Confianza en Bolivia

Tras más de seis meses de incertidumbre, el Gobierno de Evo Morales firmó finalmente los acuerdos de renovación de los contratos con las petroleras extranjeras que explotan el crudo y el gas de Bolivia, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF. Lo que se conoce de los acuerdos da pie a algunas certidumbres y varias dudas. Las empresas, incluida la políticamente poderosa brasileña Petrobras, aceptan implícitamente en los nuevos contratos, firmados a un plazo de 20 y 30 años, el decreto de nacionalización de los hidrocarburos de Morales, que otorga el control sobre los recursos energéticos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y se pliegan a la exigencia de pagar en impuestos hasta el 82% del valor de los productos que comercialicen asociados con YPFB. Como hasta ahora venían pagando aproximadamente el 52%, es evidente que Morales ha conseguido una mejora espectacular de sus ingresos -unos 1.000 millones de dólares este año y cantidades en aumento hasta los 4.000 millones de dólares a partir de 2010- y un triunfo político que podrá explotar.

El acuerdo tiene la ventaja de que, al menos por ahora, garantiza jurídicamente las inversiones -y, por tanto, los activos- actuales de Repsol YPF en Bolivia, unos 1.000 millones de euros. El valor de ambos es una de las causas de que esta compañía se haya decidido a mantener su actividad allí. Al menos, permitirá que prosigan las actividades de exploración y explotación. Pero las primeras dudas aparecen cuando se relaciona el más que elevado porcentaje de pagos al Gobierno boliviano, que reduce drásticamente el beneficio de las empresas extranjeras, con el compromiso de aplicar nuevas inversiones en el país. No parecen líneas convergentes. Sobre todo si se tiene en cuenta que Morales pretende controlar el 51% de las compañías mixtas que explotan los hidrocarburos y que las empresas extranjeras asociadas, al perder la mayoría, no podrán incluir en sus balances el 100% de las reservas de petróleo y gas que tienen en operación.

Sería una ingenuidad suponer que la firma del contrato borra de un plumazo las continuas muestras de desconfianza recíproca entre Bolivia y las petroleras foráneas. Sólo el tiempo dirá si la seguridad jurídica de la que se ufana Morales y acepta el presidente de Repsol YPF es algo más que un eslogan sin contenido. Las empresas tienen la obligación ineludible de cumplir las leyes de los países en los que operan y los Estados la obligación no menos ineludible de ofrecer condiciones jurídicas conocidas y transparentes que permitan tales operaciones.