Euskadi envejece a pasos acelerados
La tercera edad supone casi la quinta parte del censo y la cifra de mayores de 85 años se ha doblado
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El envejecimiento, que se ha generalizado en las sociedades modernas, presenta una especial incidencia en Euskadi. Un estudio prospectivo realizado por el Gobierno autónomo calcula que dentro de nueve años cerca de 500.000 ciudadanos superarán en la comunidad autónoma los 65 años, edad que rebasan en la actualidad algo más de 389.000 vascos, es decir, casi uno de cada cinco habitantes de Euskadi. La tercera edad se está consolidando así como uno de los principales grupos de población, debido en buena parte a la todavía reducida tasa de natalidad (9,3 niños por cada mil habitantes, según los datos de 2005) y el paralelo aumento de la esperanza de vida sana, sin sufrir ninguna discapacidad o dependencia. Las personas que superan los 85 años (cerca de 41.000 a finales de 2004) suponen el doble que en 1991.
Las tres diputaciones se encuentran a la cabeza del conjunto de España en materia de gasto social
El número de perceptores de pensiones contributivas ha crecido un 18% en la última década
Este fenómeno está motivando que en Euskadi haya aumentado de forma considerable el número y el coste de las pensiones, del mismo modo que han ido creciendo los gastos en atención sanitaria y se ha disparado la demanda de más servicios sociales, de calidad y especializados.
Las partidas económicas que las tres diputaciones forales consignan en sus presupuestos para la acción social han crecido por encima del 10% interanual a lo largo del último cuatrienio. Estas instituciones se encuentran, según un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la cabeza del conjunto de España en cuanto al gasto social (ver gráfico). Dentro de unos planes globales, durante los últimos ejercicios han destinado sus mayores esfuerzos y la parte principal de sus recursos en esta materia a la construcción de nuevas residencias para la tercera edad y en la adaptación de las condiciones de las ya existentes.
Álava, que cuenta con un total de 48.773 ciudadanos que rebasan los 65 años, destina algo más de 72 millones de euros a asistir a este colectivo. Dispone de 2.891 plazas residenciales, incluyendo en esta cifra las viviendas comunitarias y los apartamentos tutelados, además de otras 524 plazas de tención psicogeriátrica.
En Guipúzcoa (126.095 mayores de 65 años), la política social absorbe un tercio del presupuesto foral. Este año dedica 127 millones de euros a la atención a la dependencia, una cantidad que crecerá un 13% el próximo ejercicio. Sólo para personas dependientes oferta hasta 4.700 plazas residenciales.
En Vizcaya, donde 214.879 personas tienen más de 65 años, se quiere pasar de las 8.642 camas existentes actualmente en residencias a superar las 12.000 en 2008, además de aprobar otra serie de mejoras en la ayuda a domicilio y un mayor despliegue de los centros de día.
El entramado asistencial de las administraciones públicas se completa con la actividad que desarrollan también los municipios en la acción social directa, así como las prestaciones que ofrece el Gobierno vasco, sobre todo a las personas en situación de riesgo de exclusión social.
A la vista de esta realidad, el consultor de servicios sociales Fernando Fantova sostiene: "Nos encontramos en el momento de apostar colectivamente por los servicios sociales". Ahora que las diputaciones y los ayuntamientos reclaman una mayor financiación para poder hacer frente a las necesidades asistenciales que atienden, "el debate sobre los servicios sociales está cada vez más presente en la agenda política y social", según Fantova.
A su juicio, el actual sistema de protección social se sustentó en buena medida en estables y tupidas redes familiares y comunitarias, fundamentalmente sobre el trabajo de las mujeres, que están brindando su apoyo a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, desprotección, dependencia, exclusión o desamparo.
Fantova aporta la siguiente reflexión: "Se impone la necesidad de configurar el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de bienestar, con una envergadura y estructuración equiparables a los otros tres grandes pilares: el sistema educativo, el sistema sanitario y el sistema de pensiones".
El fuerte crecimiento que experimenta la tercera edad está teniendo de igual forma su reflejo directo en la evolución al alza del número de perceptores de pensiones contributivas de la Seguridad Social en el País Vasco. En septiembre pasado eran 466.300 beneficiarios, lo que supone un 18% más que hace una década (396.900 personas), según los datos aportados por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que encabeza Joseba Azkarraga.
Otro indicador que pone de manifiesto el efecto que está teniendo el progresivo envejecimiento de la población es el aumento del gasto sanitario público. En Euskadi se disparó un 165% entre 1990 y 2004, motivado principalmente por la mayor atención que demandan las personas mayores, aunque también ha influido el aumento de los costes salariales de la plantilla y del gasto farmacéutico.
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