Solbes se enfrenta al Tribunal de Cuentas por no entregar datos del Presupuesto

El celo sobre la información presupuestaria ha llevado al vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, a enfrentarse al Tribunal de Cuentas. Este organismo ha solicitado este año por primera vez al Gobierno información detallada sobre cómo se han elaborado los Presupuestos del Estado de 2006, una iniciativa para la que no es competente, según la Abogacía General del Estado. Economía ha rehusado ofrecer esos datos y el tribunal ha trasladado su malestar al Congreso de los Diputados. De los 13 miembros del tribunal, 12 han respaldado esa queja, incluidos cuatro del PSOE.

El Tribunal de Cuentas ha decidido este año innovar en la información que recibe anualmente sobre los Presupuestos del Estado. Este organismo, encargado de fiscalizar las cuentas de todo el sector público y controlar la gestión, analiza cada ejercicio el modo en que se gasta el Presupuesto diseñado por el Ejecutivo. A principios de año acordó pedir también información sobre cómo se elaboró el Presupuesto de 2006 -ya en plena ejecución- para contar con más elementos de análisis a la hora de emitir su informe. Y así se lo solicitó al Ministerio de Economía en abril.

La nueva información requerida por el tribunal es la siguiente: un escenario plurianual de la situación económica para el periodo 2006-2008, las directrices de distribución del gasto, las dotaciones presupuestarias para los diferentes programas y una previsión de ingresos para el año próximo. "Somos partidarios de toda la transparencia, pero no tiene sentido pedir esta información; cada institución está para lo que está", asegura la portavoz del Ministerio de Economía.

Iniciativa pionera

Se trata de la primera vez que el Tribunal de Cuentas solicita esas cifras. Hasta ahora, este organismo había trabajado a posteriori, es decir, con los datos del Presupuesto una vez aplicado. Pero no había utilizado los datos antes de que llegaran al Parlamento, como ha pretendido este año. En los objetivos aprobados a principios de 2006 para mejorar su labor, el tribunal acordó ampliar la información en este campo.

Economía basa su rechazo a ofrecer la información solicitada en el criterio de la Abogacía General del Estado. Al escrito del presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, Solbes respondió que los datos requeridos excedían la labor de fiscalización que este tribunal tenía asignada según la Constitución. Pero como Nieto insistía, Economía optó por pedir un informe jurídico a la Abogacía, que fija criterio en este tipo de conflictos.

El informe defiende que la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se circunscribe "a la ejecución de ingresos y gastos públicos". La consecuencia inmediata es que "el Ministerio de Economía y Hacienda no está jurídicamente obligado a proporcionar al Tribunal de Cuentas la documentación solicitada". Con el informe en la mano, Solbes se volvió a dirigir por carta al tribunal el pasado 3 de octubre. El ministro traslada el criterio de la Abogacía y reitera la voluntad del ministerio de colaborar con el tribunal dentro de las funciones que éste tiene encomendadas. Fue la última comunicación del Gobierno al tribunal en esta materia.

Economía argumenta que en ningún momento se ha desentendido de este asunto y que se han mantenido reuniones periódicas con el tribunal para intentar subsanar las discrepancias.

Queja al Parlamento

Tras la negativa del Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas decidió trasladar su queja al Parlamento, puesto que es a este organismo al que el tribunal debe rendir cuentas. Se trata de un documento recopilatorio de todo el proceso en el que expresa su malestar por la actitud del Ministerio de Economía.

El texto defiende que la fiscalización pretendida se acomoda a las normas y añade: "La fiscalización se limitará a examinar si los distintos órganos que intervienen en el proceso de preparación de los Presupuestos han realizado todos los trámites y actuaciones exigidos en la normativa y si se acompaña la documentación necesaria para verificar el principio de transparencia".

La queja ante las Cortes ha suscitado un gran respaldo en el seno del tribunal. De los 13 miembros que lo componen (12 vocales más un fiscal), 12 votaron a favor y sólo uno se pronunció en contra. Se trata de Ciriaco de Vicente, vocal nombrado por el PSOE. Pero ha sido el único miembro designado por este partido que ha optado por oponerse al criterio de la mayoría. Los otros cuatro vocales socialistas apoyaron la queja, además de los seis designados por el Partido Popular, que tiene mayoría en esta institución, más el vocal de consenso entre los dos partidos y el fiscal.