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Los escándalos urbanísticos

El PP apoya una operación urbanística que permite ganar 100 millones al Valencia CF

Sara Velert

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y la oposición lo habían avisado. La ampliación del estadio de Mestalla no era legal y la justicia la invalidaría. Así fue. En octubre de 2002 el Tribunal Superior de Justicia anuló la modificación del plan general que permitió al Valencia CF en 1998 ganar localidades, y marcó la salida de una carrera de fondo por construir un nuevo recinto para la entidad deportiva más influyente de la Comunidad Valenciana. El club necesitaba otro estadio y el Ayuntamiento, dirigido por Rita Barberá, del PP, haría lo posible por conseguírselo. Y así ha sido. El gobierno local de Barberá apoyará hoy con sus votos, los de la mayoría, un paso decisivo hacia ese objetivo. El pleno prevé aprobar la exposición pública de los planes de una doble operación urbanística de gran calado pactada con el presidente del Valencia CF, Juan Soler: la recalificación del solar de Mestalla, donde el club logra edificabilidad para construir 750 viviendas y una gran área comercial, y la privatización de una parcela pública en la avenida de las Cortes Valencianas para el nuevo campo, que el equipo espera estrenar en 2009.

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La operación, denuncian EU-L'Entesa y asociaciones vecinales, es un traje a la medida del accionista mayoritario del Valencia. Otro más, porque la Generalitat, también del PP, intervino para culminar lo que el propio Soler bautizó como "pelotazo urbanístico" en Riba-roja, donde se levantará la nueva ciudad deportiva del Valencia CF junto a 2.700 viviendas en suelo rústico. Los socialistas también se oponen al plan. Los populares rechazan de plano un supuesto trato de favor; al contrario, afrontan la aprobación del proyecto "con una absoluta tranquilidad y serenidad" de que cumple la legalidad urbanística.

Pero, ¿la recalificación de Mestalla, tal como sale a exposición pública para alegaciones, se ajusta a los intereses generales? No, responden socialistas y EU-L'Entesa, que consideran que se han puesto por delante los del club deportivo. Soler no ha ocultado que los ingresos inmobiliarios que aportará la venta de la parcela de Mestalla como suelo residencial son sustanciosos, de al menos 300 millones de euros que algún consejero eufórico y otras fuentes del club han elevado en más de una ocasión por encima de los 500. El nuevo estadio costará cerca de 200 millones, por lo que el club ganará al menos 100 millones -aunque ayer elevó el coste del futuro campo-.

Un negocio redondo cuyos números se han cuadrado "a martillazos", asegura el portavoz socialista, Rafael Rubio. El Valencia pretendía una edificabilidad de 90.000 metros cuadrados de techo y el Ayuntamiento le concede 89.380,44. La parcela que ocupa Mestalla ronda los 31.000 metros cuadrados de superficie, por lo que le correspondían, desde una perspectiva estricta, 55.800 metros cuadrados de edificabilidad al recalificar -como campo deportivo no tiene aprovechamiento-. Los socialistas hubieran considerado aceptable partir de esa cifra, pero el PP rechaza el planteamiento y ha consensuado con el Valencia CF un ámbito de actuación urbanística que incluye las calles adyacentes al estadio y edificaciones consolidadas como el Nuevo Ayuntamiento y la Consejería de Infraestructuras. El gobierno local defiende que es necesario reordenar esta macroparcela, en la que se redistribuyen una zona verde y equipamientos, y de la que resultan los metros cuadrados de aprovechamiento residencial y terciario apetecidos por Soler.

Unas 3.000 personas vivirán en nueve torres de 16 alturas con un área comercial de 13.471 metros cuadrados que puede casi triplicarse con entreplantas. En el subsuelo, se ofertarán 1.600 aparcamientos. El desarrollo de la actuación se retrasará hasta 2009, cuando el Valencia CF estrene estadio y la gestión la asumirá la empresa pública Aumsa como agente urbanizador. El Ayuntamiento adelantará así los costes de urbanización (7,5 millones de euros). Soler no tendrá que esperar a la ejecución del plan para hacer caja: en cuanto la Generalitat apruebe definitivamente el plan, el promotor podrá vender al mejor postor el suelo con los derechos de edificabilidad logrados. Un bocado suculento, como demuestra el hecho de que Soler ya vendiera, con opción a recompra, 10.000 metros cuadrados de la parcela a la constructora Murcia y Puchades en plena negociación del plan.

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El beneficio empresarial está calculado. ¿Y qué ganan los ciudadanos con este doble plan? Nada, aseguran vecinos de Cortes Valencianas que compraron sus pisos junto a un solar reservado a un polideportivo. De nuevo un estadio dentro de la ciudad, más tráfico, más ruido, auguran. Además, el Ayuntamiento renuncia a un suelo dotacional público en zona urbana que será sustituido mediante una permuta que se perfila parcialmente sobre terrenos de huerta -de adquisición más barata para el club- que sólo verán su desarrollo con la revisión del plan general urbano. El nuevo campo se asentará sobre 69.571,13 metros cuadrados, mientras que en otros 14.679 metros que seguirán en manos públicas, el Valencia CF hará un polideportivo.

"¿Acaso no es un beneficio para la ciudad el disponer cuando lo necesite de un estadio sin que le haya costado un céntimo? ¿Acaso eso no es interés general?", se pregunta el teniente de alcalde, Alfonso Grau. Hoy defenderá que Valencia gana. La oposición asegura que pierde. El partido no ha terminado.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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