para registrar el cambio de sexo.

Montón defendió su posición con energía: tras recordar que más de un 80% de las personas transexuales están en el paro, y que un 50% intenta suicidarse en algún momento, manifestó su "orgullo" de pertenecer a un partido que había sabido "progresar de la mano de la sociedad".

Aunque votó a favor de la ley, las otras críticas llegaron de Isaura Navarro, de IU-ICV. La diputada consiguió que se aprobara la enmienda que corrige la situación de los matrimonios de lesbianas que tienen un hijo por inseminación. Esta vez nadie del PSOE argumentó, como hizo el Ministerio de Sanidad en 2005, que el artículo 108 del Código Civil limita la filiación matrimonial a cuando "el padre y la madre están casados entre sí". En cambio, ni Navarro ni Jané consiguieron que la ley se aplique a los documentos que se dan a los transexuales extranjeros (permisos de residencia o trabajo).

Otro desacuerdo fue la posibilidad de que los menores de edad, debidamente diagnosticados, iniciaran el proceso de cambio de sexo. Navarro criticó que se les condenaba a sufrir acoso y discriminación. Montón rebatió que un adolescente puede comenzar el tratamiento médico y cambiar los papeles al cumplir 18 años (o al emanciparse a los 16). En la ley no se incluye que la sanidad pública financie el proceso de reasignación de sexo. La portavoz socialista dijo que confiaba en que las comunidades siguieran los pasos de Andalucía, Extremadura y Aragón y lo incluyan.