La justicia analizará el pacto para el nuevo Mestalla

La reordenación del terreno de Mestalla no es un regalo para el Valencia CF, argumenta el club. Al contrario, la entidad "va a regalar a la ciudad más de la mitad" de los 31.000 metros cuadrados de suelo para dotaciones -un centro sanitario- y un gran parque de 16.502 metros cuadrados que conserva la huella del césped de Mestalla. La edificabilidad concedida es la que toca, insiste la sociedad deportiva frente a las críticas de la oposición al PP, que también objeta que la mayoría de dotaciones se han incluido en los terrenos públicos del ámbito urbanístico -un colegio y un centro administrativo- y que no cubrirán las necesidades de los nuevos vecinos.

El club ha negociado el planeamiento definitivo durante nueve meses con el Ayuntamiento y entre sus técnicos destaca el arquitecto Alejandro Escribano, redactor del plan general urbano de Valencia. El diseño del PAI de Mestalla y la permuta de solares en Cortes Valencianas plasma un pacto fruto del tira y afloja entre Soler y Barberá, que ha renunciado a parte de sus pretensiones. La alcaldesa defendió en un principio un gran estadio olímpico con cabida para el Valencia CF y el Levante. Pero el club granota no tardó en descolgarse de la idea. Soler tendrá un estadio sólo para su equipo y ha conseguido que el Ayuntamiento renuncie a la titularidad del solar del nuevo campo y deseche la gestión a través de una sociedad mixta, como acordaron ambas en 2004. El club, por su parte, ha cambiado su petición de aprovechamiento terciario alrededor del futuro estadio por el uso recreativo para abrir cines, restaurantes, una clínica deportiva y un museo del Valencia, según fuentes del club.

Como en el caso de la ampliación de Mestalla, la controversia en torno a la operación va camino de dirimirse antes los tribunales. El portavoz socialista, Rafael Rubio, y otros dos concejales, han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la base del plan, el convenio firmado en diciembre de 2005 por Barberá y Soler, ya que a su entender no justifica el interés general de la actuación ni la necesidad de permutar suelo público. Esta permuta aún no se ha materializado en la valoración de los bienes que intercambiarán Ayuntamiento y club, pero fuentes jurídicas cuestionan que encaje en la Ley Urbanística Valenciana, que prevé el concurso público para la enajenación de suelo público y obliga a justificar la conveniencia de una permuta. Además, en los casos de cesión directa, exige que los destinatarios sean entidades de carácter benéfico y social, o promotores públicos.