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Los escándalos urbanísticos
Columna
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Regeneracionismo

El anuncio efectuado el lunes por el PSOE de que expulsará de sus filas a aquellos cargos públicos y militantes sobre los que pesen "indicios racionales" de corrupción constituye una propuesta de gran relevancia cuyo alcance merece la pena analizar. De llevarse a la práctica tendría primero, obviamente, efectos internos. También y de manera inmediata, consecuencias para el resto de formaciones políticas por comparación con su conducta en este tema. Pero sobre todo, lo más importante, es que podría constituir el principio de una serie de cambios de formidable calado en la vida ciudadana, política y económica.

Vayamos por partes. ¿Es verosímil el anuncio efectuado por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco? ¿Está ahora dispuesto el PSOE a atajar de raíz la gangrena que llevó a Felipe González a la oposición? En principio cabe pensar que sí. No sólo porque haya tomado la iniciativa, sino porque con la fulminante salida de las tropas de Irak y con la apertura del diálogo con ETA, este gobierno ha demostrado que tiene enormes dosis de valentía política para enfrentarse a los grandes problemas del país. Además, jamás la dirección del PSOE ha tenido las manos tan libres como ahora, ante los distintos grupos o dirigentes locales para evitar apaños o componendas. La rápida expulsión del alcalde de Ciempozuelos es un buen indicio de que, esta vez, el anuncio puede ir en serio.

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¿Cómo va a reaccionar la oposición? Los socialistas han instado al PP a que saque de sus filas a aquellos que tengan una conducta dudosa. El presidente del PP, Mariano Rajoy, adelantaba la respuesta el domingo al asegurar en un mitin que los socialistas primero crean líos y luego piden pactos y afirmar que el único pacto válido contra la corrupción urbanística es que los corruptos dejen de robar y actúen la policía y los jueces. En la Comunidad Valenciana, la policía y los jueces están actuando en los procedimientos abiertos al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi; al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina; y al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, todos del PP. Sin embargo, no parece que ni Rajoy ni el presidente del PP valenciano, Francisco Camps, estén por la labor de apartarlos de la vida pública. ¿Podrían hacerlo? Evidentemente sí, pero no sin enormes costes domésticos. Las divisiones internas que sufre el PP, sobre todo en la Comunidad Valenciana, obligan a Rajoy y a Camps a retorcidos equilibrios internos que se traducen en enormes dosis de tolerancia ante quienes les apoyan en la pugna intrapartidaria. De ahí que la respuesta del PP a lo largo de los próximos meses, previsiblemente estará más próxima a la demagogia que a cualquier atisbo de debate político. De momento, Rajoy ha realizado ya una aproximación al tema de Marbella en idéntica línea que el mismísimo Vladimir Putin con su intento de deslegitimar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Probablemente sea porque la nueva arrogancia rusa tenga más de un parecido con la vieja arrogancia del partido de José María Aznar. Unos y otros practican el "impresionismo informativo" del que a propósito de los dirigentes del Kremlin hablaba Pilar Bonet (EL PAÍS 5/6/2006). Un impresionismo que consiste en sustituir la rendición de cuentas al ciudadano por el intento de despistarlo mediante unas cuantas pinceladas de la realidad.

El anuncio del lunes coincide con otras propuestas en la misma dirección, como la realizada la semana pasada por el líder del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, de hacer públicas sus declaraciones de intereses y de patrimonio y emplazar a los dirigentes del PP a seguir su ejemplo. Pla respondía a un reto de Camps, pero el PP no ha mantenido el envite.

De momento es pronto para afirmarlo con rotundidad, pero todas estas iniciativas permiten vislumbrar que la dirección socialista está dispuesta a abrir un período de regeneracionismo político. De ser así y de mantenerse firmes frente a los poderosos intereses de los corruptos, sus consecuencias se harán notar no sólo en el desbocado urbanismo o en el maltrecho medioambiente, sino también en el modelo de desarrollo y en la calidad de la democracia. La cuestión no es que en todas partes haya corruptos, sino cómo enfrentarse a ellos.

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