El Superior suspende los artículos del parque de Aitzkgorri-Aratz que permite abrir minas

El Gobierno vasco recibió ayer un varapalo en una de sus actuaciones más polémicos, la autorización de una mina de calcita de Ilarduia, en pleno Parque Natural de Aitzkorri-Aratz. Desde hace dos años el Gobierno asegura que la mina no es una prioridad, sin embargo, contra el criterio de Naturzaintza (órgano asesor del Gobierno en cuestiones de medio ambiente), alteró el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque para facilitar el proyecto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha suspendido de forma cautelar los artículos del PORN que dan vía libre a la explotación minera.

En octubre de 2004 EL PAÍS publicó la intención del Ente vasco de Energía (EVE) de impulsar una mina de calcita antes de la declaración de la zona como parque natural. Desde entonces la cuestión ha dado muchas vueltas y ha terminado en el Tribunal Superior de Justicia gracias a los recursos del concejo alavés de Ilarduia, Ekologistak Martxan y la Diputación Foral de Álava. Desde que se hizo público el interés del EVE, el Gobierno ha mantenido en público una posición y en privado otra. Pese a decir que la mina no era una prioridad y que prácticamente se descartaba, el PORN fue modificado poco antes de su aprobación para dejar abierta una puerta a este proyecto.

La publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, el pasado mayo, del decreto que recogía el PORN dejó definitivamente clara la posición del Ejecutivo: vía libre a las explotaciones mineras subterráneas en la zona. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Superior ha suspendido de forma cautelar, tal y como solicitó en su recurso Ekologistak Martxan, los dos artículos (7.3.5 y 9.1) del PORN, que permiten la actividad extractiva en el parque.

En el primer artículo, se establece la prohibición de nuevas explotaciones mineras, "salvo en el área periférica". En el segundo, se autoriza "la extracción de recursos minerales mediante laboreo subterráneo, sin afección en superficie". Ekologistak Martxan solicitó en su recurso la paralización en la ejecución de dichos preceptos, dado que, de lo contrario, durante el curso del procedimiento judicial se habría podido poner en funcionamiento alguna explotación minera.

Riesgo concreto

Según aseguró ayer en una rueda de prensa el principal grupo ecologista de Euskadi, el Superior ha dado la razón a sus tesis La Sala apoya explícitamente la idea de que "tanto la explotación de una cantera como una mina son en principio contradictorias e incompatibles con la finalidad de protección de los espacios naturales", según se recoge en el auto facilitado por la asociación.

Ekologistak Martxan destacó que en la actualidad en el parque sería imposible la actividad minera, tanto subterránea como a cielo abierto. El auto dice textualmente que "la admisión en las zonas periféricas de nuevas explotaciones mineras extractivas a cielo abierto, o la ampliación de las existentes, y la admisión en las zonas de reserva de la extracción de recursos minerales mediante laboreo subterráneo, sin afecciones en superficie, abre paso a la posibilidad de que tales usos sean autorizados, y ello represente en sí mismo un riesgo para los valores del espacio natural protegido".

Subraya la Sala que este riesgo "es concreto y actual, y que no puede ser desconocido bajo el argumento de que la extracción minera se materializará tras la evaluación del impacto ambiental". Es este un argumento utilizado por los partidarios de la mina, que alegaban que ésta contaría con un informe medioambiental. Los intereses medioambientales, advierte la Sala, "se protegen con mayor seguridad mediante una disposición de carácter general que excluye de raíz toda posibilidad de implantación de tales usos".

El PORN del parque, que se extiende en su mayor parte por territorio de Guipúzcoa, queda ahora exactamente igual a como salió del órgano asesor en medio ambiente del Gobierno (Naturzaintza). El Superior considera que la "prevalencia del intereses públicos" es clara frente a los privados.

La alteración del PORN se produjo en junio de 2005 en una reunión de Landaberri, un órgano consultivo en el que están las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente e Industria del Gobierno vasco, las tres diputaciones y varios ayuntamientos. Esta entidad se constituyó a finales de los 90 y realiza informes, preceptivos pero no vinculantes, para asuntos relaciones con el medio rural. Por ello, debe emitir su opinión sobre los nuevos parques naturales. La Diputación de Álava, contraria al proyecto de mina, no acudió aquel día a la reunión.

Frente a la redacción original que prohibía taxativamente las actividades extractivas en el parque, el nuevo texto señalaba que no se permitirán "con carácter general las actividades extractivas a cielo abierto". Estas tres últimas palabras dejan abierta la posibilidad de la explotación subterránea del yacimiento de calcita. Pese a que el informe no era vinculante, Medio Ambiente introdujo, en el definitivo plan de ordenación, otro cambio en el artículo 9.1.

El Departamento de Medio Ambiente ha afirmado en las reuniones celebradas con diversos colectivos sobre este asunto que el plan procedía del anterior equipo, dirigido por Sabin Intxaurraga, uno de los asistentes a la reunión de Landaberri. La actual consejera, Esther Larrañaga (también de EA) ha señalado en una respuesta parlamentaria que su posición es "inequívocamente contraria" a la explotación de la mina.

Ayer, Larrañaga aseguró que el Gobierno acata la decisión del Superior, pero recordó que es "una medida cautelar", informa Isabel C. Martínez. La consejera dijo que su departamento trabaja en un estudio ambiental de la zona que determinará la posibilidad de hacer "alguna actuación al respecto".