Registros y amenazas

El acuerdo entre las petroleras y el Gobierno boliviano pone fin a meses de tensión. El contrato propuesto establece que la estatal YPFB asumirá el control de los hidrocarburos. Además, los equipos e instalaciones adquiridos para sus operaciones pasarán a manos del Estado en cuanto lleguen al país.

Asimismo, indica que los arbitrajes, en caso de controversia, serán juzgados en Bolivia, en la sede de YPFB, y estipula, según Efe, la renuncia a reclamaciones posteriores, incluso por vía diplomática.

Es la fórmula para acabar con un enfrentamiento que, en el caso de Repsol YPF, comenzó pronto. Prácticamente en el momento en que el nuevo presidente Evo Morales tomó posesión.

Desde enero se sucedieron las presiones sobre directivos de Repsol YPF-Andina y sobre la propia compañía. Bolivia llegó a reclamar en Nueva York la propiedad de las reservas gestionadas por la sociedad hispano-argentina. El presidente de Andina, Julio Gavito, fue acusado de contrabando de petróleo. Tuvo que renunciar. Hubo detenciones, registros de sedes de Repsol YPF, protestas formales, intervenciones al más alto nivel (caso del ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos) y tensión, mucha tensión.

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