Aclaraciones

He leído en el ejemplar del 22 de octubre que el Ayuntamiento de Calvià, en Mallorca, está en la lista de ayuntamientos en los que investiga la Fiscalía Anticorrupción, colocando a Margarita Nájera en el mismo lote de casos afectados por, como literalmente se dice, "Las recalificaciones del suelo, la adjudicación de obras públicas y la concesión de licencias de construcción generan millonarios beneficios, y con ellas han proliferado las conductas corruptas entre responsables municipales".

Los hechos objetivos dicen que en Calvià eso no pasó mientras estuvo Margarita Nájera de alcaldesa, ya que el último PGOU aprobado en Calvià es del año 2002, en el que se recogía, por primera vez en España, la desclasificación de 16 millones de metros cuadrados, la mayoría programados desde el PGOU de 1982. Es decir, justamente lo contrario de lo que parece sostener el artículo; aquí los especuladores encontraron a alguien que frenó las pretensiones abusivas de urbanizar nuevos espacios rurales. Ligar Calvià y a Margarita Nájera con ese entramado de recalificaciones, o de hacer regalos a promotores para pasar de rústico a urbanizable, considero que es una gran falsedad.

Todo indica que los terratenientes, los especuladores y los promotores afectados por esas desclasificaciones no estuvieron ni están nada contentos con esas decisiones, por lo que difícilmente pagarían a nadie por haberlas firmado.

Es cierto que el PP, y varios personajes ligados por salario o por militancia a ese partido, pusieron hasta nueve denuncias o querellas, la mayoría ante el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, que según ha publicado la prensa comparte amistad y aficiones con el mayor terrateniente del municipio. El proceso de acoso judicial dura ya más de cuatro años, y los jueces han archivado hasta el momento siete denuncias con petición de archivo desde la fiscalía. Dos están pendientes de trámites, que suelen eternizar los abogados de los denunciantes o la propia fiscalía.

Considero que el diario de mayor tirada de España tiene obligaciones con las personas a las que mezcla en sus informaciones con comportamientos e imputaciones tan graves y deshonestos como los referidos en el reportaje, en este caso además reforzado con foto de la "acusada", cuando el origen y la motivación de las diligencias previas abiertas en la fiscalía en este caso es imposible que sean por hacer favores o por haber beneficiado a los especuladores.