La justicia chilena investiga si Pinochet ocultó 9.000 kilos de oro en Hong Kong

El Gobierno de Chile pidió ayer a la justicia investigar con celeridad si el ex dictador Augusto Pinochet ocultó nueve toneladas de oro en lingotes, equivalentes a 160 millones de dólares (127 millones de euros) en un banco de Hong Kong. Mientras, la Fiscalía del Estado intenta que los tribunales dicten una orden de embargo para evitar que se les pierda el rastro. Esta suma es casi seis veces mayor que toda la fortuna de Pinochet que los jueces han encontrado en cuentas secretas en el Banco Riggs y otras instituciones en dos años de pesquisas. La denuncia impactó en medios judiciales y políticos y encabezó los titulares. Los abogados de Pinochet han negado de forma tajante la denuncia y han pedido igualmente a los tribunales que esclarezcan el caso.

"Si el general tuviera un gramo en el extranjero, yo sería el primero en renunciar", dice el abogado

La información sobre esta supuesta fortuna llegó al Ministerio de Exteriores chileno a través de una de sus delegaciones diplomáticas en Asia, a la que se la filtraron comerciantes en oro. Fotocopias y documentos mercantiles indican que con el nombre del ex dictador, Augusto Pinochet Ugarte, hay depósitos por este monto en la entidad Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC), en nueve toneladas de lingotes de oro.

El Ministerio de Exteriores entregó los documentos, que incluyen correos electrónicos y fotocopias legibles de certificados sobre la operación, a los tribunales y al Consejo de Defensa (fiscalía) del Estado. El canciller, Alejandro Foxley, pidió a la justicia realizar una investigación rápida y determinar "si esto tiene base o no", aunque precisó que la información que les llegó "por lo menos merece ser tomada en cuenta" por los tribunales.

Al enterarse el lunes de la denuncia, la Fiscalía del Estado pidió reactivar el llamado caso Riggs a la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el tribunal donde en este momento se encuentra paralizado el sumario, con una orden de "no innovar" mientras resuelve un recurso interpuesto por la defensa de Pinochet contra el juez investigador, Carlos Cerda. La petición de la Fiscalía estatal de levantar esta bloqueo procesal apuntaba a lograr que, después de una comprobación de los antecedentes, se dictara una orden de embargo del depósito en oro para impedir su comercialización.

El juez suplente del caso Riggs, Juan González, sin embargo, admitió ayer que no puede dictar una orden de embargo ni tomar ninguna medida judicial mientras no lo autorice previamente la Corte de Apelaciones, y se termine con la parálisis judicial. "Desgraciadamente podría suceder" que el ex dictador desvíe entretanto estos fondos, reconoció el juez ante las preguntas de los periodistas. El destino de esta supuesta nueva fortuna depende de esta Corte.

Los propios abogados de Pinochet pidieron ayer a la Corte de Apelaciones levantar el bloqueo del sumario que existe en el caso Riggs, que ellos mismo habían pedido, para que pueda investigarse esta nueva acusación.

El gerente de asuntos externos del banco HSBC, Gareth Hewett, no quiso desmentir ni confirmar la denuncia, mientras un portavoz del Banco Central de Hong Kong declaró que investigarán el tema. En 2004, el juez español Baltasar Garzón había pedido al banco HSBC informar si tenía depósitos del ex dictador.

La defensa de Pinochet reaccionó escandalizada y desmintió que el general tuviera nueve toneladas de oro en el exterior. El abogado jefe del equipo jurídico defensor, Pablo Rodríguez, declaró: "Ayer estuve con él (Pinochet) y su familia y me dijeron que jamás ha poseído un gramo de oro en ningún banco del mundo. Si el general Pinochet tuviera un gramo en el extranjero yo sería el primero en renunciar a su defensa", afirmó.

El hijo menor del ex dictador, Marco Antonio Pinochet, quien está procesado por el caso Riggs al igual que su padre, aseguró que la denuncia es falsa y que sus acusadores no tienen límite. "Cada cierto tiempo, cuando hay irregularidades en el Gobierno y se encuentran cosas extrañas, aparece Pinochet como culpable", afirmó.

Rodríguez está ganando tiempo desde hace meses en las causas que enfrenta el general, por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Con el ex dictador próximo a cumplir 91 años, más que intentar probar inocencia, su defensa busca dilatar una sentencia condenatoria en los casos que enfrenta.

Uno de los abogados querellantes en el caso Riggs, Alfonso Insunza, criticó a Rodríguez por el "ejercicio abusivo de recursos procesales", que ayer impidieron una reacción rápida de la justicia. A los querellantes no les sorprendió la denuncia sobre el oro de Pinochet, aunque sí el monto. La versión que circuló cuando comenzó el caso Riggs, por una investigación del Senado estadounidense que encontró cuentas secretas de Pinochet por seis millones de dólares, era que la fortuna total del ex dictador era cercana a los cien millones de dólares (casi 80 millones de euros). "Esto supera todo lo imaginable y coloca a Pinochet al nivel de los dictadores africanos", afirmó a este diario el abogado querellante Eduardo Contreras, para quien este oro significará "la muerte política de nuestro dictador". Parafraseando el dicho, negó que "todo lo que brilla sea oro", porque en este caso, "la fortuna del general está manchada con sangre". Afirmó que en algunos casos judiciales se ha demostrado que dinero robado a víctimas de la dictadura por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política, terminó en manos de Pinochet.

Otro abogado apuntó al dinero y joyas que se reunieron poco después del golpe militar de septiembre de 1973 para la "reconstrucción nacional" como fuente de la fortuna. Las investigaciones, hasta ahora, apuntan a defraudación fiscal, comisiones por ventas de armas y uso de fondos reservados. El encarcelado ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, acusó a la familia del ex dictador de enriquecerse con tráfico de drogas y vaticinó que "falta mucha plata de Pinochet por descubrir".

La denuncia dejó a la derecha descolocada, que en estos días estaba dedicada a denunciar casos de corrupción en fondos estatales para el deporte. Una dirigente admitió que, de ser efectivo, el caso sería "la guinda de la torta". En el Partido Socialista pidieron degradar a Pinochet de su rango de "capitán general" y lo acusaron de enriquecerse con el saqueo al patrimonio estatal.